TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, quince (15) de Mayo de dos mil ocho (2008)
197º y 149º
ASUNTO N° AP31-V-2007-2403
“VISTOS” CON SUS ANTECEDENTES.
Desalojo
-I-
-DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS JUDICIALES-
De conformidad con lo previsto en el ordinal Segundo (2°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado de Municipio a determinar a las partes y sus apoderados judiciales que intervienen en la presente causa, a cuyo efecto dispone:
-PARTE DEMANDANTE: Constituida por los ciudadanos AMALOA HERMELINDA, YAMILE SUSANA, ALBERTO JOSÉ, YOLANDA GUILLERMINA, MARLENY JOSÉFINA y EDGAR JOSÉ BASTARDO GUERRA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.368.908, 4.975.948, 4.973.295, 4.975.949, 6.368.909 y 6.875.076 respectivamente, actuando todos en su carácter de únicos y Universales Herederos del difunto ALBERTO BASTARDO, quien era su padre, según Certificación de liberación sucesoral Nº 3.993 (860565), emanada del Ministerio de Hacienda, en fecha 01 de Agosto de 1.986.
Apoderada Judicial: Abogada Betsy Tibisay Escobar, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº. 8.796.625 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 43.861, según se evidencia de Instrumento Poder autenticado por ante la Notaría Trigésimo Tercero del Municipio Libertador en fecha 13 de Abril de 2005, anotado bajo el Nº 23, Tomo 17 de los libros de autenticaciones de dicha Notaría.

-PARTE DEMANDADA: Constituida por la ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA, venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad N° 6.131.996; sin apoderado judicial constituido en autos.

-II-
-SINTESIS DE LA CONTROVERSIA-
Conoce la presente causa éste Juzgado Décimo de Municipio en virtud de la demanda que por Desalojo incoaran los ciudadanos AMALOA HERMELINDA, YAMILE SUSANA, ALBERTO JOSÉ, YOLANDA GUILLERMINA, MARLENY JOSÉFINA y EDGAR JOSÉ BASTARDO GUERRA, actuando todos en su carácter de únicos y Universales Herederos del difunto ALBERTO BASTARDO en contra de la ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA.
En efecto, mediante escrito de fecha 19 de Noviembre de 2007, la parte actora incoó la acción de Desalojo bajo conocimiento y decisión de éste Juzgado, argumentado grosso modo lo siguiente:
1.- Que son propietarios de un inmueble constituido por un terreno y la casa sobre él construido, ubicada en Manicomio, Sector Loma Colorada, Alcabala de Catia, calle Santa Barbara, distinguida con el Nº 28-1, Parroquia La Pastora, Municipio Libertador del Distrito Capital, propiedad que adquirió el causante Alberto Bastardo de la ciudadana Consuelo Cardozo de Ladera, en fecha 17 de Mayo de 1.952 y la casa según titulo supletorio, debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 22 de junio de 1984, quedando anotado bajo el Nº 45, Tomo 29, Protocolo Primero.
2.-Que desde que falleció el propietario del identificado inmueble, se le cedió en calidad de arrendataria a la ciudadana GENOVEVA MONCADA DE CASTRO, portadora de la cédula de identidad Nº 2.893.580, quien posteriormente y sin autorización de los herederos le cedió el inmueble a su hijo JOSÉ OLIVO CASTRO, portador de la cédula de identidad Nº 6.049.484.
3.- Que posteriormente y con la intención de regularizar la estadía en el inmueble del ciudadano José Olivo Castro, antes identificado, la ciudadana MARLENY BASTARDO GUERRA, venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad Nº 6.368.909, actuando en su propio nombre y en su carácter de apoderada judicial de la Sucesión Bastardo, celebró contrato de arrendamiento en fecha 25-08-1987 con el ciudadano JOSÉ CASTRO, por un lapso de seis (06) meses prorrogables por periodos iguales.
4.- Que el inmueble sería utilizado únicamente como uso exclusivo de vivienda, con un canon de arrendamiento mensual de ochocientos bolívares.
5.- Que actualmente quien ocupa el inmueble es la señora IRIS CASTRO DE ORTEGA, antes identificada, hermana del ciudadano José Olivo Castro, en virtud de la cesión que le hiciere éste sin autorización de la arrendadora.
6.- Que posteriormente en fecha 16 de abril de 1997, se acordó verbalmente con la ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA, antes identificada, que ocupara el inmueble en cualidad de arrendataria y que cancelara una mensualidad simbólica por concepto de canon de arrendamiento de cincuenta mil bolívares mensuales (Bs. 50.000,00), lo que equivale en la actualidad a cincuenta bolívares fuertes (Bf.50,00), pero que para finales del año 2000, hiciera entrega de la casa.
7.- Que desde el mes de mayo de 1997, no ha realizado pago alguno por el uso, goce y disfrute de la casa que ocupa como arrendataria desde hace mas de diez años.
8.- Que por lo anteriormente expuesto, procede a demandar a la ciudadana Iris Castro De Ortega, antes identificada, para que convenga o en su defecto sea condenado por el Tribunal en : PRIMERO: En desalojar y por consiguiente hacer entrega del inmueble objeto del presente juicio, en perfecto estado de conservación y totalmente desocupado de personas, objetos y cosas. SEGUNDO: En cancelar la cantidad de Seis Mil Trescientos Bolívares Fuertes, por concepto de cánones insolutos desde el mes de Mayo a Diciembre de 1997, ambos inclusive, Enero a Diciembre de 1998, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 1999, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2000, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2001, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2002, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2003, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2004, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2005, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2006, ambos inclusive, y Enero a Octubre de 2007, cada uno a razón de Cincuenta Bolívares Fuertes (Bf. 50,00). TERCERO: En hacer entrega de los recibos debidamente cancelados de consumos de Agua, Energía Eléctrica y Aseo Urbano. CUARTO: En cancelar los Honorarios Profesionales de abogados, los cuales están en la cantidad de Mil Quinientos Setenta y Cinco Bolívares exactos (Bs. 1.575,00). QUINTO: En cancelar las costas y costos del presente jucio.
7.- Fundamentó su pretensión en lo dispuesto en los artículos: 1.159, 1.264 y 1.594 del Código Civil en concordancia con el artículo 34, literal “A” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Estimando su pretensión en la suma de Seiscientos Bolívares Fuertes (Bs. 600,00). (Folios 02 al 04).

-DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDANDA:
No hubo contestación de la Demanda.
-III-
-BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES-
Mediante escrito presentado en fecha 19 de Noviembre de 2007, la parte actora, AMALOA HERMELINDA, YAMILE SUSANA, ALBERTO JOSÉ, YOLANDA GUILLERMINA, MARLENY JOSÉFINA y EDGAR JOSÉ BASTARDO GUERRA, actuando todos en su carácter de únicos y Universales Herederos del difunto ALBERTO BASTARDO incoó acción por Desalojo en contra de la parte demandada, ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA. (Folios 02 al 04).
Por auto de fecha 27 de Noviembre de 2007, se admitió cuanto ha lugar la pretensión incoada y consecuencialmente a ello, se acordó el emplazamiento de la parte demandada para la contestación de la demanda. (Folios 18 y 19).
En fecha 14/01/08 se libró compulsa de citación a la parte demandada, ciudadana Iris Castro de Ortega. (Folios 22).
Mediante diligencia de fecha 30/01/08, compareció el ciudadano Francisco Javier Abreu, Alguacil adscrito a éste Circuito Judicial, a los fines de dejar constancia que la parte demandada se negó a firmar el recibo de citación. (Folio 23)
Mediante auto de fecha 20 de Febrero de 2008, se acordó librar boleta de notificación a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 26 y 27).
En fecha 23 de Abril de 2008 la secretaria del Juzgado dejó constancia de haber practicado la citación de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 32).
Mediante escrito de fecha 07 de Mayo de 2008, la parte actora en la causa, procedió a promover pruebas (Folio 33), siendo proveído por auto de fecha 12 de Mayo de 2008 de 2008. (Folios 55 y 56).
-IV-
-MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR-
De conformidad con lo previsto en el ordinal Cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en base a los cuales fundamentará la presente decisión, para lo cual observa:
Visto que en el caso de marras se evidencia que la parte demandada no dio oportuna contestación a la demanda incoada en su contra, ni aportó al proceso prueba alguna a su favor, estima necesario éste Juzgado de Municipio determinar si se encuentra ante la llamada Confesión Ficta de la parte demandada, prevista y sancionada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Pronunciamiento que se efectúa en los siguientes términos:
Dispone textualmente el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 362.- Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentencia la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento…”.
Es así, que el artículo antes transcrito, consagra la institución procesal de la Confesión Ficta, lo cual no es sino una sanción de un rigor extremo, prevista únicamente para el caso en que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados por ley, no haga contraprueba de los hechos alegados en el libelo, y la demanda no sea contraria a derecho.
Es claro, que la confesión ficta en un proceso sólo produce la presunción de considerar ciertas las afirmaciones de hecho contenidas en el libelo de la demanda, dejando el legislador en manos del demandado la posibilidad de demostrar sólo la falsedad de esos hechos, sin posibilidad de alegar otros nuevos, que ha debido exponer en la contestación de la demanda, pues ello conllevaría a prorrogar de manera ilegítima un lapso ya fenecido, violando con ello el principio de preclusividad de los actos procesales, en clara contravención al equilibrio procesal apremiando la conducta negligente del demandado rebelde (contumaz), permitiendo sorprender al actor con la alegación de nuevos hechos fuera de las oportunidades debidas y legales, de los cuales se encontraría impedido de desvirtuar por no haber sido enunciados en el respectivo acto de determinación de la controversia.
Se entiende en consecuencia, que si bien el silencio opuesto en algún acto procesal, o a una interrogación, no se considera como manifestación de voluntad, sí puede tener ese carácter en los casos en que exista una obligación de explicarse por la ley, en éste supuesto estaríamos en la falta de contestación a la demanda que da lugar a la denominada Confesión Ficta, o en otras palabras, a la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el Derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley deben aplicarse a los hechos establecidos.
