TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MARÍTIMO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS.
Caracas, 19 de noviembre de 2009
Años: 199º Y 150º

EXPEDIENTE N° 2007- 000190

PARTE DEMANDANTE: ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 de agosto de 1999, bajo el Nº 32, Tomo 44-A.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE VICENTE MATOS, NATALIA MERCHAN ZULETA, TAYDEE ROMERO, VICTOR ALFONSO GONZALEZ, DANUBIA DIAZ ZABALA y CIRA ELENA UGAS MARTINEZ, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 11.862.523, V.- 12.443.363, V.- 12.305.744, V.- 14.135.867, V.- 15.444.033 y V.- 12.305.647, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 63.975, 74.614, 76.973, 83.389, 115.116 y 74.880, en el mismo orden.

PARTE DEMANDADA: BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil originalmente inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de 1890, bajo el Nº 33, folio 36 Vto., del Libro de Protocolo duplicado y luego quedó inscrita en el Registro de Comercio del Distrito Federal, el 2 de septiembre de 1890, bajo el Nº 56, modificada numerosas veces siendo una de las últimas, la inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 17 de mayo de 2002, bajo el Nº 22, Tomo 70-A-Sgdo.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: REYNALDO GADEA PEREZ, ERNESTO LESSEUR RINCON, ALFREDO ALTUVE GADEA, EDUARDO SATURNO, JUAN OLIVARES, MARY JEAN PAREDES, FERNANDO GONZALO, FRANCISCO GADEA LOVERA y GUALFREDO BLANCO, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.935.883, V.-3.189.906, V.- 4.083.560, V.- 11.225.900, V.- 10.480.467, V.- 11.306.847, V.- 9.120.339, V.-10.535.455 y V.- 6.233.857, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.569, 7.558, 13.895, 76.966, 64.873, 69.206, 62.223, 79.373 y 53.773, también respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.

I
ANTECEDENTES
En fecha dieciocho (18) de junio de 2007, el ciudadano VICTOR GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia, titular de la cédula de identidad Nº V-14.135.867, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 83.389, actuando en su condición de apoderado de la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., consignó escrito de libelo de demanda.
Con el libelo de demanda, en su Titulo VI el ciudadano VICTOR GONZALEZ, antes identificado, en su condición de apoderado de ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., solicitó (PETITIUN) lo siguiente:
“PRIMERO: la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 (Bs.3.444.621.876,50) por concepto de Capital adeudado, que se encuentra evidenciado en el texto de las facturas aceptadas acompañadas al presente libelo.
SEGUNDO: la suma de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON 78/100 (Bs. 1.205.617.656,78) por concepto de los intereses moratorios a que hace referencia el articulo 108 del Código de Comercio calculados desde la fecha de vencimiento de la factura, hasta el día veintiuno (21) de junio del año 2007.
TERCERO: A pagar la sumas que se sigan generando por concepto de intereses a partir del día veintiuno (21) de junio del año 2007 y hasta el pago definitivo de las sumas adeudadas.
CUARTO: Protestamos las costas, costos procesales, y la cancelación de honorarios profesionales de abogados, los cuales solicitamos sean calculadas prudencialmente por este Tribunal.
QUINTO: Igualmente pedimos la Corrección o Indexación Monetaria, lo cual se determinará mediante experticia que se realice al efecto para la fecha que se produzca el pago total de las sumas demandadas”.
Mediante auto de fecha diecinueve (19) de julio de 2007, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL.
El diecinueve (19) de julio de 2007, la ciudadana CIRA ELENA UGAS MARTINEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó documento poder en original.
El día diecinueve (19) de julio de 2007, la ciudadana CIRA ELENA UGAS MARTINEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, presentó diligencia indicando los datos registrales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL; asimismo, indicó la identificación personal del ciudadano MICHEL J. GOGUIKIAN.
El día dieciocho (18) de febrero de 2009, el ciudadano ALFREDO ALTUVE GADEA, apoderado de la parte demandada, presentó diligencia dándose por citado y a su vez solicitó la notificación del Procurador o Procuradora General de la República. Asimismo, requirió la suspensión del proceso.
Mediante auto de fecha diecinueve (19) de febrero de 2009, este Tribunal ordenó notificar mediante oficio a la Procuraduría General de la República.
El día veintiuno (21) de abril de 2009, el ciudadano ALFREDO ALTUVE GADEA, apoderado de la parte demandada, presentó escrito en el cual contestó el fondo de la demanda y opuso cuestiones previas.
Mediante auto de fecha doce (12) de mayo de 2009, se declaró sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada.
Por auto de fecha veinte (20) de mayo de 2009, se admitió el llamamiento de terceros de las sociedades OFICINA TECNICA CRUZHER C.A. e HINCA C.A.
El día dieciséis (16) de junio de 2009, el ciudadano ALFREDO ALTUVE GADEA, apoderado de la parte demandada, solicitó la citación de los terceros llamados a juicio.
Mediante auto de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2009, se abrió el lapso probatorio contemplado en los artículos 9 y 10 del Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo.
En auto de fecha siete (7) de octubre de 2009, se fijó el día trece (13) de octubre de 2009, para que tuviera lugar la audiencia preliminar.
En fecha trece (13) de octubre de 2009, se celebró la audiencia preliminar.
Mediante auto de fecha catorce (14) de octubre de 2009, se fijaron los términos de la controversia.
Por auto de fecha diecinueve (19) de octubre de 2009, este Tribunal fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia o debate oral, para el día doce (12) de noviembre del 2009, a las 10:30 a.m.
El día doce (12) de noviembre de 2009, tuvo lugar la audiencia definitiva.

