TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de Calabozo
Calabozo, 13 de Mayo de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : JP11-P-2007-000475
ASUNTO : JP11-P-2007-000475

Vista el escrito presentado por el Defensor Público Oswaldo Tahan, adscrito a la Unidad de Defensa Pública de esta Extensión Judicial, en su carácter de defensor del ciudadano JHON RICHARD MAYORGA SEPULVEDA, en el cual solicita se le decrete una medida cautelar sustitutiva menos gravosa a su defendido de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, motivado al lapso transcurrido de dos años sin haberse celebrado el juicio oral y público.

De la revisión minuciosa del presente asunto se evidencia.

Que en el acta de diferimiento de Juicio Oral y Público de fecha 25-02-2009, se constató que el motivo de dicho diferimiento fue por la incomparecencia única y exclusiva del Defensor Privado Abogado HECTOR SALVADOR PARRA, quien se encontraba debidamente notificado, no pudiéndose aperturar el acto en atención a lo establecido en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, fijándose nueva oportunidad para el martes 07-04-2009 a las 9:00 de la mañana, en virtud de no existir espacio en la Agenda Única llevada en esta Extensión Judicial. (Acta de diferimiento, folio 170 al 174 de la Sexta Pieza).

En fecha 07-04-2009, este Tribunal estima prudente volver a diferir la realización del juicio oral y público fijado en fecha 25-02-2009, por la incomparecencia nuevamente tanto de la defensa privada como la defensa pública (folio 229 al 231 de la Sexta Pieza); fijándose nueva oportunidad para el martes 26-05-2009 a las 9:00 de la mañana, dejándose expresa constancia que se fija la fecha antes señalada en virtud del espacio disponible en la agenda única llevada por los Tribunales que despachan en esta Extensión Judicial, en la cual existen juicios fijados con antelación y no obstante a los fines de garantizar la presencia de los ciudadanos acusados al juicio fijado.

Ahora bien, realizada la consideración anterior y visto los actos desarrollados a lo largo del presente proceso, corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento, respecto al Decaimiento de la Medida por haber trascurrido el tiempo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciertamente el legislador haciendo referencia a casos como el concreto, dispuso en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que, ninguna medida de coerción personal podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder de dos años (…)”, planteando la figura legal del decaimiento de la medida, que a los efectos de su aplicación no se ha de considerar de forma aislada, basándose en el tiempo en que se encuentra sometido el procesado con la medida cautelar, sino que ha de tomarse en cuenta otras circunstancias como la gravedad de los hechos por los que sigue un proceso, los derechos y bienes jurídicos que pudieran verse afectados, frente a los cuales el marco constitucional estableció un deber para el estado de proteger especialmente los intereses colectivos de la victima, por disposición del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre el particular, compartiendo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1212, de fecha 14 de junio de 2005 que señalo: ¨…, y siguiendo al maestro argentino Jorge Moras Mom, debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad de la común (consagrado en el articulo 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquella. Este último es autor de un delito, aquella es su victima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender a la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino solo en la medida indispensable, excepcional y adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p.286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses…”.

De acuerdo con el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando ha transcurrido más de dos (2) años de su vigencia contados a partir del momento en que fue dictada, claro está, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en el aludido precepto, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir el decaimiento.

No obstante esa pérdida de la vigencia de la medida no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad del imputado o acusado debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia por el tribunal que esté conociendo de la causa (vid. sent. N° 601/2005 del 22 de abril); el juez que conoce del asunto tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (vid. Sent. N° 1213/2005 de 15 de junio), en atención al contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en caso de que no lo acuerde el afectado o su defensa pueden solicitar la libertad o la concesión de una medida cautelar sustitutiva si no son decretadas de oficio.

De lo hasta aquí expuesto se colige que el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal es, en definitiva, una limitante temporal a todas las medidas de coerción personal dictadas en el proceso penal, el cual debe ser cumplido por todos los órganos que imparten justicia por ser la regla general que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo sería en lo contemplado en los artículos 29 y 43 eiusdem.

Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables.