En todo caso, si la parte demandada no contesta, ni prueba nada que le favorezca, ello no conduce de manera inexorable a la declaratoria de condena de la demandada, pues aún resta examinar si la demanda es contraria a derecho y si los hechos aceptados y no desvirtuados por el demandado, conducen a la consecuencia jurídica pretendida por el demandante
Posición que asume Mario Pesci Feltri Martínez, cuando en su obra “Estudios de Derecho Procesal Civil”, 2da. Edición, Caracas 2.000, explica:
(SIC)”…De acuerdo con el artículo 362 si el demandado no diere contestación a la demanda, dentro de los plazos indicados en el artículo 358 se tendrá por confeso, término éste que, contrariamente a los que suele creerse, no significa que el demandado conviene en los hechos puestos como fundamentos de la demanda, ya que el convenimiento en tales hechos, como se evidencia del significado literal de la palabra “convenimiento” y del que aquella atribuye nuestro legislador, supone aceptar que el hecho alegado por la parte contraria debe considerarse como verdadero. Los efectos que se derivan de la “confesión” no tienen su causa en el convenimiento del demandado en los hechos alegados por el demandante sino en el hecho de que al no contradecirlos ella, se libera al demandante de la carga de la prueba, liberación que obliga al Juez basar en tales hechos el dispositivo de la sentencia. En otras palabras, si una de las cargas fundamentales del demandante consiste en probar los hechos constitutivos de la pretensión y la carga probatoria existe únicamente respecto a los hechos contradichos por el demandado, al omitir éste la contradicción por no presentar oportunamente la contestación de la demanda, aquél queda liberado de tal carga por lo que los hechos alegados por el actor se presumen efectivamente ocurridos…
…La frase del artículo 362 que establece que el demandado “…se tendrá por confeso cuando no sea contraria a derecho la petición del demandante…” debe interpretarse en el sentido de que el hecho no contradicho por el demandado no debe ser comprobado por el demandante, y debe tenerse como efectivamente acaecido, pero éste reconocimiento no significa que tal hecho sea constitutivo del derecho puesto como fundamento de la demanda, creador de una determinada voluntad concreta de ley. Tal reconocimiento se le niega si no existe una relación de causalidad entre el hecho dado por demostrado y las consecuencias jurídicas (precepto) que el demandante persigue con la demanda. El que la demanda sea contraria a derecho no quiere decir que el Juez niegue que el hecho puesto como fundamento de la demanda haya ocurrido. Significa que, aún, cuando ciertos y admitidos como tales los hechos no contradichos, los efectos que de su acaecimiento no son los que pretende deducir el actor, ya que tales efectos no están previstos o aceptados por la legislación. En otras palabras, ninguna norma jurídica atribuye al acaecimiento de los hechos puestos como fundamentos de la demanda las consecuencias jurídicas que de ello pretende el demandante…”. (Fin de la cita textual).
O como lo dice el Profesor Ricardo Henríquez La Roche, en su libro “Código de Procedimiento Civil, Tomo III”, la figura contemplada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se asemejaría al proceso contumacia o juicio de rebeldía, el cual tendría como fundamento el principio de elasticidad o adaptabilidad del procedimiento a las particularidades propias de la causa. En efecto, tal aseveración, la realiza en los términos que siguen:
(SIC)”…En el caso específico del proceso en rebeldía, la Ley da una nueva oportunidad al demandado confeso para que promueva las contra-pruebas de los hechos admitidos fícticamente. Si tal promoción no es hecha, no habrá menester instrucción de la causa, desde que los hechos han quedado admitidos por ficción legal, y por lo tanto éste artículo 362 manda dictar sentencia sin Informes, en un plazo más breve de ocho días, los cuales se dejarán transcurrir íntegramente, a los fines del lapso de apelación. En éste caso el plazo que tiene el Juez para dictar sentencia es más breve que el ordinario, porque no hay pruebas que analizar ni hechos que reconstruir: se reputan ciertos los supuestos de hecho consignados en la fundamentación de la demanda…”. (Fin de la cita).
Todo lo cual podría ser resumido, en concatenación con el contenido del citado artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, en que los requisitos de procedencia para su declaratoria (Confesión Ficta del demandado), serían:
• Que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos legales previstos para ello;
• Que el demandado no probare nada que le favorezca durante el proceso, es decir, que el demandado no haya ejercido su derecho a promover y evacuar las pruebas que le favorezcan, o cuando habiéndolas promovido y evacuado, éstas no sean capaces de desvirtuar las alegaciones de la demandante, y;
• Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, en el sentido, de ser permitida y tutelado por el ordenamiento jurídico vigente, muy distinto a la improcedencia o infundada en derecho, es decir, que los hechos alegados no producen los efectos jurídicos pretendidos.
Pues así lo ha entendido nuestro máximo Tribunal de la República, cuando en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de Junio de 2.000, expresamente expuso:
(SIC)”…La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su incomparecencia tardía a la misma, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, que han debido ser esgrimidas en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que- tal como la pena mencionada en el artículo 362 -; se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca…”. Así se reitera.
La cual a su vez, fue ratificada por sentencia N° 00139 de la misma Sala de fecha 20 de Abril de 2.005, con Ponencia de la Magistrada Dra. Isbelia Pérez de Caballero, recaída en el expediente N° AA20-C-2004-000241.
Por lo que, en atención a las motivaciones anteriormente expuestas, a los efectos de decidir la controversia que nos ocupa, se observa:
En relación al primero de los presupuestos procesales para la procedencia de la confesión ficta, es decir, la falta de contestación a la demanda por parte de la demandada, éste Juzgado observa que conforme a lo que se desprende de los autos, la parte demandada en la presente causa, ciudadana Iris Castro de Ortega, portadora de la cédula de identidad N° 6.131.996, fue debidamente citada en fecha 21/04/2008, según se evidencia de la diligencia realizada en el expediente por la Secretaria del Juzgado, de fecha 23/04/08 la cual cursa al folio treinta y dos (32) del expediente, debiendo comparecer al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, oportunidad para la contestación a la demanda que precluyera, sin que dentro de la misma, la parte demandada diera contestación a la demanda incoada en su contra, configurándose con ello el primero de los supuestos para la procedencia de la confesión ficta, cual es, la contumacia de la demandada en dar contestación a la pretensión incoada en su contra. Así se decide.
Con relación al segundo de los presupuestos procesales previsto en el artículo 362 ya antes mencionado para la procedencia de la confesión ficta de la parte demandada, es evidente que la parte demandada, con su actitud contumaz no probó el hecho extintivo de la obligación demandada y mucho menos desvirtuó la pretensión de la actora, al no aportar al proceso prueba alguna que le favoreciera, constituyéndose con tal omisión el segundo de los presupuestos procesales para la procedencia de la confesión ficta bajo análisis. Así se decide.
Con respecto al presupuesto normativo que la petición del demandante no sea contraria a derecho, observa éste Juzgado, que en el planteamiento de la controversia, se indicó que la acción incoada es la referida al Desalojo, con la consecuente entrega del inmueble arrendado, en virtud de la falta de pago de los cánones de arrendamiento, lo que en atención a lo previsto en el artículo 34 literal “a” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, da lugar a la acción de Desalojo cuyo conocimiento y decisión compete a éste Juzgado de Municipio en concordancia con las disposiciones contenidas en la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, resultando permisible la acción incoada conforme al ordenamiento legal vigente y por ende tutelada por el Estado, cubriéndose con ello el tercer y último presupuesto de la norma, el cual es, que la acción no sea contraria a derecho. Así se decide.
En virtud de los pronunciamientos anteriormente expuestos y llenos como se encuentran los extremos indicados en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para éste Juzgado de Municipio, declarar la confesión ficta de la parte demandada, al derivarse de los hechos alegados y tenidos por aceptados tácitamente, las consecuencias jurídicas de condena pretendidas por la actora. Así se decide.

