TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 19 de Julio de 2010
200º y 151º

ASUNTO: AP11-V-2009-000171

PARTE ACTORA: GENOVEVA MONEDERO NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.882.836, Abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.861 y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil DELICATESSES EBANO C.A, domiciliada en Caracas e inscrita ante el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18 de mayo de 1995, el numero 66, del Tomo 91-A-Sgdo,
MOTIVO: INTIMACIÓN DE HONORARIOS.
SENTENCIA: DEFINITIVA
I
ANTECEDENTES
El 22 de Julio de 2008 fue interpuesta la presente causa de Intimación de Honorarios Profesionales ante la unidad de Recepción y Distribución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por la abogada GENOVEVA MONEDERO NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.882.836, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.861 y de este domicilio. Tocando conocer al Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas; quien en fecha 07 de agosto de 2008, se declara incompetente para conocer la presente demanda y declina la competencia a los Juzgados de Municipio de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, conociendo de la causa el Juzgado Tercero de Municipio e la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 02 de octubre de 2008, se declara incompetente para conocer la presente demanda y declina la competencia a los Juzgados de Primera Instancia de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas
Previa distribución correspondió el conocimiento de la presente causa a este Juzgado y por medio de auto este Juzgado se declara competente para conocer la presente causa y se ordena darle entrada a los fines legales consiguientes el 27 de marzo de 2009.
El 27 de marzo de 2005 se dictó auto mediante el cual este Tribunal ordenó a la solicitante presentar los documentos que fundamentan su solicitud en original o en su defecto copia certificada.
II
MOTVACIÓN PARA DECIDIR
De toda la cronología efectuada, resulta que dicha causa estuvo paralizada desde el 27 de marzo de 2009, fecha en que el Tribunal solicita los documentos fundamentales hasta la presente fecha.
Ahora bien, quien Juzga observa que en la presente demanda ha operado un desinterés de la parte actora en obtener un pronunciamiento del Tribunal, verificándose de esa manera el Decaimiento de la acción, toda vez que desde el Tribunal ordenase la consignación de originales y/o copia certificadas de los documentos que fundamentan la solicitud y la presente fecha transcurrió 01 años, 03 meses.
En este orden de ideas tenemos que el Decaimiento de la acción se produce al haber ausencia de impulso procesal por rebasar el lapso que establece la Ley para la prescripción de un (1) año.
Ha sido sentencia reiterada, tanto de la Sala Constitucional, como de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que en casos como el de marras, opera de oficio o a instancia de parte, la declaratoria de extinción de la acción.
Sobre la perención, la suspensión y paralización de los actos procesales, así como sobre la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya nomenclatura es Nº 956, caso Valero Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el cual se estableció la siguiente doctrina:
“[…] A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
[…]
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
[…]
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (articulo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. […]” (Negrilla y Cursiva de este Tribunal)
En atención a la jurisprudencia parcialmente transcrita y la narración cronológica de las actuaciones insertas en el presente expediente, debe esta Juzgadora declarar Terminado el Procedimiento, por Decaimiento de la Acción. Así se decide.

III
DECISION
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela: Terminado el Procedimiento, por Decaimiento de la Acción de presente Juicio de Intimación de Honorarios Profesionales por la abogada GENOVEVA MONEDERO NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.882.836, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.861 y de este domicilio.
Publíquese, Regístrese, Notifíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil diez (2010). Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ
BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ
LA SECRETARIA
SUSANA MENDOZA

En la misma fecha, siendo las , se publicó y registró la anterior Sentencia.
LA SECRETARIA,

SUSANA MENDOZA