II
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En su libelo de demanda presentado en fecha dieciocho (18) de junio de 2007, por el abogado en ejercicio VICTOR GONZALEZ, actuando como apoderado judicial de la parte actora alegó lo siguiente:
Que “La Sociedad Mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, es deudora de mi representada de la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 71/100 CENTIMOS (US$. 1.602.149.71), cantidad esta que de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela y tomando en consideración la rata vigente de cambio actual de Dos Mil Ciento Cincuenta Bolívares con 00/100 (BS. 2.150) por cada dólar americano (US$. 1,00), resulta la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 (Bs.3.444.621.876,50) por concepto del Capital Insoluto, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), de las facturas debidamente aceptadas (…).
1.- Factura Número 0098 emitida en fecha 19 de julio de 2004, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100 CENTIMOS (US$. 1.548.252,00) al CONTADO; cantidad esta que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la ley del Banco Central de Venezuela y tomando en consideración la rata vigente de cambio actual de Dos Mil Ciento Cincuenta Bolívares con 00/100 (Bs. 2.150) por cada dólar americano (US$.1,00), resulta la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 3.328.741.800,00) monto total de la factura; por concepto de servicio de muellaje en sus instalaciones, por un periodo de tiempo de 1.483 días, que transcurrieron entre el 16 de junio de 2000 al 19 de julio de 2004 a la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, propiedad de la Sociedad Mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, instrumento este que se acompaña al presente escrito marcado con la letra “B”, la cual se encuentra debidamente recibida, firmada y sellada por la demandada en señal de aceptación, con fecha 21 de julio de 2004.
2.- Factura Número 0100 emitida en fecha 19 de julio de 2004, por un monto de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 71/100 CENTIMOS (US$. 53.897,71) al CONTADO; cantidad esta que de conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela y tomado en consideración la rata vigente de cambio actual de Dos Mil Ciento Cincuenta Bolívares con 00/100 (Bs. 2.150,000) por cada dólar americano (US$. 1,00), resulta la cantidad de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 (Bs. 115.880.076,50); por concepto de reembolso de gastos incurridos por mi representada en virtud del reflotamiento y varada de la antes identificada embarcación, así como la utilización de Remolcadores, Bombas, y buzos, instrumento mercantil este, que se acompaña al presente escrito marcado con la letra “C”, la cual se encuentra debidamente firmada y sellada por la demandada en señal de aceptación con fecha 21 de julio de 2004.
Que “(…) Las facturas antes descritas fueron consignadas en fecha 21 de julio de 2004, en la sede de la Sociedad Mercantil BANCO DE VENEZUEKLA, S.A. BANCO UNIVERSAL mediante correspondencia.
Que (…) “Conjuntamente con la correspondencia y Facturas antes aludidas, mi representada consignó otra correspondencia por medio de la cual le notifica a la Sociedad Mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, que por instrucciones del Ministerio del Ambiente, y en virtud de una Inspección realizada en las instalaciones de mi representada, le exigió el levantamiento a dique de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, dado el estado de corrosión en que se encontraba, y que por dicha razón se vio obligada a hacerlo, lo cual le causo un gravamen económico a mi representada al verse impedida en realizar el libre desenvolvimiento de sus actividades propias, al tener ocupado el dique para tal efecto. Por tal motivo mi representada le solicitó mediante la referida correspondencia, que proceda a retirar de las instalaciones de mi representada la embarcación en comento, o que en caso negativo, procedan a autorizarla para que a sus expensas procedan con los tramites legales y operativos correspondientes para el desguase de la misma, en el entendido que de no obtener una respuesta de su parte o el retiro de la Gabarra, en un lapso de diez (10) días continuos, mi representada se considera autorizada para proceder al desguase de la mencionada embarcación. Los hechos antes mencionados han ocasionado considerables daños económicos y erogaciones a mí representada, razón por la cual nos reservamos a intentar con posterioridad las acciones judiciales que consideren pertinentes” (…).
Que “(…) Como se puede evidenciar de las antes identificadas Facturas, las mismas fueron entregadas a la Sociedad Mercantil demandada, tal como puede verificarse de los sellos y las firmas estampados en la misma, en constancia de haber sido recibidas, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Código de Comercio, fueron aceptadas irrevocablemente por la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, al no ser objeto de reclamo alguno una vez transcurrido como fue, un lapso de ocho (08) días siguientes a la entrega de las referidas facturas”.
De igual forma, en cuanto a los intereses de mora, en su escrito libelar la parte actora alegó:
Que “(…) Invoco el contenido del artículo 108 del Código de Comercio, del cual se concluye, sin ningún genero de dudas, que existe una obligación por parte de la sociedad mercantil demandada, de pagar un doce (12%) anual, o lo que es igual, el uno por ciento (1%) mensual, sobre el capital de la deuda documentada en las facturas descritas por concepto de intereses moratorios.
Al respecto, no tenemos más que suscribir lo anteriormente expuesto en el Titulo I de este escrito, para señalarle al Tribunal que la demandada tiene la obligación de pagar el saldo deudor de la suma representada por el capital de los efectos mercantiles reclamados en pago, más la suma de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON 78/100 (Bs. 1.205.617.656, 78) por concepto de los intereses moratorios a que se refiere la norma invocada, causados desde la fecha de vencimiento la factura, es decir, el veintiuno (21) de julio de 2004, calculados hasta el veintiuno (21) de junio del año 2007, así como, solicitamos del Tribunal ordene la cancelación de los intereses que se sigan venciendo hasta el total cumplimiento de la obligación reclamada.
Discriminamos a continuación, el detalle de los intereses pretendidos en pago, calculados al día veintiuno (21) de junio del año 2007.
Desde el veintiuno (21) de julio de 2004 (fecha de vencimiento) inclusive, hasta el veintiuno (21) de junio de 2007, inclusive, (fecha tope del calculo de intereses de mora de la presente demanda) transcurrieron treinta y cinco (35) meses, lo que quiere decir, que si en un mes el interés legal es del 1%, entonces por los señalados treinta y cinco (35) meses, el interés es del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el monto del Capital de las Facturas pendientes de pago, es decir la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 (Bs. 3.444.621.876,50), lo cual arroja un monto total de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON 78/100 (Bs. 1.205.617.656,78) por concepto de intereses de mora por los referidos treinta y cinco (35) meses.
Con respecto a la propiedad de la embarcación, la parte actora afirmó:
Que “(…) El documento debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en fecha treinta (30) de julio de 1993, registrado bajo el Nº 33, Protocolo 1º, Tomo 11, Tercer Trimestre, el cual anexamos el presente escrito en copia simple marcado con la letra “F”, se puede evidenciar claramente que la sociedad mercantil VARADERO Y ASTILLERO DEL ZULIA, C.A. (VAZCA), vende a la sociedad mercantil ARRENDADORA DE VENEZUELA BANVENEZ, S.A.C.A., sociedad de arrendamiento financiero; sociedad mercantil que se fusiono con Banco FIVENEZ, S.A.C.A.; quien a su vez fue absorbida por el Banco Caracas, C.A. Banco Universal, actualmente BANCO DE VENEZUELA, S.A.; una (1) Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, antes Gabarra Plana, denominada MAR-001, la cual posee las características y equipos especificados en el citado documento de compra venta; razón por la cual es obligatorio concluir, que la antes referida embarcación, a la cual mi representada le presto los servicios que se pretenden cobrar mediante las facturas que son el documento fundamental de la presente acción, es propiedad de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL”.

