REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL. EXTENSIÓN VALLE DE LA PASCUA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control-Valle de la Pascua
Valle de la Pascua, 10 de Octubre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : JP21-S-2004-002554
ASUNTO : JP21-S-2004-002554

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: ARMANDO JOSE AVILA Y ANTONIO SIFONTES (PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN LAS ACTUACIONES)
VICTIMAS: JORGE LUIS GUZMAN CHONG, CARMEN TERESA MELENDEZ BLANCO, MARIOLIS DEL VALLE ASCANIO MELENDEZ, KATIUSKA MELENDEZ ASCANIO Y LUIS ALBERTO ORTEGA CAMERO.
REPRESENTACIÓN FISCAL: ABOG. ORANGEL J RODRIGUEZ BELLO, Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal del Estado Guárico.
Vista el escrito presentado por el Fiscal del Ministerio Publico, Abog. ORANGEL J RODRIGUEZ BELLO, mediante el cual solicita se Decrete el Sobreseimiento de la presente causa en virtud de haberse producido la extinción de la Acción Penal, al operar la Prescripción, Judicial o extraordinaria, fundamentando su solicitud en lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal, se observa:
II
DEL ANALISIS DE LAS ACTUACIONES Y DE LA SOLICITUD FISCAL
La presente causa se inició en fecha 24-06-1998, según se desprende de Informe contentivo de Reporte de Accidente levantado por la Dirección de Vigilancia de Transito de Valle de la Pascua, evidenciándose la ocurrencia de un accidente de Tránsito, específicamente Colisión tripe entre vehículos con lesionados y muertos, según consta en oficio N° 376-1998, emanado de la mencionada Dirección, el cual corre inserto al folio 9 de las actuaciones consignadas por la Fiscalía.-
En su escrito de solicitud, el Fiscal aduce que analizadas como han sido las actuaciones Fiscales se pudo evidenciar la comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES GRAVES CULPOSAS, previstos y sancionados en los artículos 411 y 422 segundo apartes, respectivamente del Código Penal, señalando que el delito de HOMICIDIO CULPOSO, prevé una penalidad de PRISION DE SEIS (06) MESES A CINCO (05) AÑOS, que estima que el hecho punible se encuentra evidentemente prescrito de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Código Penal, al tomar en consideración que el Auto de Detención es de fecha 10/03/1999, desprendiéndose en consecuencia que desde la fecha del auto de inicio hasta la presente fecha han transcurrido más de Seis (06) años y por cuanto el tiempo de prescripción es de CUATRO (04) AÑOS y TRES (03) MESES, según lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 108 del Código Penal, se observa que ha operado la prescripción de la acción penal, razón por la cual la Vindicta Pública solicita el Sobreseimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 48, ordinal 8° y 318 ordinal 3° , ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Señala el artículo 110 del Código Penal al referirse a la Prescripción Judicial o Extraordinaria:
“…Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare.
Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, isn culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento, pero si en el terminó de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.
La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.
La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aún cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno.”
Resulta pertinente citar Sentencia N° 554, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de Junio del año 2000, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en la cual se reitero criterio de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 20 de Febrero del año 1992, en la que se estableció:
“…La prescripción judicial (artículo 110 del Código Penal) debe contarse desde el comienzo del juicio y este no existe mientras no haya enjuiciado, por lo que el término comienza desde la ejecución del auto de detención o de la notificación del sometimiento a juicio. En el mismo sentido ha establecido la Sala que el lapso de prescripción judicial o procesal sólo comienza a correr cuando existe un procesado y no desde el auto de proceder. Y que existe procesado luego de ejecutado el auto de detención o de notificado el sometimiento a juicio….” (Negrillas Nuestras)

