TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRÀNSITO Y DE PROTECCIÒN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO GUÀRICO. San Juan de los Morros, Siete (07) de Julio del año Dos Mil Seis (2.006).

196º Y 147º

Actuando en Sede de Protección del Niño y del Adolescente.

EXPEDIENTE: 6.014-06

MOTIVO: DIVORCIO (Interlocutoria, apelación contra auto que decreta medidas provisionales).

PARTE ACTORA: Ciudadana LURBENZA GIL GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 9.886.112 y de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano ANGEL JESUS RENGIFO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.698.550 y domiciliado en la Ciudad de Caracas.

APODERAD JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados JAIME CHUCHUCA BASANTES y MARITZA PÉREZ DE AGUERO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nrs. 98.166, 101.206.

I

Suben a esta Superioridad, copias certificadas, producto del Medio de Gravamen (Apelación), oído en un solo efecto, ejercido por los Apoderados de la parte Excepcionada, en el juicio de Divorcio interpuesto en su contra por la Ciudadana LURBENZA GIL GÓMEZ, dicho Medio es contra el Auto que decretó Medidas Cautelares expresadas en los Capítulos: Primero, Segundo y Tercero; dictado por el Tribunal de la recurrida, Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha Ocho (08) de Mayo de 2.006.

En fecha 26 de Enero del presente año, esta Alzada le dio entrada y fijo lapso para la formalización del Recurso, donde comparecieron las partes, exponiendo sus alegatos en su momento oportuno.

Llegada la oportunidad para que este Juzgador decida, lo hace y al respecto observa:
II.

Suben copias certificadas a esta Alzada, producto de la oposición intentada por la demandada en contra del auto de la recurrida, Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 2, con sede en la Ciudad de San Juan de los Morros, de fecha 08 de Mayo del 2.006, donde una vez analizados los supuestos del Fomus Bonis Iuris y el Periculum In Mora, decreta la congelación de fondos de cuentas corrientes a nombre del reo y la medida cautelar atípica de prohibición de traspaso de bienes y acciones de la empresa Electroautoluz 2.021 C.A., así como el secuestro sobre un vehículo marca Chevrolet y la prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble ubicado en el Barrio Brisas del Peñón, Jurisdicción de la Parroquia Altagracia del Estado Guárico. Ante tales medidas, el accionado en fecha 30 de Septiembre del 2.005, consigna un escrito donde hace oposición a las referidas medidas alegando que el Juez de la recurrida en su fallo: “…no contiene los extremos de ley para que procedan las medidas, no es cierto que exista temor fundado por el dicho del apoderado actor en su diligencia que corre al folio 39, pues no existe en autos el supuesto poder otorgado a nuestro representado y la revocatoria del mismo, no existe en autos evidencias de disposición de bienes de la comunidad conyugal en conflicto y como alegamos en esta apelación con pruebas, la mayor parte de los bienes están en poder de la demandante a su libre disposición de uso y disfrute…”.

Como puede observarse, el objeto de la oposición oída como apelación radica en si la parte demandante fundamentó o no debidamente su solicitud de medida de secuestro judicial, medida cautelar innominada de prohibición de registro o traspaso de acción y la prohibición de enajenar y gravar sobre un bien inmueble y si dentro de las documentales anexas, se encuentran los elementos documentales y probatorios en general para la ocurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, de Fumus Boni Iuris y el Periculum In Mora, circunstancias fácticas y de hecho que pretende el apelante escudriñe esta Alzada, sin acompañar a los autos, ni copias certificadas del libelo de la demanda, ni copia certificadas de los autos o documentos que lo acompañan, ni de la apelación ejercida contra el decreto cautelar. Obligación, que no es del Tribunal de instancia, pues éste sustanció el cuaderno cautelar, sus copias certificadas más sin embargo, si el excepcionado-recurrente pretende plantear ante la Alzada la inexistencia de los presupuestos del artículo 585 del Código Adjetivo Civil, es elemental deducir que la apelación remite a la Superioridad el cuaderno cautelar, pero no el cuaderno principal, donde se sustancia la causa por lo que, deben trasladar al primero de los nombrados las copias certificadas conducentes para que el Juez de la Alzada, pueda observar o no, si existe el Fumus Boni Iuris o el Periculum In Mora, pues en el presente caso estamos en presencia de una demanda de divorcio, debiendo instarse el procedimiento a través del principio dispositivo, vale decir, de interés de la parte.

