JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, ocho (08) de julio de dos mil diez (2010)
200° y 151°
Asunto N° AP21-R-2010-000908
PARTE ACTORA: MARIA HORTENCIA BERRIOS CALDERON, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 10.806.303.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARMEN FREITES, abogada en ejercicio, inscrita en Inpreabogado bajo el N° 69.479.
PARTE DEMANDADA: ADMINISTRADORA ESTACECETE, C. A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 23 de agosto de 1988, bajo el número 9, Tomo 73-A Sgdo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: MARIA EUGENIA ALVAREZ DUQUE y RAUL FREITES RUIZ, abogados en ejercicio, inscritos en Inpreabogado bajo los Nros. 76.175 y 44.967, respectivamente.
Han subido a esta alzada las presentes actuaciones en virtud de la apelación interpuesta por la abogada María Eugenia Álvarez Duque, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 04 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitano de Caracas, en el juicio seguido por la ciudadana María Hortencia Berrios Calderón contra Administradora Estacecete, C. A.
En la oportunidad de la audiencia de parte en la alzada, la representación judicial de la parte accionada expuso que no concurrió, con el otro abogado socio, a la audiencia preliminar por cuanto se intoxicaron, compraron comida casera paella y empezaron a tener náuseas y vómitos, y el día de la audiencia preliminar presentó salpullidos en la piel; fueron al médico que los medicó y les dio reposo; fue algo sobrevenido y se vieron imposibilitados de acudir; el médico compareció el día de hoy pero llegó tarde a la audiencia.
La parte actora expuso: si el día anterior a la audiencia sufrieron la intoxicación, en horas de la mañana del día siguiente debieron acudir a presentar diligencia por encontrarse imposibilitados; en la constancia no se especifica el diagnóstico médico; el diagnóstico es genérico; no estuvieron hospitalizados; se pudo mandar a otra persona; pudo habilitar notaría para sustituir poder; se pudo preveer; el hecho no los exonera de comparecer.
Cumplida las formalidades legales se pronuncia este juzgador, previas las consideraciones siguientes:
La sentencia recurrida, obra a los folios del 172 al 180, desprendiéndose de la misma que la parte demandada no concurrió a la audiencia preliminar, declarando la admisión de los hechos, sujeta a que la pretensión no sea contraria a derecho.
La parte recurrente, mediante diligencia de fecha 11 de junio de 2010, inserta a los folios del 182 al 184, como fundamento de su apelación, señala:
“(…) existió un hecho sobrevenido, imprevisto e inevitable que impidió a los apoderados judiciales de la accionada, estar presentes en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar en la presente causa. En tal sentido es de destacar que el día 27 de mayo de 2010 (un día antes de la referida Audiencia), nos encontrábamos presentes en nuestra oficina, el abogado Raúl Freites Ruiz, quien se encuentra identificado a los autos del presente expediente y quien suscribe esta diligencia, revisando las defensas a ser esgrimidas con ocasión de la demanda que nos ocupa en estas líneas. Así las cosas, a la una y media de la tarde, aproximadamente, compramos almuerzo a una trabajadora informal que usualmente vende ‘comidas caseras’ a domicilio en la zona, con el lamentable resultado que en una hora y media aproximadamente, ambos abogados manifestábamos los síntomas clásicos de una intoxicación. Visto que el malestar no cedía, decidimos acudir a un centro de salud cercano, específicamente la Clínica Jiménez Rojas, ubicada en la Avenida Las Ciencias y Estadium, Urbanización Los Chaguaramos, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas, donde fuimos atendidos, por el Dr. Rafael Bolívar, quien nos dio la medicación de rigor y además, nos otorgó reposo por dos días.
Como puede observarse, debido al mencionado hecho sobrevenido, es por lo que ambos apoderados de Administradora Estacecete, S.A. nos vimos impedidos de acudir a la audiencia preliminar que efectivamente se celebró el día 28 de mayo de 2010.”
A los folios 185, 186, 187 y 188 acompaña la parte apelante, constancias médicas de fecha 27 de mayo de 2010, suscrita por el médico Guillermo Bolívar, Gastroenterólogo del Instituto Médico Quirúrgico Dr. Jiménez Rojas, en la cual se hace constar que los pacientes Raúl Freites Ruiz y María Eugenia Álvarez Duque, acudieron al Centro presentando Intoxicación Alimentaría, ameritando tratamiento médico ambulatorio y reposo por dos días; facturas de pago por dichas consultas médicas; e indicaciones del tratamiento a seguir, prescrito por el médico tratante.
