REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal primero de Control Sección de Adolescentes del Estado Guárico San Juan de los Morros, 06 de Mayo de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : JP01-D-2005-000054 ASUNTO : JP01-D-2005-000054 JUEZ: CESAR FIGUEROA PARIS. FISCAL: ABG. HERNAN GONZALEZ. IMPUTADOS: ABRAHAN ARTURO SOLORZANO GONZALEZ Y NERY OROPEZA VICTIMA: MARIA EUGENIA PEREZ. DELITO: CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y EL BUEN ORDEN DE LAS FAMILIAS. SENTENCIA DECRETANDO CON LUGAR SOLICITUD D E SOBRESEIMIENO DEFINITIVO Se dio inicio a la presente causa en fecha 20/04/1995 cuando el órgano de investigación Penal, tuvo conocimiento de la comisión de uno de los delitos Contra las Buenas Costumbres y el Buen Orden de las Familias en la modalidad delictiva de Violación en Grado de frustración, previsto y sancionado en el Artículo 375 del Código Penal en concordancia con el Artículo 80 Ejusdem, ocurrido en perjuicio de la ciudadana MARIA EUGENIA PEREZ, hecho en el que se señaló como autores a los ciudadanos ABRAHAN ARTURO SOLORZANO GONZALEZ Y NERY OROPEZA, adolescente para el momento de los hechos. En fecha 27/04/2005, el Ministerio Público, presentó por ante este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, escrito de solicitud de Sobreseimiento definitivo para la causa seguida en contra de los referidos ciudadanos, a quien policialmente se le imputó la comisión del delito de Violación en Grado de frustración, previsto y sancionado en el Artículo 375 del Código Penal en concordancia con el Artículo 80 Ejusdem; fundamentando su solicitud en el literal “d” del artículo 561, 529 y 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el Numeral 2º del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Dispone el literal “d” del Articulo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, “Solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la Sanción” Siendo que la institución del Sobreseimiento puede ser dictado en distintas oportunidades procesales, a saber cuando es concluida la fase preparatoria atendiendo a la solicitud del Fiscal; en la fase intermedia al término de la Audiencia Preliminar; en la fase del juicio Oral, mediante Sentencia, una vez concluido el debate procesal, dependiendo del caso que se presente, de conformidad con las disposiciones expresadas en el mismo código. Por lo que en consecuencia y por disposición legal se tiene que el Acto Conclusivo denominado Sobreseimiento, puede ser dictado por el operador de justicia una vez individualizada la persona por el Ministerio Público tanto en la fase preparatoria (Literales “d y e” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) como en la fase intermedia (Numeral 7° del artículo 108, 321 del Código Orgánico Procesal Penal) por el Juez de Control a solicitud del titular de la acción Penal y en la Fase del Juicio Oral (artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal) por el Juez de Juicio, una vez concluido el debate procesal y por las causales previstas en la Ley, las cuales no solo son las establecidas en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, sino también por las establecidas en la sección referida a la extinción de la Acción Penal, y en el artículo 25 del mismo texto legal, y las normas previstas a tal efecto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Dispone el Código Orgánico Procesal Penal que los sujetos legitimados para solicitar el Sobreseimiento de las causas son: Tercer aparte del Artículo 250: “Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la Acusación, solicitar el Sobreseimiento o en su caso archivar las actuaciones dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial...” De lo antes trascrito anteriormente, se evidencia que el primero de los sujetos acreditados para solicitar el sobreseimiento de la Causa es el Titular de la Acción Penal, es el Fiscal del Ministerio Público, pues evidentemente si es este funcionario quien dirige la investigación de los hechos constitutivos de delito e individualiza la acción Penal, tiene también la obligación de Ley de solicitar del Juez de Control o el de Juicio según la fase del proceso donde se desarrolle la acción el Sobreseimiento de la Causa, cuando preceda cualesquiera de las causales que lo hagan procedente. De igual manera y por efectos de la garantía de igualdad entre las partes a que hace referencia la Constitución de la República y por mandato del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal que señala los Derechos que asisten al imputado; aún cuando no aparezca en el Código Orgánico Procesal Penal, expresamente indicada la facultad de solicitar el sobreseimiento de la causa; por una razón de lógica jurídica e interpretación gramatical de los literal “c” del artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este sujeto procesal también puede personalmente o por medio de su defensor, utilizando como vía el Ministerio Público, solicitar el Sobreseimiento de su Causa, más aún cuando se puede afectar su derecho constitucional a la libertad. Como se dijo anteriormente, el sobreseimiento procede tanto en la fase intermedia como en la fase de juzgamiento y establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, que presentada la solicitud de Sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público, para que mediante pronunciamiento motivado, ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictara pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del ministerio público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar algún otro acto conclusivo. El Decreto de Sobreseimiento, es una medida trascendental dentro del proceso, pues le pone término a la causa. Constituye una medida de cesación de las medidas cautelares y demás formas de restricción de libertad individual y produce los efectos jurídicos que se encuentran consagrados en el la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente Ahora bien, siendo el pedimento del Ministerio Público procedente y ajustado a derecho por estar fundamentado en las disposiciones legales del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; es que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8 y 537 ejusdem, que establecen las obligaciones para los operadores de justicia, de interpretar y aplicar la ley, en beneficio del Interés Superior y de la Prioridad Absoluta, a favor de los niños y adolescentes y solicitado el acto conclusivo origen de esta resolución, tal pedimento debe ser Declarado Con Lugar Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Estado Guárico, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, pasa a decidir de la manera siguiente: PRIMERO: Decreta el Sobreseimiento definitivo de la causa seguida en contra de los ciudadanos ABRAHAN ARTURO SOLORZANO, venezolano, mayor de edad, soltero, obrero, natural de Calabozo Estado Guárico donde nació en fecha 21/09/1978, titular de la cédula de identidad Nº 14.342.425, hijo de Martín Canelón y de Noris Solórzano, residenciado en el caserío las Pampas, carretera Vía Cazorla, Municipio Cazorla, Estado Guárico y NERYS MANUEL OROPEZA, venezolano, mayor de edad, soltero, obrero, natural de Vecindario Agua Verde, Municipio Guayabal, Estado Guárico, donde nació en fecha 09/11/, hijo de Martín Escalona y de Carmen María Oropeza Acosta, residenciado en el Vecindario Agua Verde, Municipio Guayabal, Estado Guárico, ambos adolescentes para el momento de los hechos, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra las Buenas Costumbres y el Buen Orden de las Familias, en la modalidad delictiva de Violación en Grado de frustración, previsto y sancionado en el Artículo 375 del Código Penal en concordancia con el Artículo 80 Ejusdem, ocurrido en perjuicio de la ciudadana MARIA EUGENIA PEREZ de conformidad con lo establecido en el literal “d” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el Numeral 2º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se dejan sin efecto las medidas cautelares o cualesquiera otra forma de restricción de la libertad que pudiera haber sido impuesta por los órganos de investigación; se ordena la debida notificación de las partes. TERCERO: Se ordena remitir las presentes actuaciones como pieza concluida al Archivo, una vez vencidos los lapsas legales para interponer los Recursos. Notifíquese al Ministerio Público y al Imputado. Dada, Firmada, sellada, en el Tribunal Primero de Control o de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal del Estado Guárico, en San Juan de los Morros, a los seis (06) días del mes de Mayo del año 2005 EL JUEZ, CESAR FIGUEROA PARIS. LA SECRETARIA, ABG. GERALDINE MARTINEZ MORALES.