REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Sexto (6) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico. Extensión Calabozo Calabozo, veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve 199º y 150º ASUNTO : JH61-L-2007-000079 Visto el recurso presentado por el ciudadano Abogado ROMULO HERRERA, plenamente identificado en autos, en fechas 18/09/2009, donde solicita entre otras cosas: “…entendiendo que si dentro del proceso existe una flagrante violación a los Derechos y Garantías Constitucionales, y a solicitud de parte se pide justicia, a través del Control Difuso de Nuestra Constitución, tal denuncia debe ser atendida y tramitada conforme a derecho; en el caso que nos ocupa existe: para que se le de cumplimiento forzoso al acuerdo “AA” en donde la Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda se comprometió al pago de las Prestaciones Sociales condenándola a pagar los intereses moratorios mas la indexación monetaria, ya que es evidente la violación a nuestra constitución en sus artículo 89 y 92, y el juez esta llamado a corregir las faltas constitucionales al ejercer el Control Difuso de la Constitución, ya que el proceso es un fin para alcanzar la justicia y no al revés, En vista de lo anterior y revisadas las actas contentivas del presente asunto se aprecia que el abogado ROMULO HERRERA, pretende que este juzgador por medio de la aplicación del Control Difuso deje sin efecto el desistimiento efectuado en fecha 25 de abril de 2008 y homologado por este tribunal en fecha 07 de mayo de 2008. Así las cosas considera necesario este juzgador traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional N° 1.178 de fecha 17-07-2008, con Ponencia del Magistrado PEDRO RONDON HAAZ, referente al control difuso de la constitucionalidad, cito: “…Esa facultad que fue conferida a los jueces para el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas constituye también un deber que se deriva de un imperativo que les impone de manera directa una norma constitucional; por tanto, en todos los casos en los que éstos aprecien alguna incompatibilidad entre una Ley u otra norma jurídica con la Constitución, están obligados al ejercicio del control difuso (Cfr. s.S.C. n.° 620 de 2 de mayo de 2001, caso: “Industrias Lucky Plas C.A.”). …omissis… … si -históricamente- la institución del control constitucional difuso surgió en aquellos sistemas de separación flexible del poder, aquella limitación objetiva que sólo hacía controlables a través de este medio a las leyes en sentido formal, hoy día carece de sentido práctico, por cuanto la potestad para crear normas jurídicas no sólo reside en el Órgano Legislativo. Así, si el poder ejecutivo tiene la potestad constitucional de dictar actos con rango y fuerza de Ley a través de habilitación legislativa, ex artículo 236.8 constitucional; entonces, el producto del ejercicio de dicha facultad –Decretos con rango y fuerza de Ley- podrá ser objeto de control difuso al igual que las Leyes en sentido formal. Desde luego, esta Sala repara que si bien la potestad legislativa – entiéndase como tal la actividad que reglan, para el caso del poder nacional, los artículos 202 y ss. de la Carta Magna- es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, no lo es así la potestad normativa del Estado en sentido amplio, la cual ejerce, como se advirtió supra, el Presidente de la República a través del dictamen de Decretos Legislativos, así como en relación con la producción reglamentaria que preceptúa el artículo 236.10 eiusdem. En este último caso, la potestad en referencia tiene un carácter secundario en la jerarquía del proceso de creación normativa, en el sentido de que la ley supraordena el contenido de los actos reglamentarios, los que- en ningún caso- podrán contrariarla; ergo, tampoco podrán contravenir a la Constitución (Cfr. JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR. “Principios de Derecho Administrativo”. T. I. Pág. 324 y ss. 4° ed. Edit Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2002). De esa forma, adquiere sentido jurídico que sobre tales actos sublegales –reglamentos- pueda ejercerse el control difuso de la constitucionalidad, fundamentalmente porque dichos actos, como ya se explicó, son producto del desarrollo de una actividad normativa del Estado. Como corolario de lo que fue expuesto, destaca que, por cuanto los Estados y Municipios tienen atribuidas potestades normativas de conformidad con la Constitución (Arts. 162, 164, 168, 175 y 178) y la Ley; entonces, las leyes estadales, ordenanzas municipales y demás actos de naturaleza normativa que expidan los órganos administrativos estadales o municipales pueden ser desaplicados por los jueces a través del ejercicio del mecanismo de control constitucional difuso. En atención a las peculiaridades del caso de autos, como se detallará infra, esta Sala resalta que el ejercicio de la desaplicación descentralizada (según la terminología de CAPPELLETTI) siempre habrá de recaer sobre un acto de naturaleza normativa, esto es, se insiste, que sea producto del ejercicio de la potestad normativa del Estado, bien en sentido amplio o restringido (Legislación). En otras palabras, el objeto de control por parte de todos los jueces en los casos bajo su conocimiento, conforme al artículo 334 constitucional, recae única y exclusivamente sobre normas jurídicas, que sean susceptibles de aplicación general y abstracta, en los límites que se ciñeron supra…” Ante la situación planteada y el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al Control Difuso de la Constitucionalidad, cabe preguntarse ¿es posible dejar sin efecto un desistimiento realizado por la parte accionante a través del mecanismo del control difuso de la constitucionalidad? Semejante interrogante solo genera una respuesta negativa, ya que en primer lugar la institución del Control Difuso de la Constitucionalidad, solo permite desaplicar una norma que sea producto de la potestad normativa del estado, que sean susceptibles de aplicación general y abstracta, cuando riña, colide o sea incompatible con la alguna disposición o principio y en general cualquier norma de carácter constitucional; y en segundo lugar el abogado ROMULO HERRERA, en la solicitud presentada no señala norma alguna cuya desaplicación procura, sino por el contrario pretende con el mecanismo del control difuso de la constitucionalidad, dejar sin efecto el desistimiento efectuado en fecha 25 de abril de 2008 y homologado por este tribunal en fecha 07 de mayo de 2008. Este Juzgador se sorprende que el profesional del derecho ROMULO HERRERA, ignore la naturaleza y finalidad de una Institución tan importante del Derecho Constitucional Venezolano como es el mecanismo de Control Difuso de la Constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.--------------------------------------------------------------------------------- EL JUEZ ABG. DANIEL ALEJANDRO CERERO LA SECRETARIA ABG. TIBISAY DELGADO Á DC. Resolución N° PJ0012009000045