TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Vistos, con informes de los recurrentes.
Parte actora: Ciudadana NATALIE MICHELLE BEYJOUN MACHTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.976.279.
Apoderados judiciales de la parte actora: Abogado OSWALDO ROJAS BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad Nº V- 4.638.981, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 23.305.
Parte demandada: Ciudadana JENNIFER SALMA BEYJOUN MACHTA, de nacionalidad estadounidense, identificada con la cédula de identidad Nº E.- 82.050.923.
Apoderados judiciales de la parte demandada: Abogado ANTONIO TAUIL SAMAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.- 496.614 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7. 196.
Acreedores hipotecarios: Ciudadanos EGBERT DITTMER MANZANO y LIVA CIRA RODRÍGUEZ DE DITTMER, de nacionalidad venezolana el primero y norteamericana la segunda, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-2.840.096 y E.-82.101.581, respectivamente.
Apoderados judiciales de los Acreedores Hipotecarios: Abogados SANTIAGO GIMÓN ESTRADA, ENRIQUE TROCONIS SOSA, BEATRIZ ROJAS MORENO, HERMINIA PELÁEZ BRUZUAL, ANDREINA VETENCOURT GIARDINELLA y JOSÉ MANUEL GIMÓN ESTRADA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 6.900.653, V.-9.879.654, V.-11.942.100, V.-6.972.483, V.-11.314.145 y V.-11.737.500, respectivamente, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.477, 39.626, 75.211, 35.196, 85.383 y 96.108, también respectivamente.
MOTIVO: PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD.-
Expediente Nº 13.403.-
-II-
RESUMEN DEL PROCESO
Conoce este Juzgado Superior de este asunto, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 06 de octubre de 2008, por la abogada ANDREINA VETENCOURT GIARDINELLA, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos EGBERT DITTMER MANZANO y LIVA CIRA RODRÍGUEZ DE DITTMER, contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 1º de octubre de 2008, a través de la cual, se negó a darle cabida a las pruebas promovidas por la representación judicial de los ciudadanos EGBERT DITTMER MANZANO y LIVA CIRA RODRÍGUEZ DE DITTMER.
Se inició el juicio que da origen a estas actuaciones, mediante libelo de demanda presentado por la ciudadana NATALIE MICHELLE BEYJOUN MACHTA, asistida por el abogado OSWALDO ROJAS BRICEÑO, el día 1º de noviembre de 2007, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
En virtud del sorteo respectivo, le fue asignado el conocimiento de la causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
Admitida la demanda y tramitado el proceso, como consta de las actuaciones remitidas a este Tribunal Superior, durante el lapso probatorio, como fue indicado, el Tribunal de la causa, el día 1º de octubre de 2008, se negó a darle cabida a las pruebas promovidas por los recurrentes.
Apelada la decisión y remitidos los autos a esta alzada, el día 17 de noviembre de 2008, se le dio entrada al expediente y se fijó oportunidad para que las partes presentaran sus respectivos informes.
El día 19 de enero de 2009, los abogados ENRIQUE TROCONIS SOSA Y ANDREINA VETENCOURT GIARDINELLI, apoderados de los apelantes, trajeron ante este Juzgado, sus correspondientes informes, los cuales se analizarán más adelante.
El día 16 de febrero de 2009, la Secretaria del Tribunal, dejó constancia que dentro del lapso previsto para presentar observaciones, ninguna de las partes compareció a formular las mismas.
El Tribunal dijo “Vistos” y en la oportunidad para dictar sentencia, pasa a hacerlo en los siguientes términos:
-III-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El Tribunal de la causa, pronunció la decisión apelada, en los siguientes términos:
“…Ahora bien, este Tribunal observa:
PRIMERO: Que en fecha 01 de noviembre de 2007, fue introducido por ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, libelo demanda por Partición incoado por la ciudadana Natalie Michelle Beyjoun contra la ciudadana Jennifer Salama Beyjoun, siendo que en fecha 21 de noviembre de 2007, este Tribunal procede a admitir la presente demanda ordenando la comparencia de dicha ciudadana dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de citaciones que hubieren de practicarse.
Así mismo, en el libelo de demanda, la actora solicita la citación de los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano, Liva Cira Rodríguez de Dittmer, Camilla Nasr…sic… y Maha Machta de Nasr, en su carácter de acreedores hipotecarios del inmueble objeto del presente litigio.
