Por cuanto el apoderado judicial de la parte actora, abogado MAURO RODRIGUEZ SEIJAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº-7.281.963, Inpreabogado el N° 101.367, actuando en representación del ciudadano RANDI ANTONIO FLORES HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, identificada con la cedula de identidad Nro. 18.616.703, en el presente juicio por Cobro de Prestaciones Sociales en contra de POLLO EN BRASA LOS MORROS C.A, no subsanó correctamente el libelo de demanda, donde se le indicaba al apoderado actor con facultades expresas en poder que cursa a los autos del presente asunto los términos en que debía cumplir tal subsanación. En tal sentido y a juicio de quien decide, la parte accionante no cumplió con el requerimiento ordenado, contemplado en el Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siendo este requisito sine qua non, a los efectos de identificar la pretensión, e identificación de la demandada, para que pueda ejercer su derecho a la defensa ilimitadamente y se garantice el debido proceso y la búsqueda de la verdad material por encima de las formas, aplicando la justicia de acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna. Es importante resaltar, que el Despacho Saneador es un instrumento del cual dispone el Juez, para corregir o sanear los defectos formales que contenga el libelo que impidan u obstaculicen el ejercicio de la defensa de la contraparte, al no estar debidamente especificados los supuestos que satisfagan plenamente los requisitos legalmente exigidos, por cuanto las incidencias de las cuestiones previas han sido eliminadas en este proceso, siendo obligación del juez purificarlo de vicios sustanciales que afecten las garantías y derechos de las partes constitucionalmente establecidas. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de Abril del 2005 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, expresó: “….El despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar al proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defecto el libelo, por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad, sino la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como son la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda). El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues debe respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva….” En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara INADMISIBLE LA DEMANDA, por cuanto el demandante, no subsanó el libelo conforme a lo ordenado por el Tribunal, en la oportunidad correspondiente. Así se resuelve. Publíquese regístrese y déjese copia autorizada. LA JUEZA, ABG. MARIA MILAGROS SALAZAR LA SECRETARIA, ABG. DILEXI GARCIA En la misma fecha se acordó lo ordenado y se publicó la anterior decisión siendo las tres y cinco (03:20 P.M.) horas de la tarde. Secretaria,