De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se puede evidenciar que en fecha 20 de octubre de 2009, mediante diligencia la parte accionante señala que pone a disposición del alguacil los medios para practicar la intimación, pero de auto se evidencia que hasta la presente fecha no ha suministrado lo dicho por él, es decir no ha dado cumplimiento al articulo 12 de la ley de aranceles judiciales , por ello hasta la presente fecha no consta en autos la intimación de la parte demandada, para cumplir con las diligencias pertinentes a la consecución de la intimación, procede este decisor a revisar las actuaciones procesales que integran el presente expediente, contenido del juicio del cobro de bolívares (PROCEDIMIENTO DE INTIMACION) del cual se desprende lo siguiente:

Riela al folio 09 del cuaderno principal, que en fecha diez (10) de agosto del dos mil nueve se admitió la presente demanda, ordenándose de conformidad con el articulo 647 del Código de Procedimiento Civil la intimación de la parte demandada, para que compareciera ante este Tribunal dentro de los diez (10) días siguiente de despacho siguiente a la constancia en autos de haber sido la intimado, a fin de que pague la suma de dinero señalada en le libelo de la demanda o haga formal oposición. No se evidencia en las actas del proceso que la parte actora haya cumplido dentro de los treinta (30) días siguiente siguientes a la fecha de admisión a la fecha de admisión de la demanda con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la intimación del


Demandado, que no son otras que las cargas u obligaciones a las cuales refiere el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial que establece “cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse una diligencia fuera de la población en que tenga asiento el tribunal. La parte promoverte o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente proporcionara vehículo cuando el acto o diligencia se efectué en las misma población en que resida el tribunal, Registros Mercantiles y Notarias Públicas en lugares que disten más de 500 metros de su recinto…”
Se ha establecido jurisdiprudencialmente que el logro de la citación, no son solamente de orden económico, sino la obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o el traslado y gastos de manutención y hospedaje cuando hay de cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal.
Conforme al citado artículo, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del poder judicial, y como tal ingreso público quedaba dentro de la clasificación de rentas ordinarias (Art. 42 Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional), pero que deroga esta obligación tributaria, están las obligaciones previstas en la misma ley de arancel judicial que no contribuyen ingreso público ni tributario ni son percibidas por los institutos bancarios.

Ahora bien ha quedado establecido que las obligaciones que no constituyen ingresos públicos, ni tributos, son las relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarias o Registros y deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo-además de los vehículos para la trasportación o los gastos que ella ocasione la evacuación del acto o diligencias siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del tribunal, Notaria o Registro Público.

También estableció el legislador que “los pagos a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede del Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante…de allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indico, tiene en plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la oblación tributaria” (ingreso público) que estaba prevista en la ley de arancel Judicial, en razón de la justicia







Gratuita por el articulo 26 de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Entonces, en cuenta de que se trata de obligaciones impuestas por la ley, tal como lo exige el ordinal 1º del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrase el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a unos 500 metros de la sede del tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones dependientemente de la gratuidad contemplada en la constitución.
La doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06/07/2004, sentencia Nº 00537, establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante una manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal, porque de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia; la cual de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil se verifica ope legis.

Ahora bien, procede el Tribunal a verificar si en la presente causa se produjo la perención de la causa, así tenemos que desde el dieciséis (10) de agosto del 2009, fecha en la que se admitió la demanda por cobro de Bolívares (PROCEDIMIENTO DE INTIMACION).
Han transcurrido mas de treinta días sin que la parte demandante, ni por si ni por apoderado alguno, presentara diligencia alguna en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la intimación de la parte demandada, teniendo en cuenta que el lugar señalado en le libelo de la demanda para la practica de la intimación para la practica de la citación dista más de 500 metros de la sede del recinto tribunalicio, por lo que advierte el tribunal que cómodamente se consumo La PERENCION BREVE DE LA ISNTANCIA aquí alegada.