Sobre la incomparecencia de alguna de las partes para el inicio de la audiencia preliminar, el legislador a considerado varias consecuencias jurídicas, de orden procesal, dependiendo del no compareciente: si no acude el actor se entiende desistido el procedimiento y terminado el proceso –artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- y si quien no concurriere fuere el demandado, se presume la admisión de los hechos alegados por el accionante, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del actor –artículo 131 eiusdem. Sin embargo, también el legislador ha establecido la posibilidad de fijar nuevamente la oportunidad para el inicio de la audiencia preliminar, cuando la parte que no compareció pueda justificarla por razones de caso fortuito o fuerza mayor.
En efecto el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reza:
“Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo.
El Tribunal Superior del Trabajo competente decidirá oral e inmediatamente y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día de recibo del expediente, pudiendo confirmar la sentencia de Primera Instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del tribunal.
(…).”
Quien suscribe el presente fallo, ha expuesto sobre el tema, que:
“La inasistencia a la mediación tiene que tener una sanción de un importante peso procesal; si fuera voluntaria, su eficacia estaría comprometida con el fin perseguido.
(…)
Si fuere revocada la decisión recurrida, porque considerara quien dictare la decisión firme que hubo razones para el demandado que justificaron su inasistencia, por caso fortuito o fuerza mayor, se ordenará al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que fije nueva oportunidad para la realización de la audiencia preliminar, la que estará a cargo del mismo Juez que dictó la decisión revocada, porque su pronunciamiento no puede considerarse como adelantamiento de opinión porque el fundamento de su fallo está en la aplicación de la sanción impuesta por el legislador, no surge del examen y análisis de las pruebas, no viola el artículo 57 de la LOPT.” (Procedimiento Laboral en Venezuela, Editorial Melvin, Caracas 2004, pp. 109 y 114).
En la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en relación con la comparecencia de las partes a la audiencia preliminar, se lee:
“(…) 3° debe ser obligatoria, porque la experiencia ha demostrado, al menos entre nosotros que la conciliación voluntaria o la simple facultad atribuida al Juez de la causa, de llamar a las partes a conciliación, ha resultado un estruendoso fracaso, en el derecho procesal del trabajo.
Ahora bien, de nada serviría que la Ley consagrara el carácter obligatorio, si al mismo tiempo no se plasman mecanismos procesales, para persuadir a las partes a que acudan a la audiencia preliminar a resolver sus diferencias, por ello, se ha considerado necesario que si el demandante no compareciere, se considerará desistido el procedimiento y si no compareciere el demandado, se presumirá la admisión de los hechos alegados y el Tribunal declarará terminado el procedimiento, en el primer caso o resolverá el mérito del asunto ateniéndose a la confesión, en el segundo caso, en ambas circunstancias resolverá mediante sentencia oral, que reducirá a escrito, contra esa decisión no hay apelación en ambos efectos y recurso de casación, si hubiere lugar a ello (arts. 130 y 131). Se piensa que este mecanismo garantiza que las partes no van a faltar a este importante acto del procedimiento.”
De acuerdo con las actas procesales, la parte accionada quedó legalmente notificada con la actuación del alguacil el día 11 de mayo de 2010 –folio 22-, constando además la certificación del Secretario –folio 24-, estando obligadas las partes a comparecer a la audiencia preliminar.
La Ley procesal ha establecido la rigurosidad de las partes para asistir a las audiencias, declarando, en caso de incomparecencia, las consecuencias procesales para unos y otros, sin embargo posibilita la justificación de la incomparecencia a juicio del tribunal.
En el presente caso, los abogados María Eugenia Álvarez Duque y Raúl Freites Ruiz –apoderados judiciales de la parte demandada- para justificar su incomparecencia puntual a la celebración de la audiencia preliminar del día 28 de mayo de 2010 a las 9:30 a. m., esgrimen que el día 27 de mayo de 2010, a la una y media de la tarde, aproximadamente, compraron almuerzo, con el resultado que en una hora y media, aproximadamente, ambos abogados presentaron síntomas de intoxicación al consumir la comida casera, lo que ameritó, su traslado al centro asistencial donde les prescribieron tratamiento y reposo por dos días, consignando como prueba para justificar su ausencia por caso fortuito o fuerza mayor, constancias médicas contentivas de diagnóstico de fecha 27 de mayo de 2010, emanadas del Dr. médico Guillermo Bolívar, Gastroenterólogo del Instituto Médico Quirúrgico Dr. Jiménez Rojas, en la cual se hacen constar que los pacientes Raúl Freites Ruiz y María Eugenia Álvarez Duque, acudieron al Centro presentando Intoxicación Alimentaría, ameritando tratamiento médico ambulatorio y reposo por dos días.
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, para que un hecho pueda ser calificado como caso fortuito o de fuerza mayor, se requiere, no sólo que sea imprevisto, sino que sea imprevisible.