Ahora bien, pudo verificar este sentenciador que en ningún momento la parte actora demanda a los acreedores hipotecarios, simplemente se limita a solicitar la citación de aquellos a fin de que tengan conocimiento con respecto al presente litigio, tal cual como puede desprenderse del libelo de demanda y del auto de admisión de la misma, motivo por lo cual no forman parte de la litis trabada en el caso que aquí se ventila, es por ello que mal pudiera este Tribunal darle cabida alguna a las pruebas promovidas por éstos. Y así se establece…” (Resaltado esta alzada)

La representación judicial de los recurrentes, en su escrito de informes presentado ante esta Alzada, solicitó fuera declarada con lugar la apelación formulada por ellos; fuera declarada la nulidad del auto de admisión de las pruebas de fecha 1º de octubre de 2008 y se repusiera la causa al estado de que el Juzgado a-quo se pronunciara sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de cada una de las pruebas promovidas por sus representados.
A tal efecto, adujeron los referidos mandatarios, lo siguiente:
Que en el auto de admisión de la demanda que por Partición incoara la ciudadana Natalie Michelle Beyjoun Machta contra la ciudadana Jennifer Salma Beyjoun Machta, el Juzgado de la causa, había considerado a sus representados, como partes de la acción de partición que da inicio a este proceso; cuya citación también había sido acordada en el auto de admisión de la demanda.
Que se había ordenado el emplazamiento de sus representados, para que dieran contestación a la demanda; que el a-quo había ordenado a la actora, que consignara las copias necesarias para que se les libraran las compulsas correspondientes, acompañadas de sendas boletas de citación.
Que ante el llamado del Juez de primera instancia, habían concurrido al proceso y habían expuesto las defensas que consideraron pertinentes, a los fines de ejercer la mejor defensa de aquellos derechos que sus representados estimaban que les pudieran ser cercenados en la definitiva que el Juzgado a-quo, pudiera llegar a pronunciar, en la acción de partición intentada y en cuyas resultas, tenían éstos, legítimo y legal interés.
Que sus poderdantes, además tenían la cualidad plena y necesaria para ser parte en el presente juicio y ejercer sus poderes de defensa; que resultaba ampliamente contrario a Derecho la negativa del Tribunal de la causa, el haberlos considerado como “no partes” en la acción referida.
Que de acuerdo al auto de admisión de la demanda, el Juez de la primera instancia, había ordenado la comparecencia de sus representados, para que dieran contestación a la demanda en el lapso establecido en la legislación.
Que en ningún momento en el mencionado auto de admisión de la acción, se había señalado que se había ordenado la citación de sus representados para que tuvieran conocimiento de la demanda; sino para que, dieran contestación a la misma.
Alegaron los apoderados de los recurrentes, que no entendían las razones por las cuales el Juzgado a-quo, en la etapa de pruebas, no los había considerado parte interviniente en el litigio; que sus representados poseían un interés directo y, así habían sido considerados inicialmente, tanto por la parte actora, como por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
Que dicha circunstancia se evidenciaba del llamado que había hecho a sus representados, a comparecer al proceso y a contestar la demanda, por el Juzgado en cuestión.
Que con la negativa del Juez de la recurrida a pronunciarse sobre la admisibilidad o no, de las pruebas promovidas por sus representados, le habían vulnerado los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna, ya que les habían negado el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, lo cual atentaba contra lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cumplidos los trámites procesales, revisados los alegatos y la recurrida, esta Alzada pasa a dictar sentencia y a tales efectos, observa:
La decisión cuyo conocimiento fue sometido a este Tribunal Superior, como fue indicado, es el auto a través del cual, el Juez de la causa, se negó a darle cabida a las pruebas presentadas por la representación judicial de los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano, Liva Cira Rodríguez de Dittmer, por cuanto no formaban parte de la litis trabada en el caso que se ventilaba.
Ahora bien, observa esta Alzada que la parte actora ciudadana Natalie Michelle Beyjoun, a través de su apoderado judicial demandó a la ciudadana Jennifer Salma Beyjoun Machta, por partición de comunidad sobre los derechos y acciones que le pertenecían en un bien inmueble propiedad de ambas ciudadanas, según se evidenciaba del documento de compraventa protocolizado en el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 24 de mayo de 2002, registrado bajo el Nº 13, Tomo 06, Protocolo Primero; que el referido inmueble estaba ubicado en el Municipio Baruta del Estado Miranda, y se encontraba marcado con la parcela Nro. 79 y la casa-quinta sobre ella construida denominada “Canadá”, situados en la Calle Arturo Michelena, sector Los Naranjos de la Urbanización Las Mercedes.
