REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 18 de junio de dos mil diez 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL Nº: AH15-V-2008-000021.- PARTE DEMANDANTE: BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, Instituto Bancario, domiciliado en Caracas, constituido originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de 1890, bajo el Nº 33, folio 36 vto. del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal, el día de 02 de septiembre de 1890, bajo el Nº 56, modificados sus Estatutos Sociales en diversas oportunidad, siendo su última reforma la inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 13 de octubre de 2003, bajo el Nº 5, Tomo 146-A Segundo.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: GONZALO GARCIA MENA y J. EFRAIN MUÑOZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.825 y 9.023, respectivamente y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.941.696 y V-2.087.732, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: MARYPED SILVA BORGES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.482.169.- MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (Procedimiento Intimatorio).- TIPO DE SENTENCIA: PERENCIÓN.- PRIMERO: Este proceso se inició por demanda admitida de fecha 24 de marzo de 2008, ordenando la intimación a la parte demandada.- En fecha 25 de abril de 2008 el Alguacil Titular de este Juzgado, MIGUEL ANGEL ARAYA, procedió a dejar constancia de haber consignado los emolumentos necesarios para la práctica de citación de la parte demandada.- En fecha 23 de mayo de 2008, compareció el Alguacil Titular de este Juzgado, dejó constancia de haber trasladado la dirección señalada quien informó que en las oportunidades en que se trasladó no consiguió a nadie.- Ahora bien, de las actas se evidencia que desde el día 23 de mayo de 2008 fecha en la cual el Tribunal procedió a realizar su respectivo citación, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto en SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Asimismo, lo procedente es suspender la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretadas por este Tribunal, en fecha 24 de Marzo de 2008, previa notificación de esta decisión a la parte actora de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 233 ejusdem.- Y ASÍ SE DECIDE.- De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 18 días del mes de junio de Dos Mil Diez (2010).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.- LA JUEZ TITULAR, DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. LA SECRETARIA, Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI. En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia.- LA SECRETARIA, AMCdeM/LV/Veronica.- Exp Nº 084838.-