REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintiocho de junio de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: AN3F-X-2006-000016 A los fines de proveer sobre la medida solicitada este Tribunal observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” De acuerdo a la norma transcrita son dos los requisitos necesarios para la procedencia de las providencias cautelares, -a saber- la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo (perículum in mora). Estas dos condiciones de carácter concurrente, deben materializarse para que el Juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos antes mencionados no da lugar a su decreto. A mayor abundamiento, en el caso del secuestro, es menester señalar, que la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia) en sentencia de fecha 14-04-99, estableció: “…aun cuando el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil condiciona el secuestro a la existencia de siete causales específicamente determinadas en el contenido de la norma, que hacen que dicha medida tenga características peculiares y diferentes al resto de las medidas cautelares, esta circunstancia no exime al Juez de aplicar además las exigencias establecidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil como norma general y principal que rige el procedimiento de las medidas cautelares”. ( Negrilla, cursiva y subrayado del Tribunal). Asimismo, ha establecido el Máximo Tribunal en sentencia de fecha 6-8-69, posteriormente ratificada en fallo de fecha 27-6-85, que “…es cuestión de hecho y por tanto de la exclusiva potestad de los jueces de fondo, la de acordar o negar cualquier medida preventiva, con vista y apreciación soberana de los elementos que en la solicitud de dicha medida hayan sido alegados”. En este orden de ideas el Tribunal observa, que en el caso que se analiza no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medidas preventiva solicitada, pues si bien podrían considerarse de la lectura de los anexos del libelo de la demanda la eventual existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo.- El poder cautelar es la potestad otorgada a los jueces que dimana de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional y con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia.- En este sentido el llamado Periculum In Mora, tiene vinculación directa con el interés procesal, puesto que para poder intentar cualquier acción debe tenerse un interés legítimo y actual; y es definido como la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo pueda quedar disminuida en un ámbito económico; o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra; debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto práctico. En nuestra legislación no es suficiente fundamentar sin más el dictado de una medida cautelar, pues el elemento del peligro, debe estar acreditado en los autos, a través de la comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; lo que implica además la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictar se acaecerá fatalmente el riesgo que se teme. En esta materia es importante tener en cuenta que en las medidas cautelares el Juez no tiene discrecionalidad para apreciar los requisitos de procedibilidad de la medida, de modo que está atado o sujeto a que se cumplan los extremos del artículo 585, y además cuando una de las partes amenace seriamente con causar lesiones en los derechos de la otra. Por otro lado, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece que las medidas deberán decretarse cuando estén cumplidos los requisitos antes señalados, y como quiera que el artículo 588 remite con estricta sujeción a tales requisitos, está señalando que una vez verificados estos, el Juez debe también decretar la medida. Con relación a los requisitos de la solicitud la doctrina ha establecido, que además de la explanación de los motivos que justifican la adopción de la medida, esto es, la indicación del periculum in mora, fumus boni iuris y periculum in damni, debe existir una actividad probatoria por parte del solicitante para llevar a conocimiento del Juez de tal necesidad; en este sentido no es suficiente con señalar que existe peligro de daño o lesión, debe existir la prueba de que efectivamente ello es así. Observa este Juzgador que la parte solicitante de la medida, fundamenta su solicitud en las grandes posibilidades de triunfo de la acción intentada, lo que en todo caso acreditaría uno de los requisitos para la procedencia de las medidas preventivas, como lo es la demostración del derecho que reclama, que es la apariencia del buen derecho; pero en forma alguna no acreditó a través de un medio de prueba fehaciente los otros requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, como es peligro de infructuobilidad y el peligro Inminente del daño, lo que hace Improcedente la solicitud realizada. Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada. Por las razones expuestas esta autoridad judicial niega la solicitud de la medida preventiva de secuestro y así expresamente se decide. El Juez, Abg. Víctor Martín Díaz Salas.- El Secretario, Abg. Javier Enrique Barazarte Larré.- En esta misma fecha, 28 de Junio de 2006, siendo las 10:53 am, se registró y publicó la anterior sentencia previa las formalidades de Ley.- Asimismo, se dejó copia de la referida decisión.- Conste, El Secretario, Abg. Javier Enrique Barazarte Larré.-