TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO PRINCIPAL: JP01-P-2009-000257
ASUNTO : JP01-P-2009-000257

En el presente asunto jurídico penal N° JP01-P-2009-000257, se llevó a efecto, en fecha : 30/01/2009, la celebración de la audiencia de presentación, cuya acta cursa del folio 64 al 67, en dicho acto, el ciudadano Fiscal Auxiliar Decimoséptimo (17°) del Ministerio Público, abogado Justo Germán Flores Infante, presentó al ciudadano CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, en la condición de presunto imputado de la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO O SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Patrimonio Público, de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 248 y 373, todos del Código Orgánico Procesal Penal; solicitando esa representación fiscal a este juzgado, lo siguiente:

• Se decrete el Procedimiento Ordinario en el presente asunto, para seguir con las averiguaciones del caso hasta su total esclarecimiento y la aprehensión en flagrancia.
• Se decrete Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, contra el presunto imputado.

En ese estado, estando presente el presunto imputado ya mencionado, el tribunal le advirtió del derecho de nombrar un abogado de su confianza o solicitar al tribunal la designación de un Defensor Público Penal, quien manifestó tener dos abogados de confianza, que lo asistirían y representarían en dicho acto, por lo que este juzgado, procedió a tomarles la aceptación o excusa, así como el juramento de ley, a los abogados en ejercicio y de este domicilio, Yorman Torrealba y Edwin Ribas, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 9.411.254 y 14.642.140, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 44.086 y 120.056, respectivamente; quienes estando presentes, aceptaron el cargo y juraron cumplir bien y fielmente las condiciones inherentes al mismo.

Acto seguido, este tribunal impuso al imputado, CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, del Precepto Constitucional, establecido en al artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 131 al 137, todos del Código Orgánico Procesal Penal; quedando plenamente identificado en el acta respectiva, quien manifestó su deseo en no declarar y en su defecto, se acogió al Precepto Constitucional.

Seguidamente se concedió la palabra a la defensa privada, representada por uno de los abogados del imputado, este es, Yorman Torrealba, quien expuso sus respectivos alegatos.

Este órgano jurisdiccional, oídas en Sala las exposiciones de las partes y revisadas de manera minuciosa las actuaciones contenidas en este asunto jurídico penal, estima en la presente fundamentación que:

DEL DERECHO

Se estima, que de los autos se desprenden elementos de convicción procesal sobre la comisión del delito de: APROVECHAMIENTO O SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado Venezolano, el cual merece una pena privativa de libertad de: 2 a 10 años de prisión, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, así como también existen elementos para estimar que el imputado CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, ha sido el autor o partícipe en la comisión del referido hecho punible, encontrándose llenos y satisfechos los dos primeros presupuestos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se encuentra demostrada en autos la corporeidad de este hecho punible, así como la posible participación del imputado en el mismo, con los siguientes elementos de convicción procesal:

1. Con el Acta Policial, cursante del folio 1 al 3, y fotografías, cursantes del folio 4 al 6.
2. Con la Planilla de Registro de la Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, que cursa del folio 12 al 13.
3. Con las Actas de Entrevistas, que cursan del folio 16 al 30.
4. Con el Acta, donde se deja constancia de la entrega de lo incautado al Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en calidad de custodia, cursante al folio 32.
5. Con el Informe de Experticia de Reconocimiento y Avalúo Real, que cursa al folio 38.
6. Con el Acta de Transcripción de Novedad, que cursa al folio 42.

No obstante, en la comprobación de este delito, considera este tribunal que faltan todavía algunos elementos por investigar o por esperar su resultado por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, lo que daría sin lugar a dudas, la prosecución del presente proceso por la vía ordinaria hasta tanto se esclarezca de manera total y completa la presente investigación.

Ahora bien, en relación a la conducta predelictual del imputado se tiene que no consta en autos, información proveniente del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) y de los archivos locales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de esta ciudad y de este Estado Guárico, que este imputado, CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, posea registros policiales y solicitudes.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS SOLICITADAS

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, es evidente que, encontrándose llenos y satisfechos los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad, pueden éstos supuestos ser razonablemente sustituidos, con la aplicación de una medida menos gravosa, en razón del principio de afirmación de la libertad, ya que no se presume el peligro de fuga ni de obstaculización del proceso, conforme a las previsiones de los artículo 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, debido a que consta en autos, que este ciudadano, CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, mantiene su establecimiento residencial y comercial en esta ciudad de San Juan de los Morros; es decir, su domicilio está ubicado en esta ciudad y Estado, donde posee sus bienes e intereses, lo cual se puede vislumbrar del folio 68 al 103.
Por otra parte, la entidad del delito antes mencionado, permite ser reparado e indemnizado el daño económico o patrimonial, por parte de este imputado que nos ocupa, en la fase intermedia o preliminar del proceso que nos ocupa, mediante la aplicación de una de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, como lo es, por ejemplo, la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos, previa la manifestación de voluntad pura, espontánea y natural del imputado, al solicitar, se le aplique este procedimiento especial, con la imposición inmediata de la pena.

