REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico San Juan de los Morros, treinta de septiembre de dos mil cinco 195º y 146º ASUNTO: JP31-R-2005-000135 De un estudio minucioso de los autos que integran el presente asunto, con ocasión de la apelación formulada por la Abogada BEATRIZ COROMOTO LEAL, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.818, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora Ciudadano JUAN ALEXANDER BALZA FERNANDEZ; en contra de decisión de fecha 26 de junio del 2003; proveniente del Juzgado de los Municipios Pedro Zaraza, el Socorro y Santa María de Ipire de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; este Tribunal observa: Que el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por auto de fecha 01 de Septiembre del año 2003, dio por recibido el presente asunto, sin emitir pronunciamiento alguno respecto a la apelación de autos. De igual forma, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juzgado referido, remitió las actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Coordinación del Trabajo con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua, quien a su vez, mediante auto de fecha 20 de Julio de 2005, declinó su competencia a esta alzada. En tal sentido, quien suscribe, con fundamento en la Resolución Nº 2003-0259 de fecha 13 de Octubre de 2003 emanada del Tribunal Supremo de Justicia que atribuye competencia a los Tribunales Superiores para conocer de la apelaciones de las sentencias de municipio; acepta la competencia que le fuere declinada y se aboca al conocimiento del presente asunto. Ahora bien, de la revisión de las actas se desprende que desde que la Juez de la Primera Instancia efectuó el recibo y le dio entrada al expediente, hasta la oportunidad en que se produjo la declinatoria de competencia, transcurrió un lapso superior a los dos (02) años, sin que se haya emitido pronunciamiento de fondo alguno respecto a la apelación, encontrándose vencido el lapso para dictar sentencia. En consecuencia de lo anterior, esta alzada observa, que en el devenir del proceso bajo estudio, se produjo una manifiesta pérdida del principio de estada a derecho, vista la falta de pronunciamiento del Tribunal de la Primera Instancia, razón por la cual, esta superioridad conciente de su deber de preservar los principios del derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, que orientan el nuevo procesal laboral, le es forzoso declarar la nulidad del auto que antecede de fecha ocho de agosto del año 2005 (08/08/2005) dictado por este Tribunal, cursante al folio ciento setenta y seis (176) de las presentes actuaciones, y en consecuencia, reponer la causa al estado de que se fije oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral, previa notificación de las partes. Así mismo, debe dejar sentado esta alzada, que aún y cuando nuestro ordenamiento procesal laboral no prevé la notificación para audiencia oral en la Segunda Instancia, en casos excepcionales como el de autos, se justifica su práctica habida cuenta de la perdida del principio de estada a derecho que se produjo y que debió ser restituido por el Tribunal de la Primera Instancia quien no lo observó. En fuerza de las razones de hecho y de derecho antes expresadas y en aras de procurar la estabilidad del juicio y corregir las faltas que vicien de nulidad de los actos procesales, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, norma cuya aplicación analógica se adopta de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara la nulidad del auto de fecha 08/08/2005 y repone la causa al estado de que fije oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral y Pública, la cual tendrá lugar a las Diez (10:00) horas de la mañana del Sexto (06) día de despacho siguiente al vencimiento de dos días de despacho que se conceden como término de la distancia y en consecuencia, se notifique de la misma a las partes, lapsos éstos, que se contaran a partir de que la secretaria deje constancia en autos haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas. Con la advertencia que la incomparecencia del apelante a la audiencia oral producirá los efectos establecidos en el artículo 164 “Eiusdem”. Líbrense boletas de notificación, despacho de comisión y junto con oficio remítanse al Juzgado del Municipio Pedro Zaraza, el Socorro y Santa María de Ipire, de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a quien se comisiona suficientemente para que practique las notificaciones ordenadas. Líbrese Oficio. Publíquese, Regístrese y Déjese copia autorizada. LA JUEZ, DRA. ROSY EMILY BRITO ROSALES LA SECRETARIA ABG. YENNY SOTOMAYOR