Por cuanto la parte actora, ciudadano ANGEL JACINTO ORTIZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 8.747.126, debidamente asistido del abogado ROBERTO BOLIVAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 29.849, en el presente juicio por Cobro de Prestaciones Sociales en contra de la “ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO DEL ESTADO GUARICO”, no subsanó el libelo de demanda en los términos indicados en auto de fecha nueve (09) de febrero de 2009, donde se le indica al actor:”…… que existe indeterminación de su objeto, por cuanto debe señalar el origen de los salarios caídos y de la diferencia salarial que demanda, indicando el salario que dejo de percibir y el efectivamente recibido, a los fines de obtener el calculo de la misma, lo cual es requisito sine qua nom, para que la pretensión este clara e inequívocamente identificada…”, siendo notificado el demandante expresamente, y certificada por el Secretario del Tribunal, en fecha dieciocho (18) de febrero de 2009. En tal sentido y a juicio de quien decide, la parte accionante no cumplió con el requerimiento ordenado, contemplado en el numeral 3 del Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dado que se limitó a transcribir nuevamente el escrito del libelo de demanda, sin determinar el origen de los salarios caídos y de la diferencia salarial, el salario que dejó de percibir y el efectivamente recibido, sino que repitió la petición expresada en el libelo solicitando que ésta se efectuara mediante experticia complementaria, sin satisfacer los requerimiento de este Juzgado, siendo este particular objeto del despacho saneador y requisito sine qua non, a los efectos de determinar la pretensión, de tal manera que la parte demandada, pueda ejercer su derecho a la defensa ilimitadamente y se garantice el debido proceso y la búsqueda de la verdad material por encima de las formas, aplicando la justicia de acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna. Es importante resaltar, que el Despacho Saneador es un instrumento del cual dispone el Juez, para corregir o sanear los defectos formales que contenga el libelo que impidan u obstaculicen el ejercicio de la defensa de la contraparte, al no estar debidamente especificados los supuestos que satisfagan plenamente los requisitos legalmente exigidos, por cuanto las incidencias de las cuestiones previas han sido eliminadas en este proceso, siendo obligación del juez purificarlo de vicios sustanciales que afecten las garantías y derechos de las partes constitucionalmente establecidas. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de Abril del 2005 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, expresó: “….El despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar al proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defecto el libelo, por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad, sino la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como son la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda). El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues debe respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva….” En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara INADMISIBLE LA DEMANDA, por cuanto el demandante, no subsanó el libelo conforme a lo ordenado por el Tribunal. Así se resuelve. Publíquese regístrese y déjese copia autorizada. LA JUEZ, ABG. LORIANDY LOZADA PERALTA EL SECRETARIO, ABG. REINALDO USECHE GOMEZ En la misma fecha se acordó lo ordenado y se publicó la anterior decisión siendo las dos y treinta (02:30) horas de la tarde. Secretario,