ASUNTO PRINCIPAL : JP01-S-2004-006369
ASUNTO : JP01-S-2004-006369

JUEZ TEMPORAL: ABG. GERALDINE MARTINEZ MORALES.
FISCAL: ABG. MARYLIN RICCI.
IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA.
VICTIMA: FRANKLI N ADOLFO FAJARDO ANAURE.

SENTENCIA DECRETANDO CON LUGAR SOLICITUD FISCAL DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

En fecha 29/09/2001, se dio inicio a la presente causa, al tener conocimiento el órgano de Investigación del Cuerpo Técnico de Transporte Transito Terrestre, Dirección de Vigilancia, Destacamento Nº 43, con sede en la ciudad de Valle de la Pascua, Estado Guárico, sobre un accidente de transito del tipo Colisión entre Vehículos con Lesionados, cuando conducía un vehículo automotor el adolescente IDENTIDAD OMITIDA relacionado con la comisión de uno de los delitos Contra las Personas en la modalidad delictiva de LESIONES PERSONALES GRAVES CULPOSAS PRODUCIDAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, ocurrido en perjuicio del ciudadano FRANKLIN ADOLFO FAJARDO UNARE, hecho en el cual se señala como autor del mismo al adolescente para esa oportunidad ciudadano IDENTIDAD OMITIDA
En fecha 07/12/2004, el Ministerio Público presentó por ante este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, escrito de Solicitud de Sobreseimiento Definitivo de la causa incoada en contra del ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de LESIONES PERSONALES GRAVES CULPOSAS PRODUCIDAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, previsto y sancionado en el Artículo 417 en concordancia con el Ordinal 1º del Artículo 422 del Código Penal; fundamentando su solicitud en el Ordinal 8º del Artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el Ordinal 3º del Artículo 318 Ejusdem, el Literal “d” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el Artículo 615 Ejusdem.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
Con relación a la prescripción de la acción penal establece el numeral 5º del Articulo 108 del Código Penal que: … “la acción penal prescribe por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del territorio de la República”.

Igualmente contempla el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal las causales de extinción de la acción penal y da lugar a decretar el sobreseimiento, bien por Sentencia Definitiva o por Auto, y son las siguientes:
1. La Muerte del Imputado.
2. La Amnistía.
3. El desistimiento o el abandono de la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada.
4. El pago del máximo de la multa, previa la admisión del hecho, en los hechos punibles que tengan asignada esa pena.
5. La aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas previstas en este Código.
6. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios.
7. El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el juez, en la audiencia respectiva.
8. La prescripción, salvo que el imputado renuncie a ello, ya que para que el proceso sea válido debe estar viva la acción penal, por otro parte, el imputado puede renunciar a ésta motivado a demostrar su inocencia aspirando a obtener una sentencia absolutoria y no de sobreseimiento.

Por otra parte, el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente señala: “La acción Penal prescribirá a los cinco años en casos de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción, a los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses en casos de delitos de instancia de parte o faltas”.

La institución del Sobreseimiento puede ser dictado en distintas oportunidades procesales, cuando es concluida la fase preparatoria atendiendo a la solicitud del Fiscal; en la fase intermedia al término de la Audiencia Preliminar; en la fase del juicio Oral mediante Sentencia una vez concluido el debate procesal, dependiendo del caso que se presente y de conformidad con las disposiciones expresadas en el mismo código y a solicitud del Titular de la Acción Penal, es decir el Fiscal del Ministerio Público, pues evidentemente si es este funcionario quien dirige la investigación de los hechos constitutivos de delito e individualiza la acción Penal, tiene también la obligación de Ley de solicitar del Juez de Control o el de Juicio según la fase del proceso donde se desarrolle la acción el Sobreseimiento de la Causa, cuando preceda cualesquiera de las causales que lo hagan procedente.

De igual manera y por efectos de la garantía de igualdad entre las partes a que hace referencia la Constitución de la República y por mandato del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal que señala los Derechos que asisten al imputado; aún cuando no aparezca en el Código Orgánico Procesal Penal, expresamente indicada la facultad de solicitar el sobreseimiento de la causa; por una razón de lógica jurídica e interpretación gramatical del literal “c” del artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este sujeto procesal también puede personalmente o por medio de su defensor, utilizando como vía el Ministerio Público, solicitar el Sobreseimiento de su Causa, más aún cuando se puede afectar su derecho constitucional a la libertad.

El Decreto de Sobreseimiento, es una medida trascendental dentro del proceso, pues le pone término a la causa y constituye una medida de cesación definitiva y produce los efectos jurídicos que se encuentran consagrados en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: “El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas”.

Ahora bien, siendo el pedimento del Ministerio Público procedente y ajustado a derecho por estar fundamentado en las disposiciones legales de los artículos 318 del Código Orgánico Procesal Penal y 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; es que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8 y 537 ejusdem, que establecen las obligaciones para los operadores de justicia, de interpretar y aplicar la ley, en beneficio del Interés Superior y de la Prioridad Absoluta, a favor de los niños y adolescentes y habiendo transcurrido el término de Tres (03) Años, Tres (03) meses y Trece (13) días, desde la comisión del delito investigado en la presente causa y hasta la presente fecha, tal pedimento debe ser Declarado Con Lugar Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Estado Guárico, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, pasa a decidir de la manera siguiente. PRIMERO: Se declara Con Lugar la solicitud formulada por la Vindicta Pública, por lo que se Decreta el Sobreseimiento Definitivo de la Causa que se le sigue al Ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión de uno de los delitos Contra las Personas en la modalidad delictiva de LESIONES PERSONALES GRAVES CULPOSAS PRODUCIDAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, ocurrido en perjuicio del ciudadano FRANKLIN ADOLFO FAJARDO UNARE, previsto y sancionado en el Artículo 417 en concordancia con el Ordinal 1º del Artículo 422 del Código Penal; de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el Numeral 8º del artículo 48 ejusdem, en relación con lo establecido en el literal “d” del Artículo 561 y 615 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; y del Ordinal 5º del artículo 108 del Código Penal. SEGUNDO: Se Declara Concluida la presente causa y se ordena remitir la misma al Archivo como pieza concluida, en la oportunidad legal. TERCERO: Se ordena la debida notificación de las partes.
Dada, Firmada, sellada, en el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal del Estado Guárico, en San Juan de los Morros, a los Trece (13) días del mes de Enero del año 2005.
LA JUEZ TEMPORAL,
GERALDINE MARTINEZ MORALES.
LA SECRETARIA,