PARTE ACTORA: WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad número V.-11.845.007.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: GILBERTO DANIEL BOLÍVAR RUÍZ y JUAN OTILIO CÓRDOVA REYES, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad números V.-8.554.518 y V.-8.800.953 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 48.873 y 67.266, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales, representación que se evidencia de documento poder apud acta incorporado al folio 10 de las actuaciones, con domicilio procesal en la calle atarraya, número 49, local donde funciona la Zapatería, Valle de la Pascua, Estado Guárico, teléfono 0235-341.16.77.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil SOLDADURAS TAVERA, C.A., (SOLTAV,C.A.), inscrita inicialmente el 01 de julio de 1.982 por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, bajo el número 76, folios vto. 131, al 135, Tomo III y modificada mediante documento inserto ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico de fecha 29 de junio de 1.995, bajo el número 52, Tomo 20-A y reformado sus estatutos por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 25 de abril de 2.008 inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico bajo el número 23, Tomo 5-A de los libros llevados por esa oficina pública, agregado a los autos en copia simple.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ALEJANDRO JOSÉ CEDEÑO MATOS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad número V.-10.982.480 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 71.072, representación que se observa de documento poder apud acta incorporado al folio 15 del expediente, con domicilio procesal en la calle shettino, oficina número 5-2, Valle de la Pascua, Estado Guárico, teléfono 0414-335.00.25.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Visto el escrito consignado el 18 de julio de 2008, cursante desde el folio 48 al 50 de las actuaciones, presentado por una parte, por el ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad número V.- 11.845.007, debidamente asistido por el profesional del derecho, ciudadano GILBERTO DANIEL BOLÍVAR RUÍZ, titular de la cédula de Identidad número V.- 8.554.518 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.873, y por la otra, la empresa SOLDADURAS TAVERA, C.A. (SOLTAV, C.A.), representada en este acto por el profesional del derecho ciudadano ALEJANDRO JOSÉ CEDEÑO MATOS, titular de la cédula de Identidad número V.- 10.982.480 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 71.072, quienes entre otras cosas exponen:

“… “EL ACTOR” en este mismo acto, desiste de la acción y del procedimiento intentado en contra de “LA EMPRESA” “SOLDADURAS TAVERA, C.A. (SOLTAV, C.A.)”, por cuanto, con el pago recibido da por satisfechos cada uno de los conceptos demandados no teniendo mas nada que reclamar a “LA EMPRESA”, por los beneficios laborales antes descritos, ni por ningún otro concepto que pudiese derivar de la ya extinta relación laboral mantenida con la citada empresa…Ambas partes solicitamos muy respetuosamente a este honorable tribunal, se sirva impartir a la presente transacción la Homologación correspondiente, así como también le solicitamos el cierre y posterior archivo del presente expediente. De igual forma solicitamos muy respetuosamente proceda expedirnos copia certificada de la presente transacción, así como del auto que declare la Homologación de la misma…”

Así las cosas, el desistimiento es definido por Ricardo Henríquez La Roche como el acto por el cual el actor retira la demanda, es decir, abandona la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva, sin mediar aceptación del demandado, la extinción de la relación procesal por falta de impulso y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo. Su fundamento radica en el principio dispositivo del proceso civil, que impide la iniciación y continuación de un proceso sin instancia de parte, ya que el Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales que están en juego, en este sentido, en materia laboral, el desistimiento puede hacerse por voluntad manifiesta de las partes o por imperio de la Ley como consecuencia de la rebeldía de alguna de las partes para cumplir alguna carga procesal o de algún acto procesal. En el primero de los casos, el desistimiento se manifiesta de forma expresa y libre de coacción sobre algún punto de la controversia, bien del proceso, bien del procedimiento, bien de algún medio probatorio que no interese a la parte y en el segundo de los casos, el desistimiento se impone como una sanción cuando alguna de las partes actúa con rebeldía frente al órgano jurisdiccional, por ejemplo la incomparecencia de la parte demandante a la audiencia preliminar, que se traduce en el desistimiento del proceso, conforme el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En el caso que nos ocupa es el desistimiento de la parte actora en la demanda interpuesta en contra de la sociedad mercantil SOLDADURAS TAVERA, C.A., (SOLTAV,C.A.), por lo que debe este Tribunal verificar los extremos legales para la validez de dicho desistimiento y previa revisión de los autos, es el propio trabajador asistido de abogado de confianza.