Adminiculado a ello, está el hecho, que estamos frente a un sujeto primario, que no tiene antecedentes penales, ni registros policiales, ni solicitud alguna, por la comisión de otro hecho punible, siendo buena su conducta predelictual, considerándose al mismo como un sujeto, no reincidente.

Estima en consecuencia este tribunal, que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso bajo estudio, es el otorgamiento de una de las medidas cautelares sustitutivas en contra del mismo, éste es, CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, debido a todo lo antes expuesto y a que pudieran faltar todavía elementos de convicción por traer a los autos como ya se dijo antes, tomándose en cuenta también, que este sujeto tiene una conducta predelictual buena, sin registros policiales, ni solicitudes. Por otra parte, se considera como no reincidente, al no poseer antecedentes penales. No obstante, al no constar en autos, todas estas informaciones de manera contraria, hace presumir en su beneficio, que no tiene en su contra, dichos registros policiales, solicitudes y antecedentes penales (principio de in dubio pro reo).

Igualmente, conforme a la garantía de presunción de inocencia, ninguna persona puede ser declarada responsable hasta que no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria, consecuencialmente, se le debe presumir su inocencia, y tomando en consideración la vigencia de esta garantía procesal es necesario la realización de un proceso justo donde se respete el debido proceso, debido a que este, se encuentra conformado precisamente por la presunción de inocencia entre otros, de esa forma el estado garantiza el cumplimiento de los medios para hacer efectiva la defensa.

En virtud de esta garantía de la presunción de inocencia, el fiscal debe probar la culpabilidad y el imputado tiene el derecho de contrarrestar la acusación, y si se da el caso de que el imputado no rinde declaración, su silencio no podrá estimarse en su contra, el puede declarar cuando quiera y las veces que lo desee. El imputado debe considerarse inocente antes y durante el desarrollo del proceso.

La presunción de inocencia constituye una consecuencia del juicio previo, y guarda similitud con la máxima in dubio pro reo y es igual o se equipara con la falta de pruebas, esto es, que todo hombre es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y el juez, en caso de duda, debe resolver a favor del imputado, para que no se vea afectada su libertad y demás derechos fundamentales.

En cuanto a la garantía de afirmación de la libertad, se entiende que el legislador estatuyó como regla: la libertad y como excepción: la detención. Como una consecuencia de la garantía de presunción de inocencia, el legislador patrio, regula de manera humana las medidas cautelares sustitutivas de libertad para ser aplicadas a los sujetos que se encuentren en calidad de imputados y que satisfagan el cumplimiento de los requisitos para otorgarlas.

En ese sentido, el juez en el ejercicio de administrar justicia y dar plena aplicación a la garantía de la presunción de inocencia, limitar la privación de la libertad y darle carácter de excepcionabilidad, significa que debe en primer lugar aplicar otras medidas cautelares sustitutivas de libertad a la persona objeto de un proceso penal.

En ese orden de ideas, atendiendo a los Principios de Presunción de Inocencia y Afirmación de la Libertad, establecidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, y reconocidos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y promovida por los que lideraron el movimiento que fomentaran las bases para el procedimiento penal moderno, tales como: Beccaria, Voltaire y Filangieri, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 11; e igualmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1978, y consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo de cumplimiento obligatorio en nuestro país, por cuanto dicho pacto ha sido aprobado y ratificado por Venezuela; en concordancia con el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prevé la Inviolabilidad de la Libertad Personal, en relación con el numeral 2. del artículo 49 eiusdem, que prevé el Principio de Inocencia.
De igual forma, atendiendo a lo establecido en los artículos 243, 244, 263 y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal; los cuales textualmente establecen:

Artículo 243: “Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código.”

Artículo 244: “Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.”

Artículo 263: “Imposición de las medidas. El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 265...”

Artículo 264: “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otras menos gravosas.”

Este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho es, DECLARAR LA APLICACIÓN DE UNA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS MENOS GRAVOSAS, contra el imputado CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, de la establecida en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en:

• Presentaciones periódicas, cada cuarenta y cinco (45) días, por ante este tribunal, a través de la Oficina del Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal.

DISPOSITIVA

Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en esta ciudad de San Juan de los Morros, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara CON LUGAR, las solicitudes interpuestas por el representante del Ministerio Público y el de la Defensa de Confianza; en consecuencia, decreta el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en artículo 373 del Código Orgánico Procesal, así como la aprehensión en flagrancia, con fundamento en el artículo 248 eiusdem.
SEGUNDO: Declara CON LUGAR, la solicitud de la Defensa Privada y de Confianza del imputado que nos ocupa; en consecuencia, decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD en contra del imputado CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, de la establecida en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO O SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Patrimonio Público.
TERCERO: Se declara, la libertad inmediata y condicionada del imputado CARMELO FERNÁNDEZ PÉREZ CASTRO, desde la sala de audiencias.

Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia certificada del presente fallo. Cúmplase.-

LA JUEZA,

DRA. BEATRIZ JOSEFINA RUIZ MARÍN
La Secretaria,

Abg. ZAIDA ÁVILA