III
ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA
En el escrito de contestación presentado en fecha once (11) de abril de 2009, por el abogado en ejercicio ALFREDO ALTUVE GADEA, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL, alegó lo siguiente:
“En nombre y representación de mi patrocinado BANCO DE VENEZUELA S.A., rechazo, niego y contradigo en forma clara y expresa la infundada y temeraria demanda que en su contra ha incoado la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., por no ser ciertos los hechos narrados y el derecho invocado en el libelo. Particularmente, rechazo y contradigo los siguientes hechos alegados por la parte actora en su demanda:
1.- No es cierto que el BANCO DE VENEZUELA S.A., sea deudor de ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., por la cantidad de U.S. $ 1.602.149,71 ni de un equivalente en Bs. 3.444.621.876,50 por el concepto de capital insoluto más el impuesto al valor agregado (IVA) de las supuestas facturas que se acompañan al texto libelar.
2.- No es cierto que el BANCO DE VENEZUELA S.A., sea deudor de ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., por un monto de U.S. $ 1.548.252,00 ni su equivalente en Bs. 3.328.741.800,00 derivados de los conceptos expresados en la factura N° 0098 emitida en fecha 19 de julio de 2004, toda vez que mi representado al no ser el propietario de la Gabarra, mal puede adeudar cantidad de dinero alguna por servicios de muellaje en instalaciones propiedad de la parte actora. A todo evento, desconozco e impugno en todo su valor la factura N° 0098 acompañada por la actora en su libelo, ya que la misma nunca fue aceptada ni reconocida por el BANCO DE VENEZUELA S.A., como lo pretende hacer ver el demandante en su pretensión.
3.- No es cierto que el BANCO DE VENEZUELA S.A., le adeude a ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., las cantidades de dinero derivadas de la factura signada con el N° 0100 del 19 de julio de 2.004, por la cantidad de U.S $ 53.897,71 ni su equivalente de Bs.115.880.076,50 por reembolso de gastos relacionados con la referida Gabarra Martillo. Insisto en el hecho cierto de que mi representado BANCO DE VENEZUELA S.A., no puede adeudar suma alguna relacionada con la Gabarra, ya que como se ha sostenido y demostrado plenamente, no es el propietario del bien. A todo evento, desconozco de forma expresa la citada factura N° 0100, ya que la misma no ha sido nunca reconocida ni aceptada por el BANCO DE VENEZUELA S.A.
4.- Menos ciertos aun es la pretensión de la parte actora de que mi mandante le adeuda la cantidad de Bs. 1.205.617.656, 78 por concepto de intereses moratorios que derivan supuestamente de la falta de pago de unas sedicentes facturas que como ya se dijo, no adeuda el BANCO DE VENEZUELA S.A.
5.- No es cierto que el BANCO DE VENEZUELA S.A., sea el propietario de las tantas veces citada Gabarra Martillo, cuando como ya se ha dicho y demostrado, la misma le fue cedida en propiedad a la sociedad mercantil OFICINA TECNICA CRUZHER C.A., según el documento autenticado del 25 de julio de 2000 y el propio dicho de ella, y que como se señalo. Constan en el juicio que cursa ante este Tribunal y que guarda estrecha conexión con el presente proceso.
6.- Rechazo en forma expresa la absurda pretensión de la parte actora para el pago de costas, costos y honorarios profesionales de abogados”.

