TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 9 de enero de 2008
196° y 147°

CAUSA N°: JE4-1478.-

PENADO: ARCAYA CARLOS ALBERTO, titular de la cédula de identidad N° V-6.197.219.

DEFENSA: Representado por la Defensora YAJAIRA CALDERINE, Defensora Pública Penal Centésima Primera con Competencia en la fase de Ejecución de Sentencia.

FISCALÍA: Décima Tercera (13ª) del Ministerio Público con Competencia en ejecución de Sentencias a Nivel Nacional, a cargo del Dr. JOSÉ GREGORIO CARRILLO RUÍZ.

DELITO: LESIONES PERSONALES GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal.

PENA IMPUESTA: UN (1) AÑO DE PRISIÓN.

Vista las anteriores actuaciones, relacionadas con el penado ARCAYA CARLOS ALBERTO, titular de la cédula de identidad número V-6.197.219, quien fue evaluado para optar a la fórmula alternativa de cumplimiento de pena denominada Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, este Tribunal de Ejecución para decidir observa lo siguiente:

PRIMERO: En fecha 31 de mayo de 2007 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, condenó al ciudadano ARCAYA CARLOS ALBERTO, a cumplir la pena de un (1) año de prisión por la comisión del delito de LESIONES PERSONALES GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal, así como a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 ejusdem.

SEGUNDO: Cursa al folio 305 del expediente certificación de antecedentes penales de fecha 7 de diciembre de 2007, suscrito por la ciudadana EVELYN VILLEGAS, Jefe de la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia, mediante la cual se verifica que el ciudadano CARLOS ALBERTO ARCAYA, titular de la cédula de identidad número V-6.197.219, no presenta antecedentes penales por un hecho distinto al cual se le juzga en la actualidad.

TERCERO: Cursa a los folios doscientos noventa y ocho (298) al trescientos uno (301), Informe Técnico realizado al penado por los ciudadanos YAMIRA AMARO L y XIOMARA GONZÁLEZ, Delegados de Pruebas adscritos a la Coordinación Regional de Tratamiento No Institucional de la Región Capital del Ministerio de Interior y Justicia, quienes concluyen en el aludido Informe, entre otras cosas que:

“... V.- PRONÓSTICO:

El equipo técnico emite opinión FAVORABLE al beneficio solicitado, ya que el caso dispone de elementos para mantenerse en libertad como lo es: tolerar frustraciones e implementar estrategia de soluciones apropiadas, intimidación y movilización ante sanción legal, capacidad para aprender de las experiencias negativas y apoyo familiar irrestricto.

VI.- CONCLUSIÓN:

Sobre la base del estudio psicosocial realizado el Equipo Técnico emite opinión FAVORABLE al otorgamiento de la medida solicitada...”.

CUARTO: El Código Orgánico Procesal Penal, preceptúa en el artículo 493 a la letra:

“Artículo 493. Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar al Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá:

1. Que el penado no sea reincidente, según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia;

2.- Que la pena impuesta no exceda de cinco años;

3.- Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba;

4.- Que presente oferta de trabajo; y

5.- Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad...”.

La suspensión condicional de la ejecución de la pena constituye una de las más importantes medidas alternativas de cumplimiento de pena y a través de ella se puede dejar en suspenso la ejecución de la pena cuando se trate de penas privativas de libertad inferiores a cinco (5) años y cuando se trate del procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal únicamente podrá ser acordada por el Tribunal cuando la pena impuesta no excediere de tres (3) años.

En efecto, como ha expresado la Doctrina, la suspensión de la ejecución de la pena, es una medida coherente con la orientación constitucional de las penas a la reinserción social del condenado.

Consiste en excluir provisionalmente el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme al primerizo autor de un delito menos grave, si el Tribunal considera que no es probable que la vuelva a cometer nuevos delitos.

De este modo, refiere la Doctrina, la pena se sustituye por la amenaza de llevarse a efecto si se incumplen durante un determinado plazo de tiempo, las condiciones bajo las cuales se acuerda la suspensión. Consecuentemente si el penado no incumple las condiciones impuestas durante el plazo fijado, se da la misma por cumplida. Por el contrario, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas se revoca la suspensión y se ordena el cumplimiento de la pena.

En tal aspecto se observa que la esencia de la medida alternativa de cumplimiento de pena in comento es evitar los efectos desocializadores que comportan las penas de prisión cortas, toda vez que la Constitución de la República se orienta al cumplimiento de fórmulas alternativas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad y a la aplicación de éstas con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria, constituyendo dicha fórmula en criterio de la Doctrina una de las “medidas más eficaces y extendidas en la práctica para evitar el cumplimiento de las penas cortas de prisión”.