En ese sentido, al ponderar una serie de circunstancias entre las que se citan la gravedad y repercusión del delito por el cual acusó el Ministerio Publico a los ciudadanos JHON RICHARD MAYORGA SEPULVEDA, FRANKLIN JOSE MORILLO, RILAR ADIXON ZERPA Y NORIS PERNIA HERNÁNDEZ identificados en autos, por los delitos de EXTORSIÓN Y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 459 y 277 del Código Penal, en el asunto que se examina, el Ministerio Público imputó a los acusados de autos la perpetración del delito de Extorsión, respecto del cual surge la presunción de la gravedad que a tal hecho atribuyó el legislador, al punto de que, en la reforma parcial al Código Penal, en 2005, aumentó sustancialmente el termino máximo de la pena aplicable por la comisión del citado delito. Se concluye, entonces que, por razón de la cuantía de la pena y la gravedad del hecho punible en cuestión, el mismo resulta razonablemente subsumible en los supuestos que preceptúan los cardinales segundo y tercero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, como fundamento para el decreto y mantenimiento de la medida cautelar privativa de libertad. Más aún, habida cuenta, la razón única de la existencia de la referida previsión procesal, es la necesidad de aseguramiento de las finalidades del proceso, lo que no resulta jurídicamente objetable que el legislador hubiese estimado que la única prevención suficientemente eficaz para la obtención de dicho propósito fuese la de la privación de libertad.

Acota el suscrito, a mayor abundamiento procesal que las medias de coerción personal que sean decretadas dentro del proceso penal, antes de la sentencia, son como su denominación inequívocamente lo índica, cautelares, esto es, dirigidas a prevenir, adoptar precauciones, precaver, lo cual significa que dichas medidas no constituyen un pronunciamiento extemporáneo, por anticipado, de culpabilidad. Las mismas constituyen legítimas excepciones al postulado del juicio en libertad y están meramente dirigidas al aseguramiento de la comparecencia del imputado a los actos de su proceso y, con ello, a que se haga efectiva la garantía fundamental de un juicio dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas.

No podemos olvidar y desconocer, que en lo concerniente a los delitos de acción pública, el interés social concurren, con el de las victimas, a la exigencia de que las acciones delictivas sean efectivamente investigadas y, si es el caso, sean sancionados quienes hayan participado en la comisión de las mismas, previa la realización de un juicio justo y pleno dentro de las garantías constitucionales.
Es evidente que este delito atenta contra las condiciones de existencia y el buen desarrollo de la sociedad, es por lo que no debe interpretarse tan solo gramaticalmente, sino ver más allá de lo escrito, y determinar que el bien jurídico protegido al perseguir este delito, es el de proteger a los ciudadanos en su derecho a la propiedad, libertad individual, integridad física y la vida misma, aunado a la características principal del delito, como lo es el ánimo de lucro sobre una o varias cosas muebles ajenas, todo lo cual encuadra perfectamente en los hechos que ocasionaron el presente juicio.

Así las cosas y siguiendo la doctrina reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, la extorsión encuadra dentro de los delitos pluriofensivos, pues los bienes jurídicos atacados o puestos en peligro son la propiedad, la integridad física, la libertad o autodeterminación y hasta la propia vida; por lo que existe un interés social preeminente en el aseguramiento de la eficaz y oportuna realización del proceso penal, lo cual constituye una razón fundamental adicional para la convicción de legitimidad de las medidas precautorias dentro del proceso, autorizada por la Ley, con base en el artículo 44 de la Constitución y acorde con los Pactos Internacionales suscritos y ratificados por la República.

A mayor abundamiento y apuntalando lo antes expuesto, la Honorable Corte de Apelaciones del Estado Guárico en decisión Nro. 26, expediente Nro. JP01-R-2009-000025 de fecha 26-03-2009, con Ponencia de la Dra. Evelyn Mendoza Hidalgo, dejó sentado lo siguiente:

“…Sentados tales supuestos, pasa de seguidas esta Corte de Apelaciones, a resolver la presente acción recursiva en los siguientes términos;
Luego de haber efectuado un estudio pormenorizado a las actas que conforman el presente asunto, esta Alzada observa, efectivamente que en fecha 19ENE98, el A quo, profirió decisión mediante la cual negó por improcedente el decaimiento de la medida cautelar sustitutiva a la sustitutiva a la privación de libertad al acusado Jesús Ramón Escobar a quien se le sigue causa por la presunta comisión del delito Robo Agravado previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal y acordó mantener la misma medida con todos sus efectos, todo de conformidad con los artículos 26, 43 44 y 55 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nro 1212, de fecha 14/06/06, ponderando ese juzgador una serie de circunstancias entre las cuales cita la gravedad y repercusión del delito por el cual acusó el ministerio público, señalando que en efecto la conducta “ a mano armada”, como lo ha sostenido en reiteradas decisiones la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, necesaria para la aplicación de las circunstancias agravantes del delito de robo, supone el empleo de un arma, bien sea real o falsa, en el acto criminal, por cuanto, ambos medios influyen en el ánimo y respuesta de la victima en situaciones en las que, además de vulnerarse su derecho a la propiedad, aparentan un riesgo eminente para su propia vida, resultando absurdo pretender que ésta identifique y verifique si dicha arma es idónea o no para lesionarla o extinguirla, además señaló el criterio de Sala Penal en cuanto a que el Robo Agravado es un delito complejo, y uno de los mas ofensivos y que atentan contra las condiciones de existencia y el buen desarrollo de la sociedad, el cual no debe interpretarse tan solo gramaticalmente, sino ver mas allá de lo escrito y determinar que el bien jurídico protegido al perseguir el delito de robo es el de proteger a los ciudadanos en su derecho a la propiedad, libertad individual, integridad física y la vida misma, aunado a la naturaleza del delito como es el ánimo de lucro sobre una o varias cosas muebles ajenas, constituyendo para el juez de primera instancia todas estas circunstancias los hechos que ocasionaron la presente causa.
“…En cuanto al decaimiento de la medida, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: Rita Alcira Coy, del 24 de enero de 2001 e Iván Alexander Urbano, del 15 de septiembre de 2004) ha sentado criterio en los siguientes términos:
”... La medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio. (Subrayado y resaltado de esta Corte de Apelaciones).
La Sala Penal en el expediente Nro 07-0367, de fecha 25-03-08, con ponencia de la Magistrada Dra. Deyanira Nieves, reitero el criterio de la Sala Constitucional:
“……..El artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
En relación al señalado artículo y el levantamiento de la medida privativa de libertad, la Sala Constitucional expresó: “…declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de dos años anteriormente citado se haya vencido, atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los fines del proceso, que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines.
De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social.
En tal sentido, y siguiendo al maestro argentino Jorge Moras Mom, debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquélla. Este último es autor de un delito, aquélla es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses…”. (Sentencia N° 1212 del 14 de junio de 2005). (Subrayado de la Sala).
Ahora bien, del análisis de las citas jurisprudenciales transcritas consideran estos Jurisdicentes, que la exégesis del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, no debe realizarse de una forma legalista, sino hacerse bajo una interpretación dinámica, tomando en consideración la finalidad de la norma y la situación demarcada en el proceso, ello con el objeto de asegurar el valor supremo de la justicia, establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorgándole mayor importancia a la seguridad de todos los ciudadanos que forman parte de la sociedad, por cuanto en un orden social adecuado prevalece el aseguramiento, prevención y control de la mayoría de las perturbaciones que ocurren en el mismo y al encontrarnos frente a un delito como el de robo agravado el cual es considerado de gran complejidad por los distintos derechos que son menoscabado a través de esta actuación delictiva no queda mas que asegurar que el riesgo de que la justicia se vea frustrada se minimice.

Ahora bien los principios de presunción de inocencia y de libertad, constituyen un gran avance en esta nueva visión de estado democrático y social de derecho y de justicia consagrado en nuestra Carta Magna los cuales deben ser garantizados por todos los Tribunales de la República, no significando con ello que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso, debiendo evitar en lo posible la sustracción del imputado del mismo, es por lo que a consideración de esta alzada el a quo profirió una decisión motivada razonada, completa, acorde y proporcionada mediante la cual pondero los derechos e intereses en conflicto, en tal sentido se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y se confirma la decisión recurrida. Y así se declara.

Capítulo IV
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Eduardo Domínguez Burgos, en su condición de Defensor Público Penal N° 04, en contra de la decisión de fecha 19 de enero de 2009, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal, extensión Calabozo, mediante el cual negó el decaimiento de la Medida Privativa de Libertad al ciudadano Jesús Ramón Escobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide. SEGUNDO: Se confirma la decisión impugnada…”

En el presente caso, este Tribunal al sopesar estas circunstancias sin apartarse de los principios de presunción de inocencia y de libertad de los que se encuentran amparados los acusados en este proceso penal, y a objeto de garantizar conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 55 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, los intereses que pudieran verse trastocados en la victima, es por lo que ORDENA mantener la medida de coerción personal impuesta a los acusados. ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico Extensión Calabozo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA mantener la medida de coerción personal impuesta a los acusados: JHON RICHARD MAYORGA SEPULVEDA, FRANKLIN JOSE MORILLO, RILAR ADIXON ZERPA Y NORIS PERNIA HERNÁNDEZ, identificados en autos, por los delitos de EXTORSIÓN Y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 459 y 277 del Código Penal, todo de conformidad con los artículos 26, 43, 44 y 55 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentencia Nº 1212, de fecha 14/06/2005. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.-
EL JUEZ DE JUICIO NRO. 01

ABG. HERNÁN EDUARDO BOGARÍN BELTRÁN
EL SECRETARIO

ABG. JESUS LOPEZ