REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal Primero de Control Secc. Adolesc. de Guárico Circuito Judicial Penal del Estado Guárico San Juan de los Morros, 11 de Octubre de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : JP01-S-2004-006764 ASUNTO : JP01-S-2004-006764 JUEZ: CESAR FIGUEROA PARIS FISCAL: XIII DEL MINISTERIO PÚBLICO IMPUTADOS: (Identidad Omitida) DEFENSA: JOSE F. TIAPE MARCANO E INDIRA ARAY VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO DELITO: PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO RESOLUCION DECRETANDO SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Se dio inicio a la presente causa en fecha 29/12/2004, cuando el Ministerio Público presentó por ante este Tribunal a los ciudadanos Adolescentes, (Identidad Omitida), por su presunta participación en la comisión de uno de los delitos Contra el Orden Público en la modalidad delictiva de Porte Ilícito de Arma de Fuego, y siendo que en esa oportunidad, el tribunal impuso a los adolescentes de las medidas Cautelares sustitutivas de Libertad previstas en los literales del Artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la prosecución del proceso por el procedimiento ordinario y, ordeno la devolución de las actuaciones al Ministerio Público a los fines de la continuación de la investigación y posterior presentación del acto conclusivo a que hubiese lugar. En fechas 04 y 06/07/2005 la Ciudadana Abogada Indira Aray Montaño, Defensor Octavo y José Francisco Tiape Marcano Defensor Séptimo de la Unidad de la Defensa Autónoma, adscritos a la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal del Estado Guárico, presentó por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, escrito contentivo de solicitud para la fijación de un plazo prudencial a los fines de que el Ministerio Público presentará el correspondiente Acto Conclusivo, en virtud de haber transcurrido más de seis meses sin que dicha actuación fuera verificada. Tramitada la solicitud de la Defensa, se fijo la audiencia del día 19/07/05 a los fines de oír a las partes, tal y como lo establece el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le concedió al Ministerio Público un lapso de sesenta días para la presentación del respectivo Acto Conclusivo tal y como fue solicitado por el Ministerio Fiscal. Vencido como ha sido el plazo prudencial solicitado por el Ministerio Público y acordado por el Tribunal, sin que el Ministerio fiscal haya solicitado la prorroga que por ley tiene derecho, en fechas 28/09 y 30/09/20005, la Defensa mediante escrito solicita el Sobreseimiento de la causa que se le sigue a los ciudadanos (Identidad Omitida), fundamentando dicha solicitud en lo dispuesto en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Dispone el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal en su última parte: “Si vencidos los plazos que hubieren sido fijados, el fiscal del Ministerio Público no presentare acusación, si solicitare el sobreseimiento de la causa, el juez decretará el Archivo de las actuaciones, el cual comportará de inmediato el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. La Investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Juez”. En consecuencia, por disposición legal se tiene que el Acto del Archivo de actuaciones, puede ser dictado por el operador de justicia una vez individualizada la acción por el Ministerio Público, para lo cual debe determinarse en primer lugar cuando y de que forma se individualiza el imputado, pues el carácter de investigado no produce necesariamente la cualidad de imputado y solo las personas imputadas pueden solicitar el control de duración de la fase de investigación. En este sentido, se tiene por individualizado el imputado cuando el Ministerio Público le impone de los actos que se investigan ante su defensor, independientemente que lo haga ante el Juez o no, y/o cuando se le impone de alguna medida restrictiva o limitativa de libertad. Dispone el Código Orgánico Procesal Penal que los sujetos legitimados para solicitar el Sobreseimiento de las causas son: Tercer aparte del Artículo 250: “Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la Acusación, solicitar el Sobreseimiento o en su caso archivar las actuaciones dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial...” De lo antes trascrito anteriormente, se evidencia que el primero de los sujetos acreditados para solicitar el sobreseimiento de la Causa es el Titular de la Acción Penal, el Fiscal del Ministerio Público, pues evidentemente si es este funcionario quien dirige la investigación de los hechos constitutivos de delito e individualiza la acción Penal, tiene también la obligación de Ley de solicitar del Juez de Control o el de Juicio según la fase del proceso donde se desarrolle la acción el Sobreseimiento de la Causa u ordenar el Archivo Fiscal, cuando existan cualesquiera de las causales que lo hagan procedente. De igual manera y por efectos de la garantía de igualdad entre las partes a que hace referencia la Constitución de la República y por mandato del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal que señala los Derechos que asisten al imputado; aún cuando no aparezca en el COOP, expresamente indicada la facultad de solicitar el sobreseimiento de la causa o el archivo de las actuaciones; por una razón de lógica y Hermenéutica jurídica e interpretación gramatical del literal “c” del artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este sujeto procesal también puede personalmente o por medio de su defensor, utilizando como vía el Ministerio Público, o directamente solicitar el Sobreseimiento de su Causa y el archivo de las actuaciones, más aún cuando se puede afectar su derecho constitucional a la libertad. Como se dijo anteriormente, el Archivo de las actuaciones procede tanto en la fase de investigación como lo establece el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal y que presentada la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 ejusdem, el Juez convocará a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Así mismo se establece que el Decreto de Archivo de Actuaciones, es una medida trascendental dentro del proceso, que aunque no le pone término a la causa, constituye una medida de cesación provisional que produce los efectos jurídicos de cesar la condición de imputado y las medidas restrictivas de libertad. Ahora bien, siendo el pedimento de la defensa procedente y ajustado a derecho por estar fundamentado en las disposiciones legales de los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal y en relación al contenido del 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; es que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8 y 537 ejusdem, que establecen las obligaciones para los operadores de justicia, de interpretar y aplicar la ley, en beneficio del Interés Superior y de la Prioridad Absoluta, a favor de los niños y adolescentes, tal pedimento debe ser Declarado Con Lugar Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Estado Guárico, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, pasa a decidir de la manera siguiente. PRIMERO: Decreta el Archivo de las presentes actuaciones de la investigación que se les sigue a los Ciudadanos Adolescentes (Identidad Omitida), de conformidad con lo establecido en la última parte del artículo 314 ejusdem, en relación con lo establecido en los Artículos 8 y 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. SEGUNDO: Se hacen cesar todas las medidas restrictivas y/o limitativas a la libertad que pudieron ser impuestas. TERCERO: Se ordena el archivo de la presente causa y su remisión al Archivo Central. Dada, Firmada, sellada, en el Tribunal Primero de Control o de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal del Estado Guárico, en San Juan de los Morros, a los Once (11) días del mes de Octubre del año 2005 EL JUEZ, CESAR FIGUEROA PARIS. LA SECRETARIA, MARIA ELENA VELASQUEZ