Se observa del desistimiento manifestado por la parte demandante, que el mismo abarca no solo del procedimiento como ha indicado sino que desiste igualmente de la acción. Al respecto, es importante señalar que en materia laboral se debe partir de un principio fundamental y que dirige no solo los contratos de trabajo, no solo la voluntad de las partes sino que dirige igualmente las actuaciones jurisdiccionales, como es el Principio de la Irrenunciabilidad de los derechos laborales. En el marco del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ordinal 2° establece que los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos, por lo cual, las partes y el órgano jurisdiccional se someten a esta norma y principio superior declarando la nulidad e invalidez de cualquier acto efectuado por las partes o por el órgano, que convaliden la renuncia de derechos laborales.

En este sentido, es evidente que el desistimiento del procedimiento solo envuelve la extinción de la instancia, sin trastocar el derecho de acción que sigue teniendo el trabajador, por lo cual, pudiera volver a demandar a su patrono en un proceso futuro hasta tanto haya sentencia definitivamente firme y que haya cosa juzgada en cuanto a sus pretensiones. Distinto es el desistimiento de la acción porque en ella se soporta la posibilidad de volver a intentar una demanda y hacer valer sus pretensiones laborales, por ello es que se debe considerar que al desistir de la acción, se suprime inmediatamente la posibilidad de intentar nuevamente una demanda laboral lo cual se traduce en una renuncia de sus derechos laborales, entendiendo que dicha renuncia es totalmente contraria al principio que estamos discutiendo, a la norma constitucional y a las normas legales, por cuanto, como se ha insistido, los derechos laborales son irrenunciables y es nulo todo acto que la implique.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencia de fecha 10 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero (Caso: Miguel Olivares Vs. Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Trujillo), criterio sostenido en su fecha por la Sala de Casación Civil en sentencia del 11 de agosto de 1993, ratificada el 24 abril de 1998, considerando que puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero que resulta inadmisible que el trabajador desista de su acción, y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección en su favor, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono. En efecto, dicho criterio jurisprudencial se estableció lo siguiente:

“…Observa esta Sala de Casación Social, como así quedó sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos. En el presente caso, el actor en fecha 27 de septiembre del año 2001 desistió del procedimiento, así como de la acción, e igualmente renunció a realizar cualquier tipo de cobro relacionado con alguna incidencia producida en el transcurso del proceso, alegando posteriormente, en fecha 1° de octubre del mismo año, que sus derechos laborales eran irrenunciables, en atención a la Constitución y Ley Orgánica del Trabajo y por tanto solicitó se declarara sin lugar el desistimiento. Ahora bien, considera esta Sala de Casación Social, que al estar los derechos laborales amparados en normas constitucionales…, y al ser los mismos irrenunciables, la homologación del desistimiento de la acción en la presente causa por parte del sentenciador superior no está ajustado a derecho, pues como antes se indicó, en el mismo se está desistiendo además de la acción, del procedimiento.
Por tanto, al haberse efectuado en estos términos dicho acto de auto composición procesal, y haberlo homologado el Juzgador de alzada, no debe tenerse como válido, pues, no puede el trabajador reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que a todas luces atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador. Siendo así, al haber homologado la sentencia recurrida el referido desistimiento efectuado en los términos antes expuestos, infringió los artículos 3 (primer aparte) de la Ley Orgánica del Trabajo y 9 del Reglamento de la referida Ley, que son disposiciones de eminente orden público, ambos por falta de aplicación, declaratoria ésta que hace la Sala de oficio. Así se resuelve…”. (Subrayado del Tribunal).

El autor A. RENGEL ROMBERG. En su texto sobre la Teoría General del Proceso. Acción, pretensión y demanda, dejó sentado: “…el interés que constituye el contenido del derecho de acción es un interés colectivo, común a las dos partes y a todos los demás ciudadanos…la acción de las partes no es un derecho subjetivo privado, sino un derecho subjetivo público…Al lado del interés colectivo y público que mueve a la acción, existe en todo proceso, el interés individual y privado en que se funda la pretensión. La satisfacción de este interés privado, mediante la actuación jurisdiccional…satisface…la pretensión…pero siempre da satisfacción al derecho de acción…”.