Si los abogados en la tarde anterior al día de celebración de la audiencia preliminar presentaron problemas de salud, que en el presente caso se trata de una intoxicación alimentaria, y siendo que la audiencia preliminar se llevó acabo a las 09:30 a. m. del día siguiente, tenían tiempo suficiente para tomar las previsiones necesarias y comunicarse con algún representante de la empresa demandada para que viniera a la audiencia preliminar y obtener un diferimiento por no estar asistido de un profesional del derecho, o contactar a algún abogado para que asistiera al representante legal de la demandada en esa oportunidad, lo cual no ocurrió, lo que representa una omisión, no susceptible de justificación mediante récipes médicos y orden de reposo, cuando el hecho impeditivo se circunscribe a una intoxicación alimentaria, que sólo requiere reposo y dieta, por ser un tratamiento ambulatorio, por lo que el Tribunal de la primera instancia obró conforme a derecho cuando aplicó la consecuencia jurídica prevista por el legislador en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, presumiendo la admisión de los hechos narrados por el actor en su libelo, restando por precisar si la reclamación no es contraria a derecho. Así se decide.
Ahora bien la expresión “contraria a derecho” no supone que sea ilegal o ilícita la pretensión, sino que debe entenderse como no tutelada por el derecho, no prevista o contemplada en la legislación o en acuerdos entre las partes, que no violenten lo establecido en las disposiciones sustantivas.
Con base a lo expuesto, el Juez –de Primera Instancia o Superior- debe examinar si la petición contenida en el libelo está pautada en las normas o convenida por las partes; en caso contrario debe excluirla de lo que se considera admitido por el patrono que no comparece a la audiencia preliminar.
El actor reclama en su libelo –folios del 01 al 07- el pago de los conceptos de antigüedad, días adicionales de antigüedad, preaviso del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, indemnización por despido injustificado y sustitutiva de preaviso, salarios hasta diciembre de 2009 por Decreto Presidencial, más los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora y corrección monetaria.
Señala la accionante que cumplió sus labores en la demandada desempeñándose como cajera de taquilla desde el 18 de noviembre de 1999 al 01 de julio de 2009 cuando fue despedida injustificadamente.
En cuanto a los montos demandados y los acordados, se observa:
La parte accionante, cuantifica los conceptos demandados en la cantidad de Bs. 132.439,98. El Tribunal de la causa, por sentencia definitiva, declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada al pago por los conceptos de antigüedad, días adicionales de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, indemnización por despido injustificado y sustitutiva de preaviso, ordenando se calculados por experticia complementaria, mas los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora, indexación y costas.
En la sentencia apelada se declaró improcedente la condenatoria por el concepto de preaviso del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y, no se hizo referencia ni fue condenado el reclamo de la cantidad de Bs. 6.439,98 por concepto de salarios hasta diciembre de 2009 por Decreto Presidencial, sin que haya apelado la parte accionante por lo que se confirma la sentencia en este punto. Así se decide.
Por otro lado en la sentencia apelada se condena al concepto de 7,5 días de utilidades fraccionadas, sin que se observe del libelo de la demanda que se haya demandado cantidad alguna por tal concepto, lo que impone su revocatoria, modificándose la sentencia en este punto. Así se decide.
En cuanto a los conceptos demandados y acordados por el a quo se observa:
La Ley Orgánica del Trabajo contempla dentro de su articulado el derecho de los trabajadores a obtener de su patrono el pago de la antigüedad –artículo 108-, vacaciones –artículo 219-, bono vacacional –artículo 223-, indemnización por despido injustificado –artículo 125-, intereses sobre prestaciones sociales –artículo 108-; adicionalmente de contemplan los intereses de mora –artículo 92 constitucional-, por lo que estos conceptos reclamados están ajustados a derecho, están tutelados por la legislación laboral.
De acuerdo con la duración de la relación de trabajo, le corresponde al trabajador la antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en 9 años, 7 meses y 13 días, a ser calculada con base al salario devengado por el actor mes a mes, mas la alícuota de utilidades y bono vacacional, a saber, entre el 18 de noviembre de 1999 al 01 de julio de 2009 le corresponden 560 días, y no los días demandados ni los indicados en la sentencia apelada. Para la cuantificación de este concepto, se remite a una experticia complementaria, para lo cual el experto considerará el salario promedio para cada período a calcular, más las alícuotas de utilidades y bono vacacional. Así se decide.
En relación con los intereses sobre la prestación de antigüedad, le corresponden al actor a tenor de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales se cuantificarán por experticia complementaria, tomando en cuenta la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela en cada período a calcular, conforme pauta el literal c) de la parte principal de la disposición sustantiva mencionada supra.
