REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Juez Unipersonal Nº VI
Caracas, 21 de enero de 2009
198º y 149º
Asunto: AP51- V-2007-007371
Motivo: Divorcio Contencioso
Demandante: RAMONA ALTAGRACIA GONZALEZ DE HADDAD, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V.-13.253.011.
Apoderada Judicial de la Parte Demandante: CARMEN ADRIANA MARTINEZ, abogada en ejercicio y debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N°43.320.
Demandado: ERWIN ARMANDO HADDAD CORDERO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V.-5.217.646.
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Revisadas exhaustivamente como han sido las actas procesales del presente asunto signado bajo el Nº AP51-V-2007-007371, contentivo de la demandad de Divorcio Contencioso, presentada por la ciudadana CARMEN ADRIANA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.233.688, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 43.320, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana RAMONA ALTAGRACIA GONZALEZ DE HADDAD, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N°13.253.011, contra el ciudadano ERWIN ARMANDO HADDAD CORDERO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-5.217.646; el ciudadano Juez, Dr. JOSE ALBERTO NUNES MARQUINA, se aboca al conocimiento de la presente causa, en el estado en que se encuentra. Ahora bien, por cuanto se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que las partes no han realizado ningún acto de procedimiento, verificándose de pleno derecho la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente demanda de Divorcio Contencioso, de acuerdo a lo establecido en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 269 eiusdem. Al respecto, este Tribunal considera oportuno citar el criterio expuesto en sentencia dictada el 1 de junio del 2001 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Frank Valero González donde se establece lo siguiente:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada Perención de la Instancia… En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil… Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actúo después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (casos del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.
Estos términos no son otros que los indicados en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil:
1) El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes…”

En el caso de autos es cierto que las partes, no han realizado ningún acto procedimental en esta causa desde hace más de un año por lo que se ha verificado la Perención de la Instancia, y Así se decide. Por las razones antes expuestas, este JUEZ UNIPERSONAL N ° VI DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente asunto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia ordena el cierre y archivo del presente asunto y así se decide. Cúmplase lo ordenado.-
EL JUEZ,

DR. JOSE ALBERTO NUNES MARQUINA
LA SECRETARIA

ABG. KATTY SOLORZANO

ASUNTO: AP51- V-2007-007371