Este Juzgado de ejecución, ha constatado que en el caso particular y concreto, concurren las circunstancias exigidas por el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal para que sea acordada al penado ARCAYA CARLOS ALBERTO, la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, en virtud que según la certificación de antecedentes penales de fecha 7-12-2007, emanada del Ministerio del Interior y Justicia (folio 305 del expediente), el referido penado no es reincidente, siéndole impuesta una condena de UN (1) AÑO de prisión el 31-5-2007 por el Juzgado Cuarto de Juicio de esta Circunscripción Judicial, es decir, que la pena impuesta no excede de cinco (5) años. Por otra parte, consta además en el expediente, Informe Técnico, procedente de la Dirección de Reinserción Social del Ministerio del Interior y Justicia, practicado al penado ARCAYA CARLOS ALBERTO (folios 298 al 301), en el cual se emite un pronóstico FAVORABLE al otorgamiento de la medida de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Aunado al hecho que no se desprende de las actuaciones que se haya admitido en contra del penado acusación, por la comisión de un nuevo delito o que le hubiere sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena otorgada con anterioridad.

También consta en autos constancia de trabajo de fecha 21 de mayo de 2007, en la cual se hace constar que el penado presta sus servicios en la Unidad Educativa Santa Ana de El Junquito, desarrollando una excelente e intachable labor. (Folio 290 del expediente).

En virtud de lo expresado anteriormente y siguiendo el principio contenido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado de ejecución, una vez revisadas las actuaciones insertas en el expediente, considera procedente y ajustado a derecho conceder al penado CARLOS ALBERTO ARCAYA, titular de la cédula de identidad número V-6.197.219, la medida del cumplimiento de la pena de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, por un lapso de UN (01) AÑO.

En consecuencia, el penado de autos, a tenor de lo previsto en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, quedará obligado a cumplir las obligaciones siguientes:

1.- No cambiar de residencia sin la debida autorización del Tribunal.

2.- No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

3.- Realizar cursos de capacitación técnica o profesional que le permitan mejorar su calidad de vida y subsistencia personal.

4.- Permanecer en un trabajo o empleo que le permita obtener una subsistencia digna y decorosa, debiendo consignar ante este Juzgado la respectiva constancia de empleo en caso que haya cambiado el mismo.

5.- Presentarse ante la sede de este Tribunal una (1) vez al mes.
6.- Realizar talleres de autoestima, crecimiento personal, manejo de conflictos y control de impulsos.

Presentarse ante la Coordinación Regional de Tratamiento No Institucional y cumplir con todas las condiciones que le sean impuestas por el Delegado de Prueba que le sea designado a tales efectos.

Adviértase que según lo dispuesto en el artículo 499 del Código adjetivo penal, este Juzgado podrá revocar la medida de suspensión de la ejecución condicional de la pena al ciudadano ARCAYA CARLOS ALBERTO, cuando por la comisión de un nuevo delito sea admitida nueva acusación en contra del penado o cuando el mismo incumpliere alguna de las condiciones impuestas por este Despacho o por el Delegado de Prueba.

D I S P O S I T I V A

Por los motivos precedentemente expuestos este Tribunal Cuarto en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; CONCEDE LA MEDIDA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, al ciudadano ARCAYA CARLOS ALBERTO,
titular de la cédula de identidad número V-6.197.219, de conformidad con lo establecido en los artículos 493 y 494 del Código Orgánico Procesal Penal, por un lapso de UN (01) AÑO, debiendo dicho ciudadano cumplir con las obligaciones impuestas en la parte motiva de la presente decisión.

Líbrese el oficio respectivo, dirigido al Jefe de la Dirección de Rehabilitación y Custodia del Ministerio del Interior y Justicia, a los fines que tome debida nota y lo distribuya entre las dependencias vinculadas al trabajo penitenciario y respecto de las cuales ejerce el control jerárquico, a saber, Dirección de Rehabilitación, Dirección de Custodia, Departamento de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales, División de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia, e igualmente ofíciese lo conducente a la Coordinación Regional de Tratamiento No Institucional de la Región Capital, remitiéndose a ese Despacho copia certificada anexa de esta decisión. Notifíquese al Fiscal 13ª del Ministerio Público con Competencia en Ejecución de Sentencia a Nivel Nacional, a la Defensora Pública Penal 101ª del Área Metropolitana de Caracas y líbrese boleta de citación, a los fines de ser impuesto del contenido de la decisión.
LA JUEZ,

MIRIAM DAYSY VIELMA
LA SECRETARIA,

ABG. SINAHIM PINO GONZÁLEZ

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede y se registró la anterior decisión bajo el número 1974-08.

LA SECRETARIA,

ABG. SINAHIM PINO GONZÁLEZ

Exp. N° 1478.-
MDV/SPG.-