-DISPOSITIVO-
En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, éste Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del texto constitucional y por autoridad de la Ley, DECIDE:
-PRIMERO: Se declara la CONFESIÓN FICTA de la parte demandada en la causa, ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA, ya plenamente identificada en el presente fallo.
-SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la acción que por Desalojo incoaran los ciudadanos AMALOA HERMELINDA, YAMILE SUSANA, ALBERTO JOSÉ, YOLANDA GUILLERMINA, MARLENY JOSÉFINA y EDGAR JOSÉ BASTARDO GUERRA, actuando todos en su carácter de únicos y Universales Herederos del difunto ALBERTO BASTARDO, en contra de la ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA, ambos plenamente identificados en el presente fallo, debiendo éste último proceder a la entrega material del inmueble constituido por un terreno y la casa sobre él construido, ubicada en Manicomio, Sector Loma Colorada, Alcabala de Catia, calle Santa Barbara, distinguida con el Nº 28-1, Parroquia La Pastora, Municipio Libertador del Distrito Capital
-TERCERO: Se condena a la parte demandada, ciudadana IRIS CASTRO DE ORTEGA, a efectuar a favor de la parte actora, el pago de la cantidad de Seis Mil Trescientos Bolívares Fuertes, (BF. 6.300,00) por concepto de cánones insolutos desde el mes de Mayo a Diciembre de 1997, ambos inclusive, Enero a Diciembre de 1998, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 1999, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2000, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2001, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2002, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2003, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2004, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2005, ambos inclusive; Enero a Diciembre de 2006, ambos inclusive, y Enero a Octubre de 2007, cada uno a razón de Cincuenta Bolívares Fuertes (Bf. 50,00), más aquellos que se sigan venciendo hasta que recaiga sentencia definitivamente firme en la causa, cada uno a razón de Cincuenta Bolívares Fuertes (Bf. 50,00).
-CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del proceso a la parte demandada en la causa, al resultar totalmente vencida en la misma.
-QUINTO: Se hace del conocimiento de las partes que el presente fallo es proferido dentro del término legal previsto para ello por el artículo 887 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta innecesaria su notificación

-PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de éste JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los QUINCE (15) días del mes de MAYO del año DOS MIL OCHO (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR.

NELSON GUTIERREZ CORNEJO.

LA SECRETARIA

ABG. KAREN SÁNCHEZ OSUNA

En la misma fecha, siendo las TRES Y CATORCE MINUTOS DE LA TARDE (03:14 P.M) se publicó y registró la anterior decisión, quedando anotada bajo el Asiento N° 23 del Libro Diario del Juzgado.
LA SECRETARIA

ABG. KAREN SÁNCHEZ OSUNA

NGC/KS
Asunto N° AP31-V-2007-002403
11 Páginas, 01 Pieza.