IV
DE LAS PRUEBAS
Con el libelo de demanda, el accionante presentó las siguientes pruebas documentales:
1.- Copia simple de factura N° 0098, de fecha 19 de julio de 2004, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100 CENTIMOS (US$. 1.548.252,00) emitida por ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., marcado con la letra “B”.
2.- Copia simple de factura N° 0100 de fecha 19 de julio de 2004, por un monto de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 71/100 CENTIMOS (US$. 53.897,71) emitida por ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., marcado con la letra “C”.
3.- Original de correspondencia de fecha 19 julio de 2004, emitida por ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., al BANCO DE VENEZUELA, C.A., marcado con la letra “D”.
4.- Original de correspondencia de fecha 19 julio de 2004, emitida por ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., al BANCO DE VENEZUELA, marcado con la letra “E”.
5.- Copia simple de documento de compra venta real pura y simple suscrito por la sociedad mercantil VARADERO Y ASTILLEROS DEL ZULIA, C.A., (VAZCA) a la sociedad mercantil ARRENDADORA DE VENEZUELA BANVENEZ, S.A.C.A sociedad de arrendamiento financiero; sociedad mercantil que se fusionó con BANCO FIVENEZ, S.A.C.A., quien fue adsorbida por el BANCO CARACAS, C.A. BANCO UNIVERSAL, actualmente BANCO DE VENEZUELA, S.A., marcado con la letra “F”.
6.- Copia simple de acta contentiva al desistimiento de la acción efectuado por la parte actora con el consentimiento de la parte demandada, así como auto de homologación de fecha veintiocho (28) de junio de 1999, emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, marcado con la letra “G”.
Asimismo, la parte demandada con su escrito de contestación, acompañó las siguientes pruebas documentales:
1.- Copia fotostática del documento autenticado en fecha 25 de julio de 2.000 por ante la Notaria Publica Undécima de Caracas, bajo el N° 65, Tomo 158, mediante el cual el BANCO DE VENEZUELA S.A cedió en plena propiedad a OFICINA TECNICA CRUZHER la Gabarra Martillo.
2.- Copia fotostática de la carta de fecha 11 de agosto de 2004, dirigida por el BANCO DE VENEZUELA a la empresa ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA C.A., a la atención de los señores Enoc Martínez y Mauro Careto

V
AUDIENCIA PRELIMINAR
El día trece (13) de octubre de 2009, oportunidad fijada por este Tribunal para que tuviera lugar la audiencia preliminar, asistió por la parte actora, el abogado en ejercicio VICTOR GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.83.389, actuando en representación de la sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., y por la parte demandada sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, no concurrió ni por si ni por medio de sus apoderados. El ciudadano Juez Francisco Villarroel, explicó el objeto de la audiencia preliminar, indicó los hechos controvertidos y las pruebas, a las que se refiere el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes convinieran en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte y admitieran las pruebas. Seguidamente, el apoderado judicial de la parte actora no convino en el único punto señalado en el escrito de contestación. De igual forma, admitió las pruebas acompañadas con el escrito de contestación de la demanda. Finalmente, el Juez indicó que dentro de los tres (3) días siguientes a partir de esa fecha, fijaría los términos de la controversia.

VI
AUDIENCIA DEFINITIVA
El día doce (12) de noviembre de 2009, concurrieron las partes para la audiencia definitiva fijada por este Tribunal para las 10:30 de la mañana, donde asistieron en representación de la parte actora, sociedad mercantil ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., los abogados en ejercicio VICTOR ALFONSO GONZALEZ URDANETA y JOSE VICENTE MATOS SALAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 83.389 y 63.957, y por la parte demandada, sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, asistió el abogados en ejercicio ALFREDO GERARDO ALTUVE GADEA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 13.895. El Juez leyó el contenido del artículo 872 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, se realizó la exposición de las partes. El Juez dio lectura al dispositivo del fallo.