Para esta Superioridad del Estado Guárico, siguiendo al Constitucionalista Español JOAN PICÓ Y JUNOY (El Principio de la Buena Fé Procesal. Editorial Bosch. Barcelona 2.003, Pág. 83 y siguientes), el proceso jurisdiccional se configura como el mecanismo que el estado pone a la disposición de las personas para solucionar de forma pacífica su conflicto, evitando así el recurso de la auto-tutela. Si ello es así, el Estado tiene un especial interés en procurar que el proceso se desarrolle de la forma legalmente prevista. Todo ello a los fines de dar cumplimiento a la efectiva tutela judicial, debiendo proscribirse las omisiones de los litigantes, las actuaciones maliciosas o temerarias de las partes y en general la mala fé procesal, pues en resumen lo que involucra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la idea de la efectividad de la justicia, entendiendo que se trata de la aptitud del proceso para alcanzar los fines propios para lo que fue instituido. En definitiva, en la medida en que los litigantes omitan suministrar los elementos necesarios a los órganos jurisdiccionales o no cumplir con las normas procesales relativas al principio dispositivo, están dificultando que el Juez pueda otorgar una efectiva Tutela Judicial de los intereses en conflictos. De la misma manera tampoco puede alegarse la existencia de indefensión, prevista en el artículo 49.1° de nuestra Carta Magna, cuando el recurrente, habiendo tenido la oportunidad de acceder a la jurisdicción A-Quem, sin embargo, en su comportamiento procesal, no se ajustó a las reglas adjetivas, de suministrar al A-Quem, los elementos concretos por los cuales apelan.
Para la Doctrina Alemana más avanzada, forma parte del dolo procesal apelar de una decisión: “venire contra factum proprium”, vale decir, el ejercicio de un derecho o la invocación de una imposición jurídica es inadmisible cuando esta en contradicción con la conducta del legitimado, vale decir, cuando se utiliza al órgano jurisdiccional y se le excita a través de la apelación, y del alegato de la no asunción por parte del actor de una fundamentación debida en su escrito libelar, luego, cuando se apela de la decisión que acuerda la cautelar, no se acompaña al cuaderno autónomo los elementos de pruebas necesarios, como lo son: 1.- El libelo de la demanda y, 2.- Los anexos liberares o instrumentos fundamentales de la pretensión, de donde la recurrida fundamentó la medida cautelar decretada y 3.- La diligencia de apelación para que el Juez de la Instancia Superior pueda conocer, como bien lo indica el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, lo alegado y probado en autos, pues no puede sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados, ni probados, conforme al principio: “Quo Non Est In Actus, Nom Est In Mundo”.

En efecto, para la Doctrina Adjetiva Argentina más avanzada, encabezada por los procesalistas LUIS ALVAREZ JULIÁ, GERMAN NEUS y HORACIO WARNER, (Manual de Derecho Procesal. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1.990, Pág. 46 y siguientes), los principios procesales constituyen la estructura sobre la que se construye la sustanciación del iter procesal, es así como de ello derivan las diversas instituciones que permiten presentar el proceso como un todo orgánico, de donde debemos extraer el denominado “Principio Dispositivo”, que consiste en que los hechos los suministran las partes y únicamente ellas. La contienda y sus límites la determinan los interesados, porque es su interés individual el que esta en juego.

“Dadme los hechos que yo les daré el derecho”, dice otro adagio que se expresa para significar que los hechos deben ser aportados por los particulares en litigio; el Juez en cambio, conoce y pone el derecho aplicable “Iura Novit Curia”.

Ahora bien, la labor de un Juez, es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero solo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicios necesarios para ello; es decir, es deber irrenunciable de las partes suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en las cuales estén los elementos de juicios que el Juez necesita para producir su decisión, así como, de la diligencia o escrito a través de la cual se apela del fallo recurrido. Tal es el criterio actual de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a través de Sentencia del 31 de Octubre de 2.000 (La Primera Entidad de Ahorro y Préstamo de Caracas contra M. N. Díaz).

Es de hacer notar, que dentro del proceso las actuaciones tienen una oportunidad previamente establecida en la Ley para su realización, y de no hacerse en ese lapso, no podrán practicarse en ninguna otra oportunidad procesal, salvo en lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, por ello, cuando sea necesaria la consignación de ciertos recaudos para la resolución de un recurso, dicha actividad inherente a las partes, debe ser realizada en la oportunidad procesal que se fije al efecto.

En el caso de autos, no fueron presentados en su oportunidad los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso, como lo es el escrito libelar y su documentación anexa, así como copia de diligencia a través de la cual se apela ya que ese fue el fundamento del recurso del excepcionado-recurrente y el razonamento del porqué la recurrida decretó las medidas cautelares; siguiendo el reiterado criterio de la Sala de Casación Civil, no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil-, la conducta omisiva de los apoderados de la demandada. Razón por la cual este alto Tribunal debe tener como renunciada o desistida la apelación interpuesta.