Ahora bien, por cuanto la ley penal adjetiva en su artículo 328 señala que “el Juez convocara a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate...”, de lo cual se deriva el carácter facultativo y potestativo del Juez en lo relativo a la realización de dicha Audiencia cuando estime que esta en la causa de excepción, pudiendo el Juez emitir su pronunciamiento sin la realización de la Audiencia Oral, pronunciamiento este que, en vista del principio de celeridad procesal deber realizarse sin mayores dilaciones, y por cuanto en el presente caso en ningún momento se vulnera el derecho a la defensa que pudieran tener las partes, este Tribunal no ve la necesidad de convocar tal audiencia oral, por lo que considera quién aquí decide, luego del estudio y análisis de las actas que cursa en la presente causa, que lo mas procedente es pronunciarse sobre la solicitud planteada por la Vindicta Pública, a tal efecto esta Juzgadora observa que el delito de HOMICIDIO CULPOSO, delito al cual se hará referencia por ser el delito atribuido con mayor pena y por ende con mayor tiempo de prescripción penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal anterior, norma aplicable por ser la vigente para el momento en el cual se realizo el hecho, prevé una penalidad de PRISION DE SEIS (06) MESES A CINCO (05) AÑOS, siendo el término medio DOS (02) AÑOS y NUEVE (09) DE PRISION, según las previsiones del artículo 37 Ejusdem, correspondiéndole un lapso de prescripción ordinaria de TRES (03) AÑOS, a tenor de lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 108 Ejusdem . En el caso que nos ocupa se observa que consta a los folios 79 y 80 de las actuaciones presentadas por la Fiscalía que se dicto Auto de Detención en fecha 10 de Marzo de 1999 en contra de los ciudadanos ARMANDO JOSE AVILA Y ANTONIO SIFONTES. Ahora bien se evidencia que en este caso corresponde aplicar la prescripción judicial o extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal, que opera cuando sin culpa del reo, se prolonga el juicio por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, es decir que en el presente caso es de TRES (03) AÑOS, según lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 108, más la mitad del mismo, es decir, UN (01) y SEIS (06) MESES, para ser un total de CUATRO (04) AÑOS y SEIS (06) MESES, en consecuencia desde el día 10-03-1999, fecha en la cual se dicto el mencionado Auto de Detención en el presente asunto por el extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Pernal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial de este Estado, hasta la presente fecha inclusive, ha transcurrido más de SEIS (06) AÑOS, evidenciándose que existe un tiempo mayor al requerido por la ley para que opere la prescripción judicial o extraordinaria de la acción penal, razones por las cuales resulta procedente acoger la solicitud fiscal por encontrarse la misma ajustada a derecho y en consecuencia, decretar EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa en la cual aparece como imputado los ciudadanos ARMANDO JOSE AVILA Y ANTONIO SIFONTES, ampliamente identificados en las actuaciones y DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL, conforme a lo establecido en el ordinal 3º del artículo 318 en concordancia con el ordinal 8º del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el ordinal 3º del artículo 108 y 110, ambos del Código Penal. Por cuanto se evidencia al folio 82 que existe orden de captura contra los mencionados ciudadanos en este asunto, dictada por el extinto Juzgado Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Pernal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial de este Estado, se acuerda librar oficio al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas de esta ciudad y de Zaraza, a S.I.P.O.L y a los Comandantes de la Zona Policial N° II y V de este Estado a los fines de dejar sin efecto la orden de captura dictada contra los ciudadanos antes mencionados, e igualmente por cuanto se desprende de las actuaciones oficio N° 12-FT-OJRB-0093-2005, mediante el cual el Fiscal del Ministerio Público remite a este Tribunal actuaciones relacionadas con la aprehensión del ciudadano AVILA PENINADO ARMANDO JOSE, por ante el Tribunal Segundo de Control del Estado Bolívar, Extensión territorial Puerto Ordaz, evidenciándose que le mencionado ciudadano fue impuesto de Medidas Cautelares Sustitutivas por el mencionado Tribunal en virtud de haber sido aprehendido por solicitud relacionada con el presente expediente, se acuerda librar oficio al Mencionado Tribunal notificándole que este Tribunal acordó el sobreseimiento del asunto seguido al mismo, a los fines de solicitar el cese de las Medidas Cautelares impuestas por el presente asunto, así como informarle que este Despacho ordeno dejar sin efecto la solicitud que el mismo presenta, por los hechos atribuidos en la presente causa. Y ASI SE DECIDE.


IV
DISPOSITIVA
Con fuerza en los razonamientos de hecho y de derecho precedente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, Extensión Valle de la Pascua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, seguido contra ARMANDO JOSE AVILA Y ANTONIO SIFONTES, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES GRAVES CULPOSAS, previstos y sancionados en los artículos 411 y 422 segundo apartes, respectivamente del Código Penal anterior, en perjuicio de los ciudadanos JORGE LUIS GUZMAN CHONG, CARMEN TERESA MELENDEZ BLANCO, MARIOLIS DEL VALLE ASCANIO MELENDEZ, KATIUSKA MELENDEZ ASCANIO Y LUIS ALBERTO ORTEGA CAMERO., conforme a lo establecido en el ordinal 3º del artículo 318 en concordancia con el ordinal 8º del artículo 48, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el ordinal 3º del artículo 108 y 110, ambos del Código Penal. Por cuanto se evidencia al folio 82 que existe orden de captura contra los mencionados ciudadanos en este asunto, dictada por el extinto Juzgado Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Pernal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial de este Estado, se acuerda librar oficio al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas de esta ciudad y de Zaraza, a S.I.P.O.L y a los Comandantes de la Zona Policial N° II y V de este Estado a los fines de dejar sin efecto la orden de captura dictada contra los ciudadanos antes mencionados, e igualmente por cuanto se desprende de las actuaciones oficio N° 12-FT-OJRB-0093-2005, mediante el cual el Fiscal del Ministerio Público remite a este Tribunal actuaciones relacionadas con la aprehensión del ciudadano AVILA PENINADO ARMANDO JOSE, por ante el Tribunal Segundo de Control del Estado Bolívar, Extensión territorial Puerto Ordaz, evidenciándose que le mencionado ciudadano fue impuesto de Medidas Cautelares Sustitutivas por el mencionado Tribunal en virtud de haber sido aprehendido por solicitud relacionada con el presente expediente, se acuerda librar oficio al Mencionado Tribunal notificándole que este Tribunal acordó el sobreseimiento del asunto seguido al mismo, a los fines de solicitar el cese de las Medidas Cautelares impuestas por el presente asunto, así como informarle que este Despacho ordeno dejar sin efecto la solicitud que el mismo presenta, por los hechos atribuidos en la presente causa.
Notifíquese a las partes de la presente decisión de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese igualmente a las víctimas de conformidad a lo establecido en el artículo 120, ordinal 2º y artículo 325 Ejusdem.
Infórmesele igualmente a los notificados que el lapso para interponer el Recurso a que se contrae el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal comenzará a correr una vez que conste en autos el haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas.
Diarícese, Publíquese, Regístrese y Déjese copia.
LA JUEZ DE CONTROL Nº 1


ABOG. GISEL M VADERNA MARTINEZ


LA SECRETARIA,

ABOG. JACKELINE FLORENTINO

---En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede. Conste.-


LA SECRETARIA,

ABOG. JACKELINE FLORENTINO




GMV/gmv
C/c Archivo.