Alegó la parte actora en su libelo de demanda, que sobre el bien objeto de la controversia, pesaban dos hipotecas convencionales: 1) Hipoteca de primer grado, a favor de los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Liva Cira Rodríguez de Dittmer, la cual había sido constituida por la suma de Doscientos Seis Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$. 206.000), para asegurar el pago de Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US.$ 173.500), según documento debidamente registrado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 29 de noviembre de 2002, bajo el Nº 34, Tomo 08, Protocolo Primero; y, 2) Hipoteca convencional de segundo grado, a favor de los ciudadanos Camilla Nars Zein y Maha Machta de Nars, constituida por la cantidad de Doscientos Ochenta y Tres Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US.$ 283.000,00), según documento registrado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 6 de abril de 2004, bajo el Nº 16, Tomo 01, Protocolo Primero.
Solicitó la parte actora en su libelo de demanda, que fueran citados los acreedores hipotecarios, ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Liva Cira Rodríguez de Dittmer.
Observa este Tribunal, que el Juzgado de la causa, en fecha 21 de noviembre de 2007, admitió la demanda y ordenó emplazar a los ciudadanos Jennifer Salma Beyjoun Machta, a los acreedores hipotecarios Egbert Dittmer Manzano, Liva Cira Rodríguez, así como a los ciudadanos Camilla Nars Zein y Maha Machta de Nars, a los fines de que comparecieran dentro de los veinte (20) días de despacho siguiente a la última citación que de ellos se hiciera, para que dieran contestación a la demanda.
Citadas las partes, los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Liva Cira Rodríguez, en su carácter de acreedores hipotecarios, a través de su apoderado judicial abogado Enrique Troconis Sosa, procedieron a dar contestación a la demanda.
Posteriormente los abogados Enrique Troconis Sosa y Andreína Vetencourt Giardinella, en representación de los acreedores hipotecarios, ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Livia Cira Rodríguez de Dittmer, como fue indicado, procedieron a promover pruebas, a las cuales el Tribunal de la causa, no les dio cabida, como se ha dicho a lo largo de esta decisión, por cuanto no formaban parte de la litis trabada, ya que la parte actora, no había demandado a los acreedores hipotecarios, que solamente la parte actora se había limitado a solicitar la citación de aquéllos, a fin de que tuvieran conocimiento, con respecto al presente litigio.
De lo anterior se desprende, como se dijo, que en el auto de admisión de la demanda, que el Juez de la causa, a solicitud de la parte actora, ordenó la citación de los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano, Liva Cira Rodríguez de Dittmer, como acreedores hipotecarios, a fin de que dieran contestación a la demanda.
Ante dicha circunstancia, considera esta Sentenciadora, que si en la oportunidad de la admisión de la demanda, el juez de la primera instancia incorporó como parte en el proceso, a los ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Liva Cira Rodríguez de Dittmer, al ser llamados a dar contestación a la demanda, quienes además, comparecieron al juicio, mal puede, entonces, el Juez, bajo el argumento de que “no forman parte de la litis trabada en el caso que aquí se ventila”, no admitir las pruebas promovidas por los mencionados ciudadanos, toda vez que, de considerar ello, en esa oportunidad ha debido pronunciarse mediante auto motivado, sobre tal situación, para así garantizarles el derecho a la defensa y así poder ejercer los recursos que a bien tuvieren, a fin de que fuese determinada su partición en el proceso. Así se establece.
Considera esta Juzgadora entonces, en esta etapa del proceso y como quiera que dichos ciudadanos, por mandato del Tribunal de primera instancia comparecieron a juicio, que lo conducente en este caso, era pronunciarse sobre la admisión o no de las pruebas producidas. Así se establece.
En vista de lo anterior, es forzoso concluir para este Tribunal, que el juez del a-quo, no actúo ajustado a derecho, ya que, a criterio de quien aquí decide, debió analizar las pruebas promovidas por los acreedores hipotecarios, ciudadanos Egbert Dittmer Manzano y Liva Cira Rodríguez de Dittmer y emitir su pronunciamiento. En consecuencia, la apelación interpuesta por la representación judicial de los acreedores hipotecarios, debe ser declarada con lugar y lo procedente es ordenar al Tribunal de primera instancia, se pronuncie en cuanto a las pruebas promovidas por los ciudadanos antes mencionados. Así se declara.