La importancia de remitir todas las copias radica en el propio interés del recurrente en la búsqueda de un resultado favorable, ya que, si no están consignados todos los autos, diligencias, y escritos necesarios para que la Alzada pueda tener los elementos de juicio que representen fidedignamente la controversia incidental que se debe resolver, el resultado le será adverso.

El Código de Procedimiento Civil, impone la carga de indicar las copias de las actas conducentes a las partes y al Tribunal de la Causa, por lo que no puede suplir esta Alzada tal gravamen, máxime cuando a éstas se le confieren los lapsos necesarios para incorporar dichas copias para la decisión del recurso. Al faltar las copias necesarias, se impide la formación de un criterio ajustado a derecho, ni tampoco cuenta la Alzada, con los elementos de juicios suficientes, para determinar si el actor fundamentó debidamente su solicitud de medida cautelar o si se acompañó los recaudos de los cuales se desprenda el Fumus Boni Iuris y el Periculum In Mora, como lo sería el escrito libelar y sus anexos.

De la misma manera, esta Alzada debe reiterar la constante doctrina de la Sala de Casación Civil, a éste respecto; debiendo destacarse la Sentencia de fecha 19 de Octubre de 2.000, con ponencia del Magistrado Dr. CARLOS OBERTO VELEZ, en el caso de J. P. Silva contra B. E. Arocha, donde expresó:

“…por tanto, la Sala al igual que el Tribunal Superior, no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil-, la conducta omisiva de las apoderadas de la demandada, razón por la cual éste alto Tribunal debe tener como renunciada o desistida la apelación intentada y así se decide.

Más recientemente en Sentencia del 11 de Octubre de 2.001, la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, en el caso de Edificaciones Las Rocas contra L. Andreoli:
“…En el caso de autos, el recurrente no aportó los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso de hecho, como son la diligencia, que contiene la apelación, el auto apelado y el auto que admite la apelación; actividad que no puede suplir el Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Adjetivo Civil, por lo que esta Alzada tiene como renunciado o desistida la apelación interpuesta…”

Tal criterio ha sido reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en Sentencia del 25 de Junio del 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, expresó:
“…sobre el particular considera la Sala que en el caso sub examine, correspondía a la apelante la carga de estar atenta a que, en el legado de copias certificadas remitidas al Juzgado Superior correspondiente, estuvieran incluidas las correspondientes a los escritos, diligencias, autos y pruebas relevantes para la decisión del recurso, por lo que cualquier deficiencia en ese sentido le era imputable a su persona. De forma tal, que al no actuar la recurrente con la diligencia propia de un buen padre de familia, le es aplicable el aforismo, según el cual nadie puede alegar su propia torpeza, en virtud de lo cual estima la Sala que la decisión objeto del presente recurso de amparo, no es violatoria del Debido Proceso de la quejosa y así se establece…”

En vista de lo anteriormente expuesto, y al no poder deducir esta Alzada, si el actor fundamentó bien su solicitud cautelar o acompañó los elementos que permitan decidir los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, o si la Juez de la recurrida actúa ajustada a derecho con los elementos de autos para decretar tales medidas, pues, el recurrente no acompaña las copias cuya obligación le atribuye el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y siendo éste el fundamento de la apelación se debe tener por desasistida la apelación y así se decide.

III

En consecuencia:

Por las razones antes expuestas, el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, TRÁNSITO, Y PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, actuando en Sede Civil, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: Se Declara DESISTIDA, la apelación interpuesta por la parte demandada Ciudadano ANGEL JESUS RENGIFO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.698.550 y domiciliado en la Ciudad de Caracas, al no consignar las copias necesarias, de conformidad con lo expresado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia queda FIRME el auto de la recurrida, Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 2, con sede en la Ciudad de San Juan de los Morros, de fecha 08 de Mayo del 2.006.

SEGUNDO: Al ser confirmada en su totalidad la sentencia recurrida, se condena en COSTAS al recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece.

Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada.

Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, TRÁNSITO, Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO Guárico, en la Ciudad de San Juan de los Morros, a los Siete (07) días del mes de Julio del año Dos Mil Seis (2.006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
El Juez Titular.

Dr. Guillermo Blanco Vázquez.
La Secretaria.

Abogado Shirley Corro B.
En la misma fecha siendo las 12:00 a.m. se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejó la copia ordenada.-
La Secretaria.

GBV