REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXP.: AP31-M-2008-000535
PARTE ACTORA: BAMPLUS BANCO COMERCIAL, C.A antes denominada BANPLUS ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A cuya última modificación estatuaria, fue asentada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 23 de febrero de 2007, bajo el N° 77, Tomo 31-A-sgdo.
ABOGADOS DE LA PARTE ACTORA: JOSE RAFAEL GAMUS y LOURDES NIETO FERRO, abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajos los Nros. 37.756 y 35.416, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: FERNANDO DEL PINO MACHADO, venezolano, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-12.625.812.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene constituido en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
Se inicia el presente juicio por Cobro de Bolívares, en la cual la sociedad mercantil Banplus dio un préstamo a interés, al ciudadano Fernando Del Pino Machado, antes identificado, por la cantidad de DIECISIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F 17.000,00), por concepto de gastos personales. Para ser cancelado en treinta y seis (36) cuotas consecutivas, pagaderas al vencimiento de los treinta (30) días siguientes de la firma del documento notariado del préstamo, fijándole una cuota mensual en la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F. 291,36) estipulando tres (3) cuotas mensuales especiales a fin de ser canceladas de la siguiente manera: a) TRES MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 3.000,00) en diciembre de 2007; b) TRES MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 3.000,00) en diciembre de 2008 y c) SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 7.000,00) en diciembre de 2009. La cuota inicial estaba sujeta a variaciones mensuales, en función de la tasa de rendimiento que fijase Banplus en los cinco días hábiles anteriores a cada período mensual. Fijando una primera cuota en una tasa de interés del diecisiete por ciento (17%). El demandado se obligó a comunicarse con el Banco en los cinco últimos días hábiles para informarse acerca del monto a cancelar en cada período mensual. Asimismo se estableció que si durante la vigencia del contrato que el Banco Central de Venezuela o cualquier otro organismo competente optare en uso de sus atribuciones legales por fijar las tasas activas y pasivas para los Bancos y otras Instituciones Financieras, Banplus procedería de inmediato ajustar la tasa de interés aplicable al presente contrato. Asimismo el contrato expresa que la falta de pago oportuno de dos (2) mensualidades daría derecho a exigir el cumplimiento fiel y exacto del contrato y en uno u otro caso y Banplus tendría derecho a cobrar al deudor los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Tal es el caso de mora se aplicará la tasa que fije el comité de crédito, incluyendo los gastos de cobranza y honorarios de abogados que se estipularon en la suma de un diez por ciento (10%) del monto para las cobranzas extrajudiciales y el treinta por ciento (30%) para las cobranzas judiciales. Como garantía el demandado se obligó a constituir lo que correspondería por concepto de prestaciones sociales, en razón de que es empleado de Banplus. Tal es el caso que el demandado dejó de cancelar las cuotas mensuales vencidas desde el 3 de julio de 2007, incurriendo de esta manera en los casos de incumplimiento antes señalados. Teniendo el préstamo un monto insoluto por la suma de CATORCE MIL SIESCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. F. 14.641,87).
En fecha 02/10/08, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la parte demandada, para que comparezca dentro de los veinte (20) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de su citación que del demandado se haga, a los fines que de contestación a la demanda en su contra incoada.
En fecha 23/10/2008, la parte actora consignó los fotostatos para la compulsa de citación del demandado.
En fecha 27/10/2008 se libró la compulsa de citación.
En fecha 03/11/2008 compareció la parte actora y dejó constancia de haber consignado los recursos necesarios para la práctica de la citación del demandado, ratificó la medida de prohibición de enajenar y gravar y señaló la dirección del demandado.
En fecha 20/11/2008 compareció el Alguacil del Despacho y dejó constancia de su imposibilidad de citar personalmente al demandado.
Ahora bien, no habiendo ninguna otra actuación por ninguna de las partes, éste Tribunal considera necesario hacer el siguiente análisis:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el ejusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 20 de noviembre de 2008, fecha en la cual compareció el Alguacil del Despacho manifestando su imposibilidad de citar al demandado y hasta la presente fecha transcurrieron en exceso los treinta días continuos que tiene la actora para cumplir con su obligación de impulsar la citación del demandado, por lo que al no estar dentro de lo estipulado dicho impulso, observamos en la presente situación encuadra en el ordinal 1° del articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia.
Aunado a lo antes señalado, mediante sentencia dictada por el Supremo Tribunal en Sala de Casación civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. N°. AA20-C-2001-000436, se señaló: “...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el lugar señalado a los fines de practicar la citación de la parte demandada, se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del tribunal. En consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación de la parte demandada.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
DECISION
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica la intimación de esta, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.
Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009). Años: 198º y 149º.
LA JUEZ
ABG. IRENE GRISANTI CANO
EL SECRETARIO ACC,
ABG. EMILIO BENJAMIN EZAINE
En esta misma fecha siendo las 2:00 p.m., se registró y publicó la presente decisión.
EL SECRETARIO ACC,
ABG. EMILIO BENJAMIN EZAINE
IGC/EE
EXP. AP31-M-2008-000535
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