La parte actora, ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, titular de la cédula de Identidad número V.-11.845.007 al desistir de la acción conlleva a la imposibilidad de intentar nuevamente una demanda, lo cual se traduce en una renuncia de sus derechos laborales, y al ser esta renuncia un acto contrario a la Ley y al precepto Constitucional, conforme al criterio jurisprudencial antes expuesto, este Tribunal se abstiene de homologar el desistimiento de la acción efectuado por la parte actora y ASI SE DECIDE.

Contrario a lo antes expuesto, al desistir del procedimiento en contra de la Sociedad Mercantil SOLDADURAS TAVERA, C.A. (SOLTAV, C.A.), el trabajador no renuncia a sus derechos laborales, sino que decide voluntariamente no seguir, por falta de interés procesal o por cualquier otro motivo, con el presente proceso; sin perjudicar ni limitar sus derechos laborales de los que es titular, aunado a la circunstancia que no hay un pronunciamiento jurisdiccional definitivamente firme que por efecto de la cosa juzgada, impida ni limite ejercer nuevamente su derecho de acción, toda vez que lo que se extingue es el proceso más no se resuelve el fondo de sus pretensiones laborales.

De lo anterior se puede colegir que para la validez del desistimiento se debe manifestar su voluntad libre de constreñimiento y sin coacción, por lo cual, este Tribunal observa que el desistimiento del procedimiento cumple con los extremos legales, y en este sentido le imparte su aprobación y en consecuencia HOMOLOGA el desistimiento del presente proceso, efectuado por el ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad número V.- 11.845.007, debidamente asistido por el profesional del derecho, ciudadano GILBERTO DANIEL BOLÍVAR RUÍZ, titular de la cédula de Identidad número V.- 8.554.518 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.873 y ASI SE DECIDE.

En relación a la cantidad de Bs.F.10.000,oo, recibida por el Trabajador, ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad número V.-11.845.007, cuyo recibo se agregó a los autos, observa este Juzgado que contando las partes con la capacidad establecida en el artículo 1.714 del Código Civil y lo dispuesto en el articulo 154 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por analogía conforme al articulo 11 de la Ley Adjetiva Laboral, y por cuanto el acuerdo contenido en convenio celebrado por las partes involucradas en el juicio, producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por el demandante y la demandada, además dicho acuerdo tiende a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes, habida cuenta los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho y se adaptan a los criterios que han sido establecidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, no contiene renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo y aunado al hecho de que cumple con el requisito de ser circunstanciado, conforme al libelo de demanda admitido el 21 de febrero de 2.008 que se da aquí por reproducido, por lo cual, este juzgado en uso de las atribuciones legales previstas en los artículos 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo y lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento de la Ley del Trabajo y lo previsto en el articulo 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicable este último conforme a lo preceptuado en el articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le imparte en este acto la HOMOLOGACIÓN, y ordena el cierre y archivo del expediente transcurrido cinco (05) días de despacho contados a partir de la presente fecha y la remisión se hará mediante oficio anexo.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico con sede en la ciudad de Valle de la Pascua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: HOMOLOGADO el desistimiento del presente proceso efectuado por la parte demandante, en diligencia de fecha 18 de julio de 2008, en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES sigue el ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 11.845.007, ello atendiendo a lo dispuesto en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil norma cuya aplicación analógica se adopta conforme al articulo 11 de la Ley Procesal del Trabajo.

SEGUNDO: Se ABSTIENE de homologar el desistimiento de la Acción efectuado por la parte demandante, en diligencia del 18 de julio de 2008 en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES sigue el ciudadano WILMER RAFAEL SUÁREZ ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 11.845.007, toda vez que la acción es un derecho irrenunciable y se debe mantener vigente para la satisfacción de la pretensión conforme a la demanda interpuesta hasta tanto haya sentencia definitivamente firme.

TERCERO: Le imparte en este acto la HOMOLOGACIÓN al acuerdo de pago celebrado entre las partes.

CUARTO: Se ordena expedir por secretaria copia certificada de la presente decisión, de conformidad con el articulo 22 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

QUINTO: Se declara TERMINADO el presente proceso en contra de la Sociedad Mercantil SOLDADURAS TAVERA, C.A. (SOLTAV, C.A.), y se ordena el cierre y archivo del expediente transcurrido cinco (05) días de despacho contados a partir de la presente fecha y la remisión se hará mediante oficio anexo.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico con sede en la ciudad de Valle de la Pascua, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2008. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
EL JUEZ


CRISTIAN OMAR FELIZ
LA SECRETARIA

GABRIELA SCROFANI BRUNICARDI