VII
MOTIVOS PARA DECIDIR
Para decidir en cuanto a la presente controversia, este Tribunal observa que la misma esta referida al cobro de bolívares evidenciado en las facturas número 0098, por concepto de servicio de muellaje, y número 0100, por concepto de reembolso de gastos de reflotamiento y varada de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, con respecto a las cuales la parte actora ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C. A., alega fueron presentadas a la parte demandada Banco de Venezuela, S. A. Banco Universal, quien afirmó es su propietaria, por lo que argumentó que operó la aceptación tácita de tales facturas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Comercio; asimismo, demanda el pago de los intereses y de la indexación.
De igual manera, la parte actora argumentó que la parte demandada era la propietaria de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, al señalar que “…la sociedad mercantil VARADERO Y ASTILLERO DEL ZULIA, C.A. (VAZCA), vende a la sociedad mercantil ARRENDADORA DE VENEZUELA BANVENEZ, S.A.C.A., sociedad de arrendamiento financiero; sociedad mercantil que se fusiono con Banco FIVENEZ, S.A.C.A.; quien a su vez fue absorbida por el Banco Caracas, C.A. Banco Universal, actualmente BANCO DE VENEZUELA, S.A”.
Por otra parte, la accionada en su contestación de la demanda alegó que no era la propietaria de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, puesto que el mencionado buque había sido vendido a la sociedad mercantil OFICINA TECNICA CRUZHER, mediante documento autenticado en fecha 25 de julio de 2000. Adicionalmente, rechazó y negó que hubiesen sido aceptadas o reconocidas las facturas indicadas en el libelo de demanda.
Ahora bien, fijado como ha sido los términos de la controversia, este Tribunal debe pronunciarse en lo atinente a la propiedad de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas; a este respecto, este Tribunal observa que el artículo 614 del Código de Comercio establecía que “La propiedad de las naves o parte de ellas debe transferirse por escritura pública”.
De igual manera, el artículo 14 de la Ley de Navegación de 1998 contemplaba:
El derecho de propiedad sobre un buque mercante se comprueba:
1. Si el buque ha sido construido en la República, con certificación del constructor, en la cual se expresarán las dimensiones y demás características del buque y el nombre del dueño.
2. Si el buque ha sido construido en el extranjero, con el documento de adquisición a favor de la persona, personas o empresa que soliciten la inscripción del mismo en la Matrícula Nacional.
3. Si el buque ha sido apresado, capturado o rematado, con la copia certificada del acta de adjudicación.
4. En los casos de enajenaciones subsiguientes de los buques, con los documentos de traspaso respectivos.
Los documentos a que se refiere este artículo deben registrarse en la Oficina Subalterna de Registro del lugar de la matricula de la nave, que es su domicilio, y se insertarán, además, en el libro que, al efecto, llevarán las respectivas Capitanías de Puerto, dentro de los treinta (30) días siguientes a su protocolización.
Mientras que la normativa vigente, contenida en el artículo 118 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas prevé lo siguiente:
“Para el registro del buque en Venezuela el derecho de propiedad o de utilización del buque se prueba:
1. Si el buque ha sido construido en la República, con el documento de construcción previamente registrado a favor de la persona, en el cual se expresará el nombre del propietario, las dimensiones y características.
2. Si el buque ha sido construido en el extranjero, con el respectivo documento de construcción a favor de la persona, traspaso a personas o empresas que soliciten la inscripción del mismo en el Registro Naval Venezolano.
3. Si el buque ha sido apresado, capturado o rematado, con la copia certificada del acta de adjudicación.
4. En los casos de enajenaciones subsiguientes, con los documentos de traspaso respectivos.
5. Si el buque está en arrendamiento financiero, con el contrato de arrendamiento financiero.
6. Con la excepción si el buque se encuentra arrendado a casco desnudo, con el contrato de fletamento o arrendamiento a casco desnudo.
Los documentos anteriormente mencionados surtirán efectos ante terceros una vez asentados debidamente en el Registro Naval Venezolano, excepto los contratos de fletamento a casco desnudo los cuales surtirán tales efectos, solo si hubieren sido previamente otorgados mediante el documento auténtico”.
De lo establecido en las normas citadas se evidencia que es un requisito a los fines de la transmisión de la propiedad mediante la enajenación del buque, para que tenga efecto frente a terceros, que el instrumento de venta sea inscrito en el Registro respectivo, anteriormente en la Oficina Subalterna del Registro, y actualmente en el Registro Naval Venezolano.
En este sentido, este Tribunal observa que el artículo 1.357 del Código Civil establece: “Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.
Sobre este aspecto, en sentencia Nº RC-00096 de fecha 25 de febrero de 2004, caso: Alberto Castañeda Morao contra Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Empresas Transportistas de Hidrocarburos (FEVETRAPH), exp. N° 03-144, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia decidió lo siguiente:
“…estima la Sala pertinente realizar la siguiente aclaratoria referente a cuales documentos deben reputarse con la investidura de públicos a la luz de la preceptiva legal contenida en el artículo 1.357 del Código Civil. Al efecto deben considerarse tales, aquellos que han nacido bajo la autoridad del funcionario competente para darle fe pública, vale decir, que en su formación haya intervenido ese funcionario; ello es así en razón de que existe una clase de instrumentos (la gran mayoría dentro de los variados y múltiples negocios jurídicos sujetos a la formalidad del registro) que aun cuando sean presentados ante un registrador u otro funcionario investido de la función pública y por ende capaces de conferir fe de esta especie al documento, no por ello pueden catalogarse como revestidos de la condición de documentos públicos, ellos deben considerarse documentos autenticados ya que, se repite, su elaboración no estuvo a cargo del funcionario y tampoco éste deja constancia del contenido del mismo…”. (Resaltado del texto).
En el presente caso, la parte demandada BANCO DE VENEZUELA, S. A. BANCO UNIVERSAL alega no ser la propietaria de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, arguyendo que el bien fue vendido a la sociedad mercantil OFICINA TECNICA CRUZHER, mediante documento autenticado en fecha 25 de julio de 2000; sin embargo, los buques deben ser enajenados mediante documento público, que como observamos exige la formalidad del registro, por lo que si bien con el documento autenticado otorgado ante el Notario Público podría evidenciarse la compra venta del buque, puesto que tal instrumental tiene el valor probatorio que le otorga el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta venta surtiría efectos sólo entre las partes contratantes, ya que por no haber cumplido con la solemnidad, no puede ser oponible a terceros. Pero además este Tribunal advierte que del documento acompañado sólo fue firmado por el representante del Banco Caracas, actualmente Banco de Venezuela, por lo que no se materializó la referida venta.
En este sentido, resulta aplicable el contenido del artículo 1.924 del Código Civil que señala:
“Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta ya las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble.
Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales”.
Por el contrario, con su libelo de demanda, la actora acompañó marcado “F”, copia de documento público cuyo valor probatorio se desprende de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que evidencia plenamente que la sociedad mercantil VARADERO Y ASTILLEROS DEL ZULIA, C.A., (VAZCA) vendió la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas a la sociedad mercantil ARRENDADORA DE VENEZUELA BANVENEZ, S.A.C.A sociedad de arrendamiento financiero; sociedad mercantil que se fusionó con el Banco FIVENEZ, S.A.C.A., quien fue absorbida por el Banco Caracas, C.A. Banco Universal, actualmente Banco de Venezuela, S.A., lo que no fue desconocido por la parte demandada. Así se declara.-
