TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Ejecución de San Juan de los Morros
San Juan de los Morros, 16 de Julio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : JP01-P-2007-000524
ASUNTO : JP01-P-2007-000524

PENADO: ARTEAGA SIFONTE JOSE RAFAEL
DECISIÒN: OTORGAR BENEFICIO DE REGIMEN ABIERTO

Visto el oficio Nº 334-10, , suscrito por la Licenciada Mildrey Carrero de Curiel , Coordinadora de Región Andina, donde acompaña el Informe Técnico, realizada por la Unidad Técnica de Apoyo al sistema Penitenciario Nº 01 de Mérida, efectuada al penado ARTEAGA SIFONTES JOSÈ RAFAEL, y realizada por los delegados: Licenciado Carlos Bozo, Psicólogo: Freddy Andrade, Criminólogo: Jesús Suárez y el Asesor Legal Abogado: Jesús Manuel Guillen, de conformidad a lo establecido en los artículo 479 ordinal 1º, 500 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 65 de la Ley del Régimen Penitenciario, ante solicitud elevada por la defensa:

El penado Arteaga Sifontes José Rafael, fue condenado a cumplir la pena de Diez (10) Años de Prisión por la comisión del delito de Asalto a Taxi, y fue detenido por primera ves en fecha 11-02-2.007, hasta el día de hoy 15-07-2.010, es decir tiene un tiempo de detención de Tres (03) Años Cinco (05) Meses y Cuatro (04) Días, mas una redención de un tiempo de Un (01) Año Un (01) Mes y Once (11) Días, totalizan en definitiva de la pena cumplida de Cuatro (04) Años Seis (06) Meses y Quince815) Días, faltándole por cumplir Cinco (05) Años Cinco (05) Mese Y Quince(15) Días, pena que cumplirá el 30-12- 2015,

Ahora bien, de acuerdo al tiempo de cumplimiento de pena determinado, siendo la norma aplicable, lo previsto en el artículo 500, se constata que el penado ha extinguido un tercio (1/3) de la pena impuesta, es decir, que siendo la pena impuesta de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, la tercera parte de dicha pena es de TRES (03) AÑOS Y CUATRO (04) MESES de Pena cumplida, tiempo legal de pena que debe haberse cumplido para que el penado ARTEAGA SIFONTES JOSE RAFAEL opte al beneficio de REGIMEN ABIERTO, lo que de acuerdo al cómputo supra efectuado, se encuentra superado, cumpliéndose así el primero de los requisitos exigidos en la Ley.

Del folio 105 al 107 de la pieza N° 02, cursa Informe Psico-social realizado al penado ARTEAGA SIFONTES JOSE RAFAEL, titular de la cédula de identidad N°13.875.479, suscrito por el equipo técnico, Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario adscrito al Ministerio del Poder Popular para relaciones Interiores y Justicia, cuyo pronostico y conclusión es FAVORABLE, para el otorgamiento de la medida de pre-libertad solicitada, a favor de este penado, señalándose dentro de sus conclusiones, que se emitió un pronunciamiento FAVORABLE, …ya que el penado pudo observarse que el mismo presenta rasgos de autocrítica, deseos de cambio, un nivel de madurez mas ajustado a la realidad y criterios de progresividad intramuros.
Efectuando las siguientes Recomendaciones
Mantener supervisión máxima
Prohibir Porte de Armas
Evitar personas y lugares criminogenos
No consumir sustancias estupefacientes ni bebidas alcohólicas
Asistencia psicológica para reforzar autocrítica y disposición al cambio conductual

Estos aspectos encontrados en el penado en los estudios técnico, se encuentran sustentados por su condición de primario en el hecho punible, tal y como se refleja en la Certificación de Antecedentes Penales, emitido por la División respectiva del Ministerio del Interior y Justicia; al señalar que no se encuentra ingresado en el sistema de Registro y Control de Antecedentes penales , por no haber recibido esa oficina copia certificada de la sentencia definitiva, es lógico que siendo la primera vez que se ventila el otorgamiento de beneficio de cumplimiento de pena, se llenan así los requisitos concurrentes exigidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, para poder optar al Trabajo fuera del establecimiento penal.

Igualmente, se constató mediante entrevistas sostenidas con el penado que cuenta con gran apoyo familiar en Calabozo Estado Guarico, por lo que tomando en cuenta las recomendaciones del equipo técnico, se hace procedente, designar al CENTRO DE TRATAMIENTO COMUNITARIO “Gral. Ezequiel Zamora” con sede en esta ciudad de San Juan de los Morros-Estado Guárico, para que ingrese el penado en calidad de residente en el mismo y garantizarse así la permanencia del penado en un centro comunitario y cercano al lugar de residencia de sus familiares.

El artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:
Artículo 500: Trabajo Fuera del Establecimiento, Régimen Abierto y Libertad Condicional. El Tribunal de Ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta…El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado…, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.
Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:
1º Que no haya cometido algún delito o falta, sometido a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena.
2º Que el interno o interna haya sido clasificado (a) previamente en el grado de mínima seguridad por La junta de clasificación y tratamiento del establecimiento penitenciario…
3º Pronóstico de conducta favorable del penado (a) emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico…
4º Que alguna medida alternativa de cumplimiento de pena otorgada al penado (a) no hubiese sido revocada por el juez (a) de Ejecución con anterioridad.

Por otra parte, dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 272, lo siguiente:

“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos…se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. …”. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…”

El artículo 19 eiusdem, establece lo siguiente:

“El estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.” (Negritas y subrayado nuestro).

Todas estas normativas, son reguladoras del Sistema Penitenciario en cuanto al tratamiento de los penados, el deber del Estado de rehabilitarlos, el respeto a sus derechos humanos y sobre todo el implementar medidas de cumplimiento de penas no reclusorias, frente a la concurrencia de ciertas conducta que hagan determinar la buena evolución de los penados. Es por ello, que no se puede perder de vista, lo establecido en el artículo 61 del Capítulo 10 de la Ley de Régimen Penitenciario, donde se recoge con claridad todos éstos conceptos, que verifica el fin a perseguir, por lo que reza: “El principio de la Progresividad de los sistemas y tratamientos establecidos en el artículo 7° de la presente Ley, implica la adecuación de los mismos a los resultados en cada caso obtenidos y, siendo éstos favorables, se adoptarán medidas y fórmulas de cumplimiento de las penas más próximas a la libertad plena que el penado ha de alcanzar…”.

Sobre la base legal de las anteriores disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal y nuestra Carta Democrática, se infiere que dicha Ley tiene como objetivo principal y fundamental la reinserción social del penado en el periodo de cumplimiento de la pena, debiéndose respetar estrictamente todos los derechos inherentes a la persona humana consagrados en la Constitución y leyes Nacionales, Tratados, Convenios, Acuerdos Internacionales suscritos por la República, así como los derivados de su particular condición de condenado.

Igualmente, que los sistemas y tratamientos serán concedidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respeto a si mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la ley, y esto se encuentra establecido como principio de progresividad, lo que una ves verificado en el presente caso, se observa este desarrollo gradual y progresivo del propio examinado, lo que obliga a los administradores de justicia, aplicar el mandato establecido en el mencionado artículo 61 de la Ley de Régimen Penitenciario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que se adopten, frente a una persona con este desarrollo progresivo a su respeto, medidas y fórmulas de cumplimiento de penas.

Estableciéndose un PRONOSTICO FAVORABLE para el otorgamiento de Medida de pre-libertad a favor del penado ARTEAGA SIFONTES JOSE RAFAEL titular de la cédula de identidad N°13.875.479 quien ha demostrado progresividad conductual, tanto en el aspecto familiar, cultural como en el social y llenos todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 500, primer aparte y ordinales 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, en concordancia con el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal, considera que lo procedente y ajustado a derecho es OTORGAR LA FORMULA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE PRELIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE REGIMEN ABIERTO, al penado ERNESTO ENRIQUE SANCHEZ PARACO, , el cual deberá cumplir en el Centro de Tratamiento Comunitario “Gral. Ezequiel Zamora”. ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Juzgado primero de Ejecución del tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por expresa autoridad de la Ley, OTORGA LA FORMULA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE PRELIBERTAD, EN LA MODALIDAD DE REGIMEN ABIERTO, al penado ARTEAGA SIFONTES JOSE RAFAEL, titular de la cedual de identidad Nº V-13.875.479, de 34 años de edad, residenciado en San Juan de Los Morros, calle las Mercedes, casa Nº 39 del estado Guarico actualmente recluido en el Internado judicial de San Fernando de Apure estado Apure el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: la permanecía de este beneficiario en el Centro de Tratamiento Comunitario “Gral Ezequiel Zamora” con sede en esta ciudad de San Juan de los Morros, quedando obligado a: 1) No portar armas blancas o de fuego. 2) No abusar del consumo bebidas alcohólicas ni consumir sustancias estupefacientes, 3) Abstenerse de la comisión de nuevos hechos contrarios a la Ley. 4) Cumplir con las condiciones que le imponga el delegado de prueba que se le designe. Igualmente, se acuerda remitir al centro Comunitario designado, copias certificadas del Informe Psico social y de la presente decisión, a fin de imponer las condiciones y tratamientos necesarios al cumplimiento del Régimen Abierto por parte del penado, todo de conformidad a lo exigido en los artículos 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 500, primer aparte y ordinales 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, 500-A, en concordancia con el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese, déjese copia, notifíquese a las partes, expídanse las copias certificadas ordenadas, Líbrese Oficio y Boleta de Traslado del Internado Judicial de San Fernando de Apure, estado Apure a nombre del penado, quien deberá ser trasladado al centro comunitario designado. Cúmplase.
LA JUEZA PRIMERO DE EJECUCIÒN

ABG NEREYDA TIBISAY FLORES FIGUEROA

LASECRETARIA

ABG ZAIDA AVILA