ASUNTO: AN37-V-2004-000008 PARTE DEMANDANTE: BRUNILDA LUCIA GUERRERO VERA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° 3.949.597. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: BERNARDO ANTONIO CUBILLÁN MOLINA y ENEIDA TIBISAY ZERPA GUZMÁN, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 2.723 y 29.800, respectivamente. PARTE DEMANDADA: BANCO PROVINCIAL S.A, BANCO UNIVERSAL, inscrito en el Registro Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 30/9/1952, anotado bajo el N° 488, Tomo 2-B, y cuyos Estatutos modificados están contenidos en un solo texto, según se evidencia de asiento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28/8/2001, bajo el N° 73, Tomo 166-A Pro. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (Perención).- PRIMERO En fecha 13 de mayo de 2004, previa distribución, se dio por recibido el libelo de demanda contentivo de la pretensión de Cobro de Bolívares. Consignados los recaudos necesarios, se admitió por los trámites del juicio ordinario, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, a contestar la pretensión incoada. En fecha 24 de mayo de 2004, se libró la compulsa previo suministro de los fotostatos requeridos. En fecha 23 de julio de 2004, el alguacil temporal de este Juzgado consignó sin firmar la compulsa respectiva y su orden de comparecencia, por cuanto no pudo practicar la citación personal de la parte demandada. En fecha 19 de agosto de 2004, la abogada Eneida Zerpa, en su carácter de apoderada actora, solicitó se librara cartel, de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, debido a la imposibilidad de la citación personal de la parte demandada. Mediante auto de fecha 26 de agosto de 2004, se libró el cartel respectivo. En fecha 14 de septiembre de 2004, la abogada apoderada actora, dejó constancia haber recibido el cartel, a los fines de su publicación. Sin embargo, no se observa actividad de la parte actora, a los fines de impulsar el proceso, luego de librado el cartel de citación a la parte demandada, es decir, desde el 14 de septiembre de 2004, hecho que se subsume dentro del supuesto previsto en la primera parte del artículo 267 del código de Procedimiento Civil, el cual pasa a analizar este Tribunal a los fines de declarar las consecuencias jurídicas del caso. SEGUNDO En efecto, el artículo en referencia prevé una de las formas anormales de terminación del proceso, al señalar: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Omissis. La perención o caducidad de la instancia es un instituto procesal que consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo legal sin que dentro del mismo se haya producido acto procesal de parte capaz de impulsarlo. Tiene como objeto sancionar la inercia de las partes en su conducta negligente en abandono de la instancia, entendida como impulso procesal y en su desinterés en querer continuar el proceso. Es una institución de orden público todo vez que el Estado está interesado en que los juicios no duren de manera indefinida, todo a los efectos de enervar el peligro que lleva consigo para la seguridad jurídica. En este sentido, el artículo 269 ejusdem, establece: “La perención se verifica de pleno derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. De lo expuesto se desprende que los requisitos para que se verifique este instituto procesal son el transcurso del tiempo previsto en la ley y la inactividad procesal de la parte que causa la paralización del proceso. En el caso de autos, se observa una negligencia procesal de la parte en mantener vivo el proceso, lo que pone de manifiesto la presunta intención de abandonarlo, puesto que luego que en fecha 14 de septiembre de 2004, la apoderada actora dejó constancia haber retirado el referido cartel, a los fines de su publicación, no realizó acto alguno capaz de seguir impulsando el proceso hasta conducirlo a su fase final. En tal virtud, dado que desde esa fecha (14 de septiembre de 2004) hasta la de hoy, ha transcurrido en demasía el lapso legal de un (1) año, sin que la parte haya ejercido un acto procesal que lo impulse, con lo cual queda evidenciado su inercia, siendo además que la perención opera de pleno derecho al cumplirse esos requisitos, quedando al órgano jurisdiccional sólo reconocerlo como hecho jurídico consumado con sus efectos, resulta forzoso para este Juzgado declarar perimida la instancia por la inercia de parte durante más de un año. Así se declara. TERCERO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio por COBRO DE BOLÍVARES intentado por Brunilda Lucía Guerrero Vera, contra Banco Provincial, S.A., Banco Universal. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 ejusdem, no hay lugar a costas procesales. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 ibidem. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo de Municipio de de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. El Juez, Mauro José Guerra. La Secretaria, Eloisa Borjas. En esta misma fecha siendo la(s) 12:05 P.M., se publicó la anterior decisión. La Secretaria, Eloisa Borjas. tábata