En consecuencia, este Tribunal estima que la parte demandada debe ser considerada frente a la actora como propietaria de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, ya que la venta autenticada de dicho buque a la sociedad mercantil OFICINA TECNICA CRUZHER, otorgada mediante documento autenticado en fecha 25 de julio de 2000, no tiene valor probatorio para demostrar la venta realizada en la Notaria Pública, dicho documento no tiene efecto erga omnes, en todo caso sólo obligaría a las partes a esa relación contractual y además sólo fue firmada por la parte demandada. Así se declara.-
Por otra parte, este Tribunal debe pronunciarse en cuanto al cobro de bolívares, de acuerdo con las facturas comerciales número 0098, por concepto de servicio de muellaje, y número 0100, por concepto de reembolso de gastos de reflotamiento y varada de la Gabarra Martillo Pilotera, denominada John Douglas, acompañadas con el libelo de demanda marcadas “B” y “C”.
Con respecto a la aceptación tácita de las facturas comerciales, el artículo 124 del Código de Comercio dispone: “Las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban: (...) Con facturas aceptadas”.
Por su parte, el artículo 147 del Código de Comercio preceptúa:
“El comprador tiene el derecho de exigir que el vendedor firme y le entregue factura de las mercancías vendidas y que ponga al pie recibo del precio o de la parte de éste que se le hubiere entregado.
No reclamando contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a su entrega, se tendrá por aceptada irrevocablemente”
A este respecto, en sentencia Nº 00480 del 26 de mayo de 2004, caso Bazar El Caminante, C.A., contra Maquintex Import, C.A, Exp. 03-068, estableció lo siguiente:
“…En términos generales se entiende que la aceptación de una factura puede ser expresa o tácita, expresa cuando la factura aparece firmada por quien puede obligar a la parte deudora del contenido de la factura, a quien se le opone la factura; y tácita, cuando entregada la factura por el vendedor al comprador, éste no reclama contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de la misma, como lo dispone el aparte único del artículo 147 del Código de Comercio; de donde se deduce que debe demostrarse cabalmente la entrega de la factura al deudor o que éste de alguna forma cierta la recibió…”. (Negrillas de la Sala)
Ahora bien, este Tribunal advierte que en la oportunidad de la contestación de la demanda, la parte demandada rechazó y negó que hubiese aceptado o reconocido las facturas identificadas en el libelo de demanda y acompañadas en esa oportunidad, al señalar en su escrito de contestación de la demanda que “…la misma nunca fue aceptada ni reconocida por el BANCO DE VENEZUELA, S. A., como lo pretende hacer valer el demandante en su pretensión”.
Tal rechazo a la aceptación, que de ellas efectuó la parte demandada no puede ser entendido como referido a la recepción de las mismas, la cual presuntamente se desprende de los sellos húmedos y firma ilegible que aparecen estampados en dichas facturas, de donde se desprende la recepción en fecha veintiuno (21) de julio de 2004, ya que acompañó con la contestación copia simple de la carta de fecha once (11) de agosto de 2004, mediante la cual se evidencia el acuse de su recibo. Así se declara.-
En tal sentido Jesús Eduardo Cabrera Romero, en su obra “Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre”, Tomo II, Editorial Jurídica Alva, señala:
“...El mecanismo procesal ante los instrumentos privados simples, consiste en que el promovente le impute explícitamente su autoría a la otra parte o a su causante, y tratándose de instrumentos cuya autoría se le opone a una parte, lo lógico es que ella, quien debe conocer si el documento emana de sí o de sus causantes, conteste la imputación, motivo por el cual se creó el lapso para reconocer o desconocer. Este lapso es especial y propio de estos medios, ya que como antes se anotó, la impugnación pasiva ataca el medio de prueba como tal y por lo tanto, es con relación a él y no con los hechos del fondo del juicio, que el legislador contempló específicas actuaciones y otras actividades... Como consideramos que es de la esencia de la prueba por escrito que aún no es auténtica, el sistema impuesto por la ley para la prueba documental, el cual exige que se oponga el instrumento a la parte a quien se imputa la autoría, a fin de que de acuerdo a la actitud de ésta adquiera certeza legal de quien emana el instrumento; el sistema lo reputa todo documento privado escrito no auténtico.
En síntesis, si la negativa de autoría es una manera de impugnar la paternidad atribuida a un documento privado simple, la cual debe interponerse expresamente, y si el CPC ha creado una institución destinada a ventilar la discusión sobre la autoría de esos instrumentos, nos parece lógico que la institución (del reconocimiento y el desconocimiento) se aplique a todos los instrumentos privados simples, ya que en el fondo la situación es idéntica para todos los que aún no han adquirido autenticidad: La paternidad de los mismos se atribuye a las partes o a sus causantes”.
Explica el autor Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, pág. 173, que:
“...El desconocimiento en juicio del documento privado se produce pues, cuando la parte niega su firma, o cuando sus herederos o causahabientes declaran no conocerla (Art. 1.365 cc); también cuando desconoce el contenido (lo intrínseco) y la firma (lo extrínseco). La casación tiene establecido -como se ha dicho antes- que una cosa es el documento privado y otra el negocio que contiene, por lo que al impugnarse éste y no aquél, el documento queda reconocido en su contenido y firma, salvo lo que arrojen los autos en relación con la negociación que contiene. En estos casos, toca a la parte que produjo el instrumento, probar su autenticidad, lo que se hace mediante la prueba de cotejo, y la de testigo, cuando no sea posible hacer el cotejo (Art. 445 C.P.C.) El cotejo es, pues, el medio probatorio previsto por la ley para verificar la autenticidad del documento desconocido, y supletoriamente la prueba testimonial, carga probatoria que corresponde a la parte que produjo el documento. En el derecho argentino, algunos tribunales han sostenido que la prueba testimonial es inadmisible para probar la autenticidad de la firma cuando el documento constata la celebración de un contrato cuyo monto excede el límite cuantitativo que fija la ley; en cambio PALACIO se adhiere a la decisión contraria sostenida por otros tribunales, según la cual se admite la testimonial basándose en que no se trata, en tal caso, de probar el acto jurídico documentado, sino un simple hecho, como es la autenticidad de la firma.
En nuestro derecho, el desconocimiento del documento privado por la parte a la cual se opone, da origen a una incidencia en la cual debe promoverse el cotejo, y el término probatorio de esta incidencia es de ocho días, el cual puede extenderse hasta quince, pero la cuestión no se resuelve sino en la sentencia del juicio principal (Art. 449 CPC). No dice expresamente la ley cuándo debe pedir la parte el cotejo, pero como la necesidad de la prueba se origina por el desconocimiento del documento, y el término probatorio de la incidencia debe entenderse abierto por ministerio de la ley (Art. 449 CPC), desde que ocurre el desconocimiento, se admite que la petición del cotejo y el nombramiento de los expertos para realizar la prueba, deben hacerse dentro del término probatorio de la incidencia, el cual es único tanto para la promoción de la prueba como para su evacuación....” (Cita doctrina G.F. Nº. 30, 2da. etapa. pág. 116)
Ahora bien, en el presente caso, no hay un desconocimiento de la firma y sello, por el contrario su acuse fue reconocido mediante la instrumental acompañada por la parte demandada, con la contestación de la demanda, referida a la copia fotostática de la carta de fecha 11 de agosto de 2004. Pero la parte demandada alega que rechazó su contenido, por lo que cuestionó el reconocimiento tácito al que se refiere el artículo 147 del Código de Comercio.
De las consideraciones realizadas anteriormente, se evidencia que para que se aplique el contenido y consecuencia jurídica del artículo 147 del Código de Comercio, esto es la aceptación expresa o tácita de las facturas comerciales, es necesario que se demuestre en autos el acuse de recibo de las facturas por la parte demandada, y que no se haya reclamado contra su contenido dentro de los ocho (8) días siguiente a la entrega.
