REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS JOSÉ TADEO MONAGAS Y SAN JOSÉ DE GUARIBE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO. ALTAGRACIA DE ORITUCO. VEINTISEIS DE JULIO DE 2006 196° y 147° EXPEDIENTE: 06-870. PARTE DEMANDANTE: EUGELLIS DEL VALLE MARIN. PARTE DEMANDADA: JAVIER ALBERTO CASTRO REVERON. MOTIVO: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Se inició el presente procedimiento por solicitud incoada por la ciudadana EUGELLIS DEL VALLE MARIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número 20.087.930, domiciliada en la perimetral sector Francisco de Miranda, de esta ciudad de Altagracia de Orituco, actuando en representación de su hijo Eduard Marín, beneficiario alimentario de autos, contra el ciudadano JAVIER ALBERTO CASTRO REVERON, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Tricentenario I, vereda 5, casa s/n, de esta misma ciudad y titular de la cédula de identidad personal número 18.352.801, mediante la cual expuso”Que el padre de su hijo no esta cumpliendo con el acuerdo realizado en fecha 11 de julio del año 2005, ante el consejo de protección del niño y del adolescente de esta ciudad de Altagracia de Orituco, en lo referente a que el se comprometió que ayudaría a su hijo con lo que pudiera proporcionarle económicamente, ya que en los actuales momentos no contaba con trabajo fijo. Ahora bien para la presente fecha el ciudadano antes mencionado tiene trabajo fijo, se encuentra laborando actualmente en la Panadería Wil pan, y no me ha aportado ayuda alguna para la manutención del niño, es por lo que solicito que cumpla con los deberes que como padre le corresponden, y le proporcione la cantidad de treinta mil bolívares semanales para la manutención y demás gastos que se deriven de la crianza” Admitida la acción en fecha 15 de mayo de 2006, se ordenó la citación del demandado, así como la notificación al Fiscal del Ministerio Público. Consta en autos la notificación al Fiscal del Ministerio Público, así como la citación del demandado. En la oportunidad legal para que tuviera lugar el acto conciliatorio entre las partes, el Tribunal deja constancia de la no comparecencia de los ciudadanos EUGELLIS DEL VALLE MARIN y JAVIER ALBERTO CASTRO REVERON, por lo que no pudo efectuarse la conciliación. Llegada la oportunidad para la contestación a la solicitud requerida por el niño anteriormente mencionado, conforme la regla del artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, éste no hizo uso de dicho derecho. Abierto el juicio a pruebas, ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Vencido el lapso probatorio en la presente solicitud, se fija para el quinto (5to) día de despacho siguiente al de hoy, la oportunidad para dictar sentencia. Dispone el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el contenido de la obligación alimentaria, señalando expresamente que la misma comprende lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requerido por el niño. De otro lado, de los autos se desprende el agotamiento de la vía administrativa, respecto de la solicitud incoada por la ciudadana EUGELLIS DEL VALLE MARIN por ante el consejo de protección de este municipio, sin que conste el cumplimiento de la obligación por parte de quien deba prestarla. Solicita la demandante que se fije la Obligación Alimentaria por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00) semanales. Ahora bien, citado como fue el demandado, éste no dio contestación a la solicitud. Visto lo anterior, este Tribunal para pronunciarse debe revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para determinar si va al fondo de lo solicitado o si por el contrario existe alguna causa que inhiba el pronunciamiento de una decisión de fondo. En este sentido, este Tribunal valora las actas aportadas por la reclamante. El artículo 369 comentado, señala al Juzgador, que éste debe considerar los parámetros siguientes: la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de un niño; quien indudablemente requiere de la prestación de la obligación alimentaria de sus padres así como cubrir todas las demás necesidades básicas, quien suscribe solo, practicara los ajustes necesarios, para que esta cantidad solicitada por la demandante se incremente automáticamente y de esta manera aumente a medida que aumentan los indicadores económicos nacionales, inflación, salario mínimo, entre otros, entonces se resuelve establecer la obligación alimentaria en unidades tributarias. El preámbulo de nuestra carta fundamental nos trae unos principios filosóficos que tienen como norte, el imperio de la ley, la justicia social, la no discriminación, protección de los derechos humanos, entre otros; esta misma orientación la tienen, los que el constituyente ha denominado, “principios fundamentales”, los cuales están explanados en el artículo uno (01) y siguientes del texto constitucional, entre estos, se tiene como valor supremo a la ética, en lo que respecta a la actuación del Estado, no dejando por fuera, claro esta, a la justicia y al derecho. Ahora bien, entendida la labor jurisdiccional como una actuación del Estado, por cuanto es el estado quien ha investido de potestad jurisdiccional a este sentenciador, los fallos proferidos por esta sede jurisdiccional deben estar apegados a los principios morales y valores mencionados supra, es por esto que, en estricto apego al artículo 76 constitucional, cuando expresa que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar y asistir a sus hijos o hijas; en acoplamiento al artículo 78, de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en estricta coordinación con el artículo 18, primer aparte, de la Convención de los Derechos del Niño, y el articulo 27 ejusdem los cual son de aplicación directa, y expresa: “Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes, en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Incumbirán a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”. “1.-Los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2.- A los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3.-Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño y dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto se viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un país diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la conclusión de dichos convenios, así como la concentración de cualesquiera otro arreglo apropiado. Conforme al artículo 365 y siguientes de la LOPNA, en estricta sujeción al artículo 282 de la norma sustantiva civil vigente, con fundamento en el análisis de los hechos alegados por las partes, este Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Con Lugar la presente solicitud y la obligación alimentaria solicitada por la ciudadana EUGELLIS DEL VALLE MARIN, en representación de su hijo, fija la cantidad equivalente a dos y media (2 ½) unidades tributarias por concepto de obligación alimentaria que el obligado alimentario depositará mensualmente en una cuenta de ahorros que esta sede judicial ordena abrir, de conformidad con las normas de auditoria interna del Tribunal Supremo de Justicia; en agosto y en diciembre de cada año la obligación alimentaria será por el doble, es decir cinco (5) unidades tributarias, queda obligado igualmente, el ciudadano JAVIER ALBERTO CASTRO REVERON, a cubrir los gastos referentes a la atención médica y cualquier otro gasto excepcional, referido al bienestar del niño beneficiario, que la madre no pudiere cubrir ella sola.- No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo. Dado, firmado y sellado en la Sala de este Despacho, a los veintiséis días del mes de julio de 2006, a las dos y veinte minutos de la tarde. Diaríece. Publíquese. Déjese copia para el Copiador de Sentencias. Líbrese oficios con las inserciones correspondientes.- El Juez Provisorio, Abg. Jesús Moreno Galindez.- El Secretario, Abg. Astroberto H. López Loreto. En la misma fecha se hizo lo ordenado…………………………………………………...... El Secretario, Exp. 06-870.