TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de Calabozo
Calabozo, 17 de marzo de 2009
198º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : JP11-P-2009-000345
ASUNTO : JP11-P-2009-000345

Visto el escrito presentado por la Fiscal Auxiliar Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, Abogado CARLOS WILFREDO HURTADO ARRIJAS, de fecha 16 de Marzo del año 2009, donde actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 34 numeral 3°,5° y 7° de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108 ordinales 10 del Código Orgánico Procesal Penal, presenta y pone a disposición de este Tribunal conforme al artículo 373 y 248 del Código Orgánico Procesal Penal al Ciudadano MANUEL REYES PEREZ GARCIA, quien es de nacionalidad venezolana, de 23 años de edad, domiciliado en la Calle 03 con Carrera 05, casa Nª 16, de esta ciudad de Calabozo del Estado Guárico, Titular de la Cédula de Identidad N° V 19.600.015.
Por auto de esa misma fecha, se fijó audiencia oral y se notificó a las partes de la celebración de la misma.
Llegada la oportunidad fijada, previo el cumplimiento de las formalidades legales se constituyó el Tribunal, con la presencia de la Fiscal Quinto del Ministerio Público, Abogado ULISES JOSE RIVAS ZAMBRANO, quien expuso al Tribunal que el ciudadano MANUEL REYES PEREZ GARCIA, había sido aprehendido, en fecha 14/03/2009, por Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalísticas de esta ciudad de calabozo del estado Guárico, quienes se desplazaban por el perímetro de la ciudad a los fines de prestar apoyo operativo en diferentes sectores y barriadas de la localidad, y cuando circulaban por la calle Principal de El Barrio La Trinidad al Final Vía Pública, avistaron a un ciudadano de sexo masculino en actitud sospechosa, por lo que fue abordado por la comisión con el fin de verificar los documentos personales al hacerle una revisión corporal se le encontró una ESCOPETA calibre 15 mm, con cacha de madera y en su interior un cartucho del mismo calibre sin percutir, quedando detenido a la orden del Ministerio Público al igual que los objetos incautados.
Solicitó en su escrito Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, conforme al artículo 256 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal; la calificación de la aprehensión como flagrante y la aplicación del Procedimiento Ordinario; finalmente precalificó los hechos como Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal.
Seguidamente se le concedió la palabra al imputado quien manifestó Tribunal que iba a declarar; fue impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia y que la misma se le tomaría sin juramento alguno ye igualmente se le impuso de los demás derechos procesales; cuya declaración consta en el acta, cursante a los folios 16 al 19.
La defensa por su parte representada por el abogado WILFREDO JOSE BARRIOS, Defensor Público Penal, alegó que se adhiere a la solicitud del Fiscal de concederle a su defendido Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad y se reserva el derecho de alegar posteriormente cualquier elemento de exculpación a favor de su representado.
Una vez oídas las partes el Tribunal emitió su pronunciamiento, acordando fundamentarlo por auto separado, el cual procede hacerlo de seguidas.

Primero: Se acordó Medida Cautelar Sustitutiva de al imputado la cual consiste en presentarse cada Treinta (30) días por ante la Unidad Técnica de Apoyo Penitenciario de esta Ciudad del Estado Guárico, por un lapso de seis (6) meses, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el hecho punible es un delito de acción Pública que merece pena corporal cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita.
El artículo 277 del Código Penal, establece "El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de prisión de tres a cinco años". Ahora bien, se dan los dos (02) extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal más no se cumple con el ordinal 3°, por lo que este Tribunal considera que lo más ajustado a derecho es concederle la medida acordada.
El artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes:
3.- La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe.
Segundo: Se declaró que la aprehensión no fue flagrante y se acordó la aplicación del Procedimiento Ordinario por cuanto faltan diligencias que practicar según lo manifestado por el Representante del Ministerio Público, a quien debe remitírsele las actuaciones en su oportunidad legal. Se acordó la Libertad del imputado desde la sala y se ordenó librar las boletas y los oficios correspondientes.
Notifíquese a las partes. Remítase a la Fiscalía de origen.

La Juez de Control N° 1

Abg. Merys Consuelo Loreto de Ramírez.

La Secretaria.