En el presente caso se evidencia de autos, tanto de las facturas marcadas “B” y “C”, como de las comunicaciones “D” y “E”, que las facturas fueron recibidas por la parte demandada en fecha veintiuno (21) de julio de 2004, mientras que de la instrumental referida a la carta acompañada en la contestación de la demanda, mediante la cual se señala “Sirva la presente para acusar recibo de sendas comunicaciones fechadas 19 de julio del año en curso…”, y “Se acompañan dos (2) facturas signadas con número 0098 de fecha 19 de julio de 2004 por $1.548.252,00 y con número 0100 de igual fecha por $53.897,71”. Dicha carta es de fecha once (11) de agosto de 2004 y aparece recibida en fecha diecisiete (17) de agosto de 2004, que se valora bajo el principio de la comunidad de la prueba y evidencia que transcurrieron más de ocho (8) días desde la recepción de las facturas para que se hiciera el reclamo contra su contenido, en virtud de lo cual operó la sanción legal contemplada en el artículo 147 del Código de Comercio, según el cual “se tendrá por aceptada irrevocablemente”.
Asimismo, este Tribunal advierte que las facturas en cuestión fueron acompañadas en original, por lo que no procede la sola impugnación contemplada en el segundo párrafo del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en caso de desconocimiento, debía acudir a los mecanismos contemplados en la ley adjetiva civil, lo que no ocurrió en el presente caso, ni consta en las actas del expediente ninguna formalización al respecto. Así se declara.-
En este orden de ideas, este Tribunal observa que en la audiencia la parte demandada alegó que las facturas no habían sido recibidas y firmadas por persona capaz de obligar al Banco de Venezuela; sin embargo, no es necesario que las facturas sean recibidas de la forma alegada, a los fines de que proceda el supuesto contemplado en el artículo 147 del Código de Comercio, para que opere la aceptación tácita de tales documentos, más aún en el presente caso, en el que la misma parte demandada acompañó la prueba de su recepción. Así se declara.-
De manera que las facturas producidas por la actora como fundamento de la demanda que, en el acto de contestación de la demanda la parte demandada rechazó y negó su aceptación o reconocimiento, pero con respecto a las cuales operó la aceptación tácita prevista en el artículo 147 del Código de Comercio, debe este Tribunal otorgarle pleno valor probatorio, en virtud de los previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
Por otra parte, a los fines de darle cumplimiento a lo previsto en el artículo 509 de la ley adjetiva civil, este Tribunal observa en lo atinente a la copia simple del desistimiento efectuado en fecha veintidós (22) de junio de 1999, en el expediente Nº 46.669, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, acompañado con el libelo de demanda marcado “G”, que si bien tiene el valor que se desprende de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por ser la reproducción de un documento público, puesto que fue homologado por el juez de la causa; sin embargo, el reconocimiento de la propiedad que se evidencia de él, sólo tiene valor entre las partes a ese juicio, por lo que no se le puede dar ningún valor probatorio en la presente causa. Así se declara.-
En cuanto a los intereses moratorios, este Tribunal observa que el artículo 108 del Código de Comercio establece: “Las deudas mercantiles de sumas de dinero liquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente del mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento anual”.
En este sentido, el legislador previó que la indemnización a favor del acreedor en virtud del daño ocasionado por la mora del deudor consistiera en los intereses a la tasa corriente en el mercado, que el primero hubiera podido recibir de no haberse presentado el retardo en el pago, siempre que ésta no excediera del doce por ciento anual.
Así las cosas, la parte actora demanda en el Punto Segundo de su escrito libelar, el pago de los intereses moratorios, alegado que “…la suma de MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON 78/100 (Bs. 1.205.617.656,78) por concepto de los intereses moratorios a que se refiere la norma invocada, causados desde la fecha de vencimiento la factura, es decir, el veintiuno (21) de julio de 2004, calculados hasta el veintiuno (21) de junio del año 2007, así como, solicitamos del Tribunal ordene la cancelación de los intereses que se sigan venciendo hasta el total cumplimiento de la obligación reclamada”.
Ahora bien, en la contestación de la demanda la parte demandada se limitó a contradecir la demanda sobre este punto señalando que “Menos cierto aun es la pretensión de la parte actora de que mi mandante le adeuda la cantidad de Bs. 1.205.617.656,78 por concepto de intereses moratorios que derivan supuestamente de la falta de pago de unas sedicentes facturas que como ya se dijo, no adeuda el BANCO DE VENEZUELA S.A.”. De manera que no rechazó el quantum de los intereses calculados por la actora, sólo fundamentó su alegato en el valor probatorio de las facturas, que ya fueron apreciadas ut-supra por este Tribunal. Así se declara.-
En consecuencia, este Tribunal, en virtud del señalamiento anterior, debe declarar procedente la reclamación de los intereses moratorios correspondientes al Punto Segundo del libelo de demanda. Así se declara.-
De igual manera, la parte actora demandó “la cancelación de los intereses que se sigan venciendo hasta el total cumplimiento de la obligación reclamada”; sin embargo, este Tribunal no puede condenar al pago de dichos intereses previstos en el artículo 108 del Código de Comercio, hasta la oportunidad incierta indicada por la accionante, sino hasta una oportunidad determinada de forma precisa que a juicio de este Juzgador debe ser hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo. Así se declara.-
Ahora bien, para el cálculo de los intereses antes mencionados, de acuerdo al porcentaje mencionado y entre las fechas indicadas, este Tribunal ordenará una experticia complementaria del fallo, para lo cual se solicitará en el dispositivo, la colaboración del Banco Central de Venezuela. Así se declara.-
En este orden de ideas, este Tribunal advierte que constituye un deber inexcusable de los jueces al momento de ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, establecer con toda precisión, los elementos de base que han de emplearse para el cálculo exigido, so pena de incurrir en violación del ordinal 6° del artículo 243 Código de Procedimiento Civil, y por ende, en el vicio de indeterminación objetiva.
Por lo que este Tribunal, a los fines de precisar la fecha en la que debe realizarse la experticia complementaria del fallo para el cálculo de los intereses demandados en el Punto Tercero del petitorio de la demanda, resuelve que ésta deberá realizarse desde el veintiuno (21) de junio del año 2007 hasta la fecha en que quede definitivamente firme el fallo en la presente causa. Así se decide.-
En consecuencia, este Tribunal debe considerar procedente la condenatoria al pago de los intereses moratorios causados sobre la cantidad reclamada en las facturas acompañadas con el libelo de demanda, calculada al 12% anual, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 del Código de Comercio; tales intereses se computarán desde el veintiuno (21) de junio del año 2007 hasta la fecha en que quede definitivamente firme el fallo en la presente causa. Así se declara.-
Ahora bien, respecto de la indexación monetaria solicitada en el Punto Quinto del petitorio del libelo de demanda, este Tribunal estima procedente establecer que el interés legal al cual aluden los artículos 1.277 del Código Civil y 108 del Código de Comercio constituyen un interés moratorio que no toma en cuenta la desvalorización del signo monetario, sino, únicamente, un modo de resarcimiento al acreedor de una suma de dinero por el lucro cesante causado por no haber dado uso al dinero adeudado durante el tiempo del retardo.
En tal virtud, la pérdida de valor del signo monetario durante el período de incumplimiento de una obligación que tenía por objeto el pago de una suma de dinero, debe ser igualmente considerada a los efectos de compensar al acreedor por la desvalorización ocurrida, por lo que este Tribunal debe considerar procedente este pedimento. Así se declara.-
A respecto, el cálculo de la indexación será el que determine el Banco Central de Venezuela, entre la fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha en que quede definitivamente firme el fallo en la presente causa, la cual se fijará sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los 6 primeros bancos comerciales del país, para lo cual se ordenará experticia complementaria del fallo en el dispositivo de esta sentencia, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

