TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Años: 198° y 149°

EXP. No. AP31-V-2009-000739
DEMANDANTES: DOMINGO ELIAS ALVAREZ ROSQUETE, FRANCISCO ROSQUETE GONZALEZ, LERMIT ROSQUETE GONZALEZ, WILIAMS ROSQUETE GONZALEZ Y EREMITA GONZALEZ DE ROSQUETE, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.441.992, 10.627.034, 11.993.934, 6.848.162 y E-838.061, respectivamente, representados judicialmente por la abogada BERTHA MENDEZ MONTERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 71.609.

DEMANDADA: BLANCA ELENA PERNÍA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 2.960.605, sin apoderado judicial constituido.

MOTIVO: RESOLUCION y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
I

Se inicia este procedimiento mediante libelo de demanda interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora abogada BERTHA MENDEZ MONTERO, por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, correspondiéndole el conocimiento de la presente causa a este Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Como hechos constitutivos de la pretensión procesal sometida a la consideración de este Tribunal, afirma la apoderada judicial de la parte actora entre otras cosas lo siguiente:
LOS HECHOS:

a) Que sus representados son propietarios de un inmueble constituido por una casa y el terreno sobre el cual está construida distinguido con el Nº 91-1, ubicado en el cruce de las calles Méjico y Aguadilla de la Urbanización Nueva Caracas, Jurisdicción del Municipio Sucre del Municipio Libertador del Distrito Capital.
b) Que desde el 01-05-1998, se ha mantenido una relación arrendaticia determinada con la ciudadana BLANCA ELENA PERNIA (antes identificada), sobre un apartamento con entrada independiente destinado a vivienda familiar distinguido con Nº 92-2, el cual forma parte del inmueble antes identificado, según consta en contrato privado suscrito entre la ciudadana BLANCA ELENA PERNIA (antes identificada), y la Sociedad Mercantil “AVERGAR, S.A”, en fecha 01-05-1998, quienes a su vez ceden y transfieren los derechos y beneficios, obligaciones que tienen como mandatarios del propietario en fecha en fecha 19-03-2009.
Que la parte demandada le adeuda a su mandantes la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 3.974,20), correspondiente a los cánones de arrendamientos vencidos e insolutos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2004, enero a diciembre de 2005, enero a diciembre de 2006, enero a diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, a razón de CINCUENTA Y UN MIL BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.F. 51,35) cada uno, y al pago de la cuota parte mensual consecutiva correspondiente a los servicios de Electricidad, agua y aseo de los meses y años antes referidos, a razón de DOCE BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 12,75), cada uno, por lo que se intenta la presente demanda.
Finalmente la parte actora estimó la demanda en la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 3.974,20).
De la anterior síntesis, se evidencia que:
La parte actora demanda la resolución del contrato de arrendamiento y aunado a ello, en el petitorio del libelo de la demanda pide que se le pague, lo siguiente: “….SEGUNDO: A pagar a la parte actora la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs.F. 3.974,20), correspondientes a los cánones de arrendamientos vencidos e insolutos correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de 2004, Enero a Diciembre de 2.005, Enero a Diciembre de 2.006, Enero a Diciembre de 2.007, Enero a Diciembre de 2.008, Enero y Febrero del año 2.009, a razón de CINCUENTA Y UN BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (Bs F.:51,35) cada uno, y al pago de la cuota parte mensual consecutiva correspondiente a os servicios de Electricidad, agua y aseo de los meses y años antes referidos, a razón de DOCE BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bsf. 12,75), cada uno; más los meses que se siguieren venciendo hasta la entrega real, física y efectiva del inmueble objeto de arrendamiento por parte del arrendatario.…”

En este sentido el artículo 1167 del Código Civil establece:
“Artículo 1167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ellos.”

El artículo antes citado es el fundamento legal para intentar la acción de cumplimiento de contrato o resolución de contrato y si hubiere lugar a ello, con cada una de estas acciones los daños y perjuicios, entendiéndose que cuando se demanda el cumplimiento de un contrato, lo que se busca es que se cumpla con lo establecido o acordado por las partes en el mismo y tiene efectos hacia el futuro, caso contrario ocurre, cuando se demanda la resolución de un contrato, ya que el efecto que produce la misma, es volver la situación al estado en el que se encontraba antes de celebrar el contrato, como si este no se hubiese firmado, tal y como lo estableció el Dr. ELOY MADURO LUYANDO en su libro CURSO DE OBLIGACIONES, año 1986, página 592, cuando dijo:

“La resolución tiene efectos retroactivos. El contrato bilateral terminado por resolución se considera extinguido, no desde el momento en que la resolución se declara, sino que mediante una ficción jurídica se considera, como que si jamás hubiese existido contrato alguno….”

En este mismo orden de ideas, el Dr. EMILIO CALVO BACA, en el Código Civil comentado, edición 2003, páginas 645 y 647 estableció:

“…..Efectos de la resolución.
La doctrina señala como efectos principales los siguientes:
1° La terminación del contrato bilateral, que al ser declarado resuelto se extingue. ahora bien, el contrato se considera terminado, no desde el momento en que se declara la resolución, sino que se considera como si jamás hubiese existido, volviendo las partes a la misma situación en que estaban antes de contratar.
2° Un efecto retroactivo, mediante el cual el contrato se considera como si efectivamente jamás hubiese sido celebrado. Como consecuencia tenemos:
Las partes vuelven a la misma situación precontractual, en que se encontraban antes de celebrar el contrato y, por tanto, deben devolverse mutuamente las prestaciones recibidas con motivo de las obligaciones que hubiesen ejecutado durante la vigencia del contrato.
3° La parte cuyo incumplimiento culposo da motivo a la resolución queda obligada a la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución cause a la parte accionante. Para algunos autores, la acción por daños y perjuicios es subsidiaria de la de cumplimiento o de la de resolución de los contratos bilaterales. Es decir, para que proceda la acción por daños y perjuicios debe haberse pedido necesariamente el cumplimiento o la resolución del contrato….”

