TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, doce (12) de Febrero de 2010
199º y 150º

N° DE EXPEDIENTE: AC22R-2005-046

En virtud de Resolución Nº 2007-0022 de fecha 06 de Junio de 2007, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, y publicada en gaceta oficial Nº 355.459, este Juzgado Superior Tercero del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pasa a denominarse Tribunal Superior Octavo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

PARTE ACTORA: MARIO GARONE RINALDE, titular de la cédula de identidad Nº 256.083.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LUIS RAFAEL GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 11.176.788 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.377.
PARTE DEMANDADA: SASTRERIA ANGELO´S STYLES S.R.L., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: AZMY ABDULHADI SALEH y MARIA DENISE TEJADA ZAPATA, abogados inscrito en el IPSA bajo los Nros. 5.263 y 32.254 respectivamente.
MOTIVO: Apelación de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 24/02/2005, dictada por el juzgado el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS:
El 21/05/1996, la ciudadana María Victoria Valdieso de Gamez, actuando en nombre y representación del ciudadano MARIO GARONE RINALDE, interpuso ante los Tribunales de Trabajo, demanda por prestaciones sociales contra la sociedad mercantil SASTRERIA ANGELO S STYLES S.R.L.
En fecha 24/02/2005, el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, declara sin lugar la demanda por prestaciones sociales incoada por el ciudadano MARIO GARONE RINALDE contra la sociedad mercantil SASTRERIA ANGELO S STYLES S.R.L.
En fecha 20-09-2005 la ciudadana María Victoria Valdieso de Gamez, en su carácter de representante judicial del ciudadano MARIO GARONE RINALDE, ejerce recurso de apelación contra la sentencia de fecha 24-02-2005.
En fecha 03/10/2007, vista la apelación interpuesta por la parte actora, el a-quo, oye la apelación en ambos efectos y remite el expediente para su correspondiente distribución.
El día 27 de Octubre del 2005, fue distribuido el expediente correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Tercero Superior del Régimen Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
En fecha 08/01/2007el Juzgado antes mencionado da por recibido el expediente e indica que al quinto día hábil siguiente se fijará oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica.
El día 15/01/2007 fija oportunidad para la celebración de la audiencia, para el día 31/01/2007 a las 02:00 p.m.
En fecha 31/01/2007 se reprogramó la audiencia para el día 01/03/2007 y la apoderada de la parte actora sustituye poder, reservándose su ejercicio, en la persona CARLOS GOTTBERG
En fecha 28/02/2007, la apoderada judicial de la parte actora, consigna diligencia en la cual solicita al Tribunal, suspenda el procedimiento habida cuenta del fallecimiento de la muerte del actor, hasta que sus herederos otorguen nuevo poder.
En fecha 01/03/2007, este juzgado superior, reprograma la audiencia para el día 17/05/2007 y, le hace saber a la apoderada de la parte actora, que debe acreditar la documentación necesaria para evidenciar el fallecimiento del actor, dentro de los 05 días hábiles siguientes.
En fecha 13/03/2007, la abogada MARIA VICTORIA VALDIVIESO de GAMEZ, quien fuera la apoderada de la parte actora, consigna documentales en copias simples del acta de defunción del actor.
En fecha 17/05/2007, este Juzgado Superior, deja constancia de la suspensión de la causa hasta tanto no se determinen los legítimos herederos del causante y al efecto ordena librar edicto para que comparezcan durante el término de 90 días continuos a partir de la última publicación y consignación en autos de los mismos.
En fecha 02/06/2007, el alguacil deja constancia de la imposibilidad de publicar el edicto en el diario última Noticias y el Nacional y devuelve los mismos al Tribunal.
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR:

Para decidir, el Tribunal observa:
Se desprende de las actas del expediente, que desde el día 20-06-2006, fecha en la cual se llevó a cabo el procedimiento de distribución del presente expediente, hasta la presente fecha, la parte accionante no ha dado el correspondiente impulso procesal a la solicitud por ella intentada relativa a la suspensión de la causa, por un período superior a Seis (06) meses.
Ahora bien, en sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia distinguida con el Nº 982 de fecha 06-06-2001(caso: José Vicente Arenas Cáceres), se dejó sentado lo siguiente:
“...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.”.

Se extrae de la sentencia parcialmente transcrita ut supra, la circunstancia que según la doctrina de la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República en el procedimiento de amparo la inactividad de la parte accionante por un determinado período produce la extinción del proceso, no por la figura ordinaria de la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sanción que se impone al demandante negligente que no da el debido impulso a la pretensión intentada por más de un (01) año, sino por la figura del abandono del trámite prevista en el artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cabe destacar que independientemente como se le nomine, los efectos respecto al decaimiento y extinción de la acción son idénticos en ambas figuras, en lo que sí varían una y otra es en el período de tiempo que debe dejarse transcurrir para que opere el deceso del proceso por esa pasividad procesal. En efecto, como se dijo antes, la perención de la instancia se verifica una vez transcurrido un (01) año desde la última actuación en autos del demandante, sin embargo, tal cosa no ocurre igual en el procedimiento especial de amparo constitucional que, debido a la brevedad y celeridad de su tramitación, establece un período de tiempo más corto de aquel que alude la perención. No obstante, se debe dilucidar el hecho que ese lapso temporal no se encuentra expresamente determinado en la Ley especial que rige la materia, sino por la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional. Desde luego, la propia decisión plasmada con antelación dejó sentado lo siguiente:

“… De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por Seis (06) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…”.

En el caso de autos la omisión de actuación del demandante durante más de seis (06) meses, encaja dentro de los extremos expuestos en la sentencia parcialmente transcrita, por lo que el abandono de trámite resulta consumado.-
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera prolongada el decaimiento del interés del actor por la inacción, más allá del término señalado en la doctrina de nuestro máximo Tribunal, ocasionó, sin ningún género de dudas, la extinción de este procedimiento, y así debe declararse.

DISPOSITIVO:

En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN del Recurso de apelación, contra la sentencia de fecha 24/02/2005, dictada por el juzgado el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Superior Octavo del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en la misma ciudad, el día doce (12) de Febrero de dos mil diez (2010). Año 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Jueza,

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DRA. GRELOISIDA OJEDA NÚÑEZ,

EL SECRETARIO,
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Abog. TOMAS MEJIAS

En la misma fecha, se consignó y publicó la anterior decisión.

EL SECRETARIO,

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Abog. TOMAS MEJIAS

GON/TM/ns