VIII
DECISIÓN
En consecuencia, por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley:
PRIMERO: Declara CON LUGAR la demanda interpuesta por ASTIVENCA ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A. contra el BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL.
SEGUNDO: ORDENA el pago por parte de la sociedad BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, a la parte actora de la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN BOLIVARES FUERTES CON 87/100 (Bs.3.444.621,87), por concepto de Capital adeudado, referente a facturas aceptadas por servicio de muellaje y reflotamiento de embarcación.
TERCERO: ORDENA el pago por parte del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, a la parte actora de la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE BOLIVARES FUERTES CON 65/100 (Bs. 1.205.617,65), por concepto de intereses de mora, causados desde la fecha de vencimiento de cada una de las facturas acompañadas con el libelo de demanda, hasta el día veintiuno (21) de junio de 2007.
CUARTO: ORDENA el pago de los intereses de mora del monto condenado a pagar en el Punto Primero de este Dispositivo, causados desde la fecha veintiuno (21) de junio de 2007 hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo, en base a la rata del doce por ciento (12 %) anual, para la cual se ordena experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, en los términos indicados en la motiva del fallo.
QUINTO: ORDENA el pago de la indexación del monto condenado a pagar en el Punto Primero de este Dispositivo, para lo cual se oficiará al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria a este fallo, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta decisión, a los fines de que dicho organismo determine la actualización monetaria, a partir del dieciocho (18) de julio de 2007, fecha de la interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme el fallo en la presente causa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en virtud de esta decisión

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), siendo las 11:30 de la mañana.
Publíquese y Regístrese. Cúmplase con lo ordenado.

EL JUEZ

FRANCISCO VILLARROEL RODRIGUEZ
EL SECRETARIO

ALVARO CÁRDENAS MEDINA

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. Se publicó y se registró sentencia, siendo las 11:35 de la mañana. Es todo.-

EL SECRETARIO

ALVARO CÁRDENAS MEDINA

FVR/ac/mt.-
Expediente No. 2007-000190