En cuanto los días adicionales de antigüedad le corresponde el salario de 90 días, a ser calculados con base al salario devengado por el actor mes a mes, mas las alícuotas de utilidades y bono vacacional, lo cual será calculado por experticia complementaria del fallo. Así se decide.
En cuanto a las vacaciones fraccionadas, le corresponde el salario de 14 días; y por el bono vacacional fraccionado, el salario de 9,3 días, con base al salario devengado para el momento de la finalización de la relación de trabajo, lo cual será calculado por experticia complementaria del fallo. Así se decide.
En cuanto a la indemnización por despido injustificado le corresponde a la actora el salario de 150 días y por indemnización sustitutiva del preaviso, le corresponde el salario de 60 días, ambos a razón del salario integral devengado para el momento de la finalización de la relación de trabajo, lo cual será calculado por experticia complementaria del fallo. Así se decide.
Por aplicación al contenido in fine del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se condena a la demandada al pago de los intereses de mora desde la fecha de terminación de la relación de trabajo –01 de julio de 2009- “hasta la oportunidad del pago efectivo”. Los intereses de mora se calcularán por experticia complementaria del fallo, con base a “las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela” para el pago de la prestación de antigüedad, conforme lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo. Este acuerdo de intereses de mora no excluye la aplicación posterior, si fuera el caso, del contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.
Este Juzgado Superior, conforme estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de fecha 25 de mayo de 2010, acuerda la corrección monetaria –indexación-, causada así: para el monto por concepto de la prestación de antigüedad, a partir de la fecha de finalización de la relación de trabajo –01 de julio de 2009-; los otros conceptos a partir de la notificación de la demandada –11 de mayo de 2010-, a ser cuantificados por experticia complementaria, con base al índice nacional de precios conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, “excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales o implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En caso de incumplimiento por la parte condenada “se ordena la corrección monetaria del monto que resulte total a pagar, contado a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.
Por las razones expuestas, este Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada y PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana María Hortencia Berrios Calderón contra la empresa Administradora Estacecete, S. A., condenándose a ésta a pagar a la trabajadora los siguientes conceptos: antigüedad, días adicionales de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, indemnización por despido injustificado y sustitutiva de preaviso, más los intereses sobre prestaciones sociales, los intereses de mora y corrección monetaria, todo lo cual será cuantificado por experticia complementaria del fallo bajo el siguiente fundamento: 1.- La experticia será llevada a cabo por un experto, designado por el Tribunal encargado de la ejecución. 2. El experto considerará que la relación de trabajo se inició el 18 de noviembre de 1999 y finalizó el 01 de julio de 2009. 3. El experto calculará el salario integral del trabajador considerando la información que cursa en los recibos insertos a los autos -folios 46 al 170-. 4. El experto calculará la antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo con base al salario de 560 días, integrado por el salario básico devengado por el actor en cada mes, más las alícuotas de utilidades y bono vacacional. 5. El experto calculará los días adicionales de antigüedad con base al salario de 90 días, integrado por el salario básico devengado por el actor en cada mes, más la alícuota de utilidades y bono vacacional. 6. El experto calculará las vacaciones fraccionadas a razón de 14 días y el bono vacacional fraccionado a razón de 9,3 días, ambos conceptos, con base al salario devengado para el momento de la finalización de la relación de trabajo. 7. El experto calculará la indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden 150 días por indemnización por despido injustificado y 60 días por indemnización sustitutiva del preaviso, con base al salario integral devengado para el momento de la finalización de la relación de trabajo. 8. La empleadora suministrará al experto la información que éste le requiera para hacer sus cálculos, en el entendido que de no hacerlo, o hacerlo en forma incompleta o falsa, el experto hará sus cálculos con la información suministrada por la parte actora. 9. El experto calculará los intereses sobre prestaciones sociales de acuerdo con las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, sin la fórmula de capitalización de intereses. 10.- El experto calculará también los intereses de mora y la indexación judicial en la forma anotada en la parte motiva de esta sentencia. 11.- Los honorarios del experto son por cuenta de la demandada.
Se modifica de oficio la decisión apelada. Se condena en las costas del recurso a la parte demandada, a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al resultar totalmente vencida en la incidencia.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ocho (08) días del mes de julio del año dos mil diez (2010).
EL JUEZ
JUAN GARCÍA VARA
LA SECRETARIA
KEYU ABREU
En el día de hoy, ocho (08) de julio de dos mil diez (2010), se publicó el presente fallo.-
LA SECRETARIA
KEYU ABREU
JGV/ka/mb
ASUNTO N° AP21-R-2010-000908
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