TSJ Regiones - Decisión

Conoce este Juzgado de la presente causa mediante escrito de demanda recibido previa distribución del mismo, y presentado por el ciudadano MIGUEL JOSÉ RIANI PONCE, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 14.538.725, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 103.333, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “13- XXI”, C.A”, por motivo de COBRO DE BOLIVARES, en contra del ciudadano: MORENO ZAPATA OSWALDO ARGENIS, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la Misión de Los Ángeles, Carretera Nacional con Calle Seis (6) Quinta La Espiga de esta ciudad de Calabozo, Estado Guárico y titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.621.136, donde de acuerdo a lo pautado en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, pide al Tribunal, decrete MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVA, sobre bienes propiedad del demandado, plenamente identificado; por lo que pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la medida preventiva de Embargo sobre bienes propiedad del demandado, solicitada por el demandante, y a tal efecto, observa:

Que las Cinco (5) facturas y Cinco (5) letras de cambio aceptadas por el ciudadano MORENO ZAPATA OSWALDO ARGENIS, que suman un total de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 43.232,72) con fecha de vencimiento el 04-12-2008, a la orden de la Sociedad Mercantil “13- XXI”, C.A”.-

De conformidad con lo previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a establecer los motivos de Hecho y de Derecho en los cuales fundamentará la presente decisión, a cuyo efecto, determina:

Tomando como norte la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso L. E. Herrera, Fecha 18-11-2004), donde expone que el Juez cuando decrete, acuerde o niegue medidas cautelares, cualesquiera que sean, nominadas e innominadas, realiza una actividad de juzgamiento discrecional, donde se deben verificar que se cumplan las condiciones, esto es cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Dicho eso, concatenado con lo que nos dice el autor Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “Las Medidas Cautelares”, Tomo I, en torno al poder cautelar, que éste implica la potestad y el deber que tienen los Jueces para evitar cualquier daño que se presente como probable, concreto e inminente en el marco de un proceso en prejuicio de las partes y, por supuesto, en detrimento de la administración de justicia, entendiéndose pues, ese poder cautelar del Juez, como “la potestad otorgada a los jueces y dimanante de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional y con la finalidad de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y a la majestad de la justicia”.

Si bien es cierto que el juez tiene la competencia para dictar medidas en el proceso, estas se deben de dictar en los supuestos en que se encuentren llenos los requisitos esenciales para su procedencia, de forma concurrente, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 2) el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora), por lo que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. De faltar esos elementos de convicción, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedencia exigidos en el articulo 585 Código de Procedimiento Civil, los cuales van íntimamente ligados a lo dispuesto en el articulo 646 ejusdem, aún cuando el demandante solicite la medida y esta tenga que ser decretada por el Juez.
Con relación al primero de los requisitos, este es, el fumus bonis iuris, en el caso bajo examen, a los fines de determinar la procedencia del mismo, se hace un análisis sobre su verificación a través de un juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, por lo que se evidencia que la parte accionante consigno conjuntamente con el libelo de la demanda, (5) facturas y (5) letras de Cambios, aceptadas por el ciudadano MORENO ZAPATA OSWALDO ARGENIS, por un monto total de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 43.232,72) con fecha de vencimiento el 04-12-2008, a la orden de la Sociedad Mercantil “13- XXI”, C.A”, del cual se desprende en un principio, la presunción de la existencia de las obligaciones cuyo cumplimiento se demanda, salvo que en el curso del proceso el accionado desvirtúe la existencia o el incumplimiento de las obligaciones que le son demandadas, así pues se supone la existencia del buen derecho suficiente para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, por cuanto el documento consignado por la parte actora se evidencia la posible existencia de las obligaciones insolutas por ella reclamada, quedando este Tribunal satisfecho con el primer requisito requerido para el otorgamiento de la medida preventiva de Embargo solicitada. Así se decide.-

En cuanto al segundo de los requisito, esto es, el periculum in mora o peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es criterio reiterado de la doctrina y la jurisprudencia patria, que su verificación no se limita a una mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño alegado en virtud de la violación o desconocimiento del derecho reclamado, si este existiere, y la dificultar o imposibilidad de su reparación, bien por la demora del juicio, bien por las acciones que el demandado durante el tiempo que tome la tramitación de aquel, pudiera efectuar con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada; ahora bien, la parte actora señala en su escrito de solicitud que como quiera que la presente demanda está fundamentada en Cheque, facultado por lo dispuesto en el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que pide al Tribunal, decrete medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado; por lo que se puede presumir el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, lo que podría impedir al demandante hacer efectiva su pretensión en caso de declararse con lugar la demanda interpuesta, quedando este tribunal satisfecho con este requisito. Así se decide.-

Así mismo se aprecia que la demanda fue estimada por la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (Bs. 47.988,15) equivalentes a (U.T. 872,51) Unidades Tributarias.

En consecuencia encontrándose demostrada la existencia de los dos (02) requisitos contemplados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, estos son el fumus bonis iuris y el periculum in mora, y a lo dispuesto en el Artículo 646 de la misma norma, este Juzgado debe declarar con lugar la medida de embargo preventivo solicitada. Así se decide.-