Por otra parte, en sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de Marzo de 2003, caso AUTO EQUIPOS CACAO, C.A., contra NACIONAL CHEMSEARCH, S.A., expediente 03-8785, Ponente: Juez Asociado Dr. JOSE MIGUEL JUNCAL R., se estableció:

“…..Considera el tribunal, que, efectivamente, se ejercieron, de manera conjunta, las acciones de resolución y cumplimiento de contrato, toda vez que la accionante reconvenida, demanda la resolución del contrato de arrendamiento y el pago de cánones derivados y los futuros, sin apuntar que lo hace de manera subsidiaria o diferenciar que lo hace por concepto de daños y perjuicios; al respecto el artículo 1.167 del código civil, establece: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”
Dicha norma ha sido y sigue siendo interpretada de la manera siguiente: La actora en su libelo, acumula a la solicitud de resolución del contrato la pretensión del pago del monto del crédito acordado por “Corpoindustria”. Pero esto es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual si es-ciertamente- una acumulación indebida. Así se declara (C.S.J. Sala Político Administrativa- 10 de Octubre de 1990, Tomo Fuente: Ramírez & Garay, Tomo 114, Pág. 578).
Quienes suscribimos el presente fallo consideramos que la ley objetiva y el contrato celebrado por las partes, no permite el ejercicio conjunto de ambas acciones (resolutoria y cumplimiento), según lo dispuesto en el artículo 1.167 del Código civil, trascrito supra……por otra parte, el tribunal se encuentra en la imposibilidad jurídica de declarar con lugar ambas acciones de manera simultanea como lo solicita la accionante-reconvenida, …… por las razones que anteceden, debe declararse sin lugar la demanda por ser contraria a derecho, en virtud de que este tribunal no puede acordar de manera simultanea la resolución del contrato y que el mismo siga teniendo efectos hacia el futuro…toda vez que lo procedente era demandar la resolución junto con el pago de los daños y perjuicios…..”

Por lo que es evidente que en el presente juicio, se procedió a la acumulación indebida de dos (2) acciones, que si bien, se siguen por el mismo procedimiento, cada una produce un efecto diferente, en este mismo orden de ideas, se debe indicar, que la actora pretende que se declare la resolución del contrato de arrendamiento, lo cual traería como consecuencia, lo expresado por los juristas y la sentencia antes citada, un efecto retroactivo, mediante el cual el contrato se consideraría como si efectivamente jamás hubiese sido celebrado, las partes vuelven a la misma situación precontractual, es decir, tiene efecto hacia el pasado y al mismo tiempo, pretende la actora, que se le paguen los cánones de arrendamiento adeudados desde Enero de 2004 hasta Febrero de 2009 y al pago de la electricidad, agua y aseo de los meses antes citados, más los meses que se siguieren venciendo hasta la entrega real física y efectiva del inmueble objeto de arrendamiento por parte del arrendatario, montos estos que en ningún momento demandó como daños y perjuicios, por lo que, mutatis mutandi, se aplica la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1618, expediente N° 03-2946, de fecha 18 de Agosto de 2004, caso Industria Hospitalaria de Venezuela 2943; en donde entre otras cosas señaló:

“…. Que como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones por tener procedimientos distintos, el juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada… En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que este ultimo, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla…La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el Juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto en la presente causa, como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, …….El Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada. En vista de lo anterior, cuando el Juzgado de Retasa constituido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no se pronuncio respecto de la inepta acumulación de pretensiones, conculco a la accionante su derecho al debido proceso…” (Subrayado del Tribunal)

Claramente se observa que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser “CONTRARIA A DERECHO”.
Con fundamento en las normas invocadas y en acatamiento a las sentencias parcialmente transcritas, vinculante para todos los Tribunales de la República, a la luz del artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y con vista en que en el caso sub-iuduce la parte actora realizo la acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto la resolución, como el cumplimiento del contrato de arrendamiento. En consecuencia, es forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE, por ser contraria a derecho la acción intentada por,
DOMINGO ELIAS ALVAREZ ROSQUETE, FRANCISCO ROSQUETE GONZALEZ, LERMIT ROSQUETE GONZALEZ, WILIAMS ROSQUETE GONZALEZ Y EREMITA GONZALEZ DE ROSQUETE, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.441.992, 10.627.034, 11.993.934, 6.848.162 y E-838.061 respectivamente; representados judicialmente por la abogada BERTHA MENDEZ MONTERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 71.609 contra la ciudadana BLANCA ELENA PERNÍA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 2.960.605, sin apoderado judicial constituido, por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
Regístrese y Publíquese la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en Caracas, a los (13) días del mes de Abril de 2009. Años 197° y 148°.
LA JUEZ TITULAR,

Abg. LORELIS SÁNCHEZ.
ELSECRETARIO TITULAR.,

Abg. EDUARDO GUTIERREZ

En esta misma fecha, siendo las 2:15 de la tarde, se registró y publicó la anterior sentencia.
ELSECRETARIO TITULAR.,

Abg. EDUARDO GUTIERREZ

Exp N° AP31-V-2009-000739