REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS JOSÉ TADEO MONAGAS Y SAN JOSÉ DE GUARIBE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO. ALTAGRACIA DE ORITUCO. PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2006 196° y 147° EXPEDIENTE: 06-903. PARTE DEMANDANTE: MARIBEL RODRIGUEZ BECEA. PARTE DEMANDADA: EDWIN ELIU WEFFER ARIAS.- MOTIVO: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA.- Se inició el presente procedimiento por solicitud incoada por la ciudadana MARIBEL RODRIGUEZ BECEA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número 13.143.893, domiciliada en la parroquia San Francisco Javier de Lezama, sector acapral, calle Arístides Ruiz, s/n, de esta misma ciudad de Altagracia de Orituco, actuando en representación de su hijo JESUS ALEJANDRO WEFFER RODRIGUEZ, beneficiario alimentario de autos, en la cual expuso”Acudo ha este juzgado para demandar como en efecto lo hago, por incumplimiento de obligación alimentaria al ciudadano EDWIN ELIU WEFFER ARIAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número 15.737.070, domiciliado en la calle bolívar, frente al mundo del regalo, y también puede ser ubicado en inversiones Múltiplex donde labora como encargado, de esta misma circunscripción judicial del estado Guárico, siendo su jefe inmediato JOSE GREGORIOCOLMENARES ESQUEDA, a favor de mi hijo JESUS ALEJANDRO WEFFER RODRIGUEZ, de 2 años y medio de edad. En fecha 31 de mayo del año 2006, mediante acto conciliatorio en la LOPNA el padre de mi hijo se comprometió ha ayudarme con un mercado quincenal, el cual se lo llevo de una manera inconstante, es decir lo lleva cuando el quiere, además de ayudarme con medicina, ropa o cualquier otro gasto que se derive de la crianza del niño y en los actuales momentos no ha sido así. Por todo lo anteriormente señalado demando por la cantidad de Doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00) mensuales, que coadyuvarían a la manutención mas los otros gastos arriba descritos. En los actuales momentos no estoy trabajando, ya que tengo una demanda interpuesta con la empresa inversiones múltiplex, lo que me imposibilita trabajar, ya que estoy en la espera del pago de salarios caídos y cualquier otra remuneración que pudiera corresponderme” Admitida la acción en fecha 02 de octubre de 2006, se ordenó la citación del demandado. Así como la notificación al Fiscal del Ministerio Público. Consta en autos la notificación al Fiscal del Ministerio Público, así como la citación del demandado. En la oportunidad legal para que tuviera lugar el acto conciliatorio entre las partes, solo se presento la parte demandante, motivo por el cual no pudo efectuarse la conciliación. Llegada la oportunidad para la contestación a la solicitud requerida por el niño anteriormente mencionado, conforme la regla del artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, éste hizo uso de dicho derecho. Abierto el juicio a pruebas, la parte demandante consigno copias fotostáticas de facturas fiscales de compra de víveres de Supermercado Exelsior Beta. Vencido el lapso probatorio en la presente solicitud, se fija para el quinto (5to) día de despacho siguiente al de hoy, la oportunidad para dictar sentencia. De otro lado, de los autos se desprende el agotamiento de la vía administrativa, respecto a la solicitud incoada ante el consejo de protección del niño y del adolescente de este municipio, sin que conste el cumplimiento de la obligación por parte de quien deba prestarla. Solicita la demandante que se fije una pensión alimentaria para su hijo, además estable un monto de Doscientos mil Bolívares (Bs. 200.000,00) mensuales que coadyuvarían a la manutención mas otros gastos de ocasión. Visto lo anterior, este Tribunal para pronunciarse debe revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para determinar si va al fondo de lo solicitado o si por el contrario existe alguna causa que inhiba el pronunciamiento de una decisión de fondo. El artículo 369 comentado, señala al Juzgador, que éste debe considerar los parámetros siguientes: la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de unas niñas; quien indudablemente requieren de la prestación de la obligación alimentaria de sus padres así como cubrir todas las demás necesidades básicas, quien suscribe solo, practicara los ajustes necesarios, para que esta cantidad solicitada por la demandante se incremente automáticamente y de esta manera aumente a medida que aumentan los indicadores económicos nacionales, inflación, salario mínimo, entre otros, entonces se resuelve establecer la obligación alimentaria en unidades tributarias. El preámbulo de nuestra carta fundamental nos trae unos principios filosóficos que tienen como norte, el imperio de la ley, la justicia social, la no discriminación, protección de los derechos humanos, entre otros; esta misma orientación la tienen, los que el constituyente ha denominado, “principios fundamentales”, los cuales están explanados en el artículo uno (01) y siguientes del texto constitucional, entre estos, se tiene como valor supremo a la ética, en lo que respecta a la actuación del Estado, no dejando por fuera, claro esta, a la justicia y al derecho. Ahora bien, entendida la labor jurisdiccional como una actuación del Estado, por cuanto es el estado quien ha investido de potestad jurisdiccional a este sentenciador, los fallos proferidos por esta sede jurisdiccional deben estar apegados a los principios morales y valores mencionados supra, es por esto que, en estricto apego al artículo 76 constitucional, cuando expresa que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar y asistir a sus hijos o hijas; en acoplamiento al artículo 78, de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en estricta coordinación con el artículo 18, primer aparte, de la Convención de los Derechos del Niño, y el articulo 27 ejusdem los cual son de aplicación directa, y expresa: “Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes, en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Incumbirán a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”. “1.-Los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2.- A los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3.-Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño y dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto se viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un país diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la conclusión de dichos convenios, así como la concentración de cualesquiera otro arreglo apropiado. Conforme al artículo 365 y siguientes de la LOPNA, en estricta sujeción al artículo 282 de la norma sustantiva civil vigente, con fundamento en el análisis de los hechos alegados por las partes, este Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Con Lugar la presente solicitud de Fijación de obligación alimentaria solicitada por la ciudadana MARIBEL RODRIGUEZ BECEA, en representación de su hijo, fija la cantidad equivalente a seis (6) unidades tributarias que el obligado alimentario depositará mensualmente en una cuenta de ahorros que esta sede judicial ordenara abrir, de conformidad con las normas de auditoria interna del Tribunal Supremo de Justicia por concepto de obligación alimentaria; en agosto y en diciembre de cada año la obligación alimentaria será por el doble, es decir doce (12) unidades tributarias, queda obligado igualmente, el ciudadano EDWIN ELIU WEFFER ARIAS, a cubrir otros gasto excepcional, referido al bienestar del niño beneficiario, que la madre no pudiere cubrir ella sola.- Cúmplase, líbrense los oficios correspondientes.---------------- No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo. Dado, firmado y sellado en la Sala de este Despacho, el primer día del mes de noviembre de 2006, a las once y diez minutos de la mañana. Diaríece. Publíquese. Déjese copia para el Copiador de Sentencias. El Juez, Abg. Jesús Moreno Galindez.- El Secretario, Abg. Astroberto H. López Loreto. En la misma fecha se hizo lo ordenado…………………………………………………...... El Secretario, Exp. 06-903.