TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Sexto (6°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico. Extensión Calabozo
Calabozo, veintiséis (10) de Marzo de dos mil diez (2010)
199º y 150º

ASUNTO : JH61-L-2007-000139

SENTENCIA

ACTORA: RAFAEL HERIBERTO HERNANDEZ SOSA, venezolanos, mayores de edad, identificado con las cédula de identidad Nº 12.475.469 y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: LUIS ANTONIO RANGEL TROCELL Y ELIO ALBERTO RANGEL TROCELL venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 60.294 Y98.498
DEMANDADO: VICENTE PRECIADOS ALVAREZ
APODERADA DEL DEMANDADO: JULIO CESAR TIAPA MARTINEZ
MOTIVO: TRANSACCION.

ANTECEDENTES
Se inicia la presente demanda en fecha veintidós (22) de Mayo de 2010 por el ciudadano RAFAEL HERIBERTO HERNANDEZ SOSA, asistido de los abogados en ejercicio: LUIS ANTONIO RANGEL TROCELL Y ELIO ALBERTO RANGEL TROCELL, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Laboral escrito de demanda contra el ciudadano: JULIO CESAR TIAPA MARTINEZ

Debidamente Sustanciado el presente expediente en fecha 09 de Noviembre consignan transacción notariada y suscrita por los abogados JULIO CESAR TIAPA MARTINEZ apoderado judicial del demandado y los abogados: LUIS ANTONIO RANGEL TROCELL Y ELIO ALBERTO RANGEL TROCELL, Apoderados judicial del demandante en la cual acuerdan, “PRIMERA: EL DEMANDADO paga a los DEMANDANTES la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES FUERTES(Bs. 40.000,00), mediante cheque de gerencia N° 101901900971 contra la Entidad Bancaria Banesco, para cancelar totalmente las obligaciones laborales del trabajador RAFAEL HERIBERTO HERNANDEZ SOSA y los honorarios profesionales resultantes del vencimiento total del DEMANDADO en el citado proceso al que tienen derecho los abogados LUIS ANTONIO RANGEL TROCELL Y ELIO ALBERTO RANGEL TROCELL, antes identificados. SEGUNDA: Esta transacción será consignada en el expediente JH61-L-2007-000139, de la nomenclatura del circuito Judicial de Calabozo, para pedir la homologación y suspensión del embargo ejecutivo que pesa sobre la Finca “La Matica” del DEMANDADO y se oficia al Registrador Subalterno para que se estampe la Nota Marginal de Suspensión del Embargo. TERCERA: LOS DEMANDANTES renuncian a cualquier derecho que pudiera existir en esta relación procesal y declaran que EL DEMANDADO ha pagado todo y no debe nada en esta materia ni en ninguna otra. CUARTA: Se ha convenido que una vez homologada esta Transacción y suspendidas las medidas acordadas y ejecutadas, se solicitara la salida y el archivo del expediente. QUINTA: Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. SEXTA: Forma parte de este transacción un vehículo usado que tiene en posesión. El trabajador, desde que existía la relación laboral, de las siguientes características: MARCA: Jeep; AÑO: 1.984; MODELO: Rustico; PLACA: MBM324; TIPO: CJ7; COLOR: Rojo; cuyo traspaso será una vez que regrese el patrono del exterior. Dicho vehículo se ha valorado en la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES FUERTES CON CER CNETIMOS (Bs.F, 5.00,00), los gastos del traspaso serán por cuneta del trabajador”
Pero antes, es menester acotar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 23 de mayo de 2000 (caso José Agustín Briceño), precisó la constitucionalidad plena de la transacción en materia laboral, expresando:
…concluye esta Sala que los modos de auto composición procesal no son en sí mismos medios atentatorios contra el principio constitucional de la indisponibilidad en juicio (mal llamada “irrenunciabilidad”), de los derechos mínimos de los trabajadores, pues a través de ellos lo que se persigue es componer la litis por sus propios participantes, subrogándose dicha decisión a la sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente y adquiriendo dicha composición los efectos de la cosa juzgada…
Y que la Sala de Casación Social tiene establecido clarísimo criterio reiterado— sobre el particular:
Pues bien, antes de entrar a la resolución del presente asunto esta Sala estima conveniente señalar, que uno de los más importantes principios que rige en materia laboral, es el de la irrenunciabilidad de derechos, que la Constitución Nacional (artículo 89 ordinal 2°) y la Ley Orgánica del Trabajo consagra, en el sentido que son irrenunciables las disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo. Este principio, no obstante su presentación y concepción rigurosa o extrema, admite, en determinadas circunstancias de tiempo lugar y modo, y cumplidos como lo hayan sido ciertos requisitos, la posibilidad de que los trabajadores puedan disponer de sus derechos a través de fórmulas de auto composición procesal. En este sentido, este alto Tribunal ha establecido el criterio conforme al cual una vez que ha concluido la relación de trabajo, puede el trabajador entrar a disponer el monto de los derechos que se han consolidado a su favor, pues la prohibición es de hacerlo durante el curso de la relación o bien antes del inicio de la misma y como condición para que se celebre, como sería por ejemplo, renunciar al pago de vacaciones o de utilidades, o al derecho a percibir aumentos salariales etc. La doctrina laboral, ha sostenido, como ya se dijo, que el origen de la disposición contenida en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo (también 9° y 10 del reglamento), explica el principio de irrenunciabilidad de vigencia absoluta durante la vida de la relación de trabajo (puesto que la finalidad protectora de las normas de derecho del trabajo resultaría inoperante en la práctica de no ser así) pero que sin embargo, una vez concluida la relación laboral, existe la posibilidad de transar respecto a los derechos y deberes que la terminación del contrato engendra o hace exigibles, porque si bien subsiste la finalidad protectora, ésta queda limitada a esos derechos y deberes. En ese momento, ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador, además porque es precisamente el trabajador como parte económicamente débil el más interesado en poner término o en precaver un proceso judicial que puede resultar largo y costoso y también se evita que por esa vía el patrono se sustraiga al cumplimiento de alguna de sus obligaciones. En este sentido, el artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo incorporó definitivamente a su contenido normativo la solución, admitiendo la posibilidad de transacción, sujeta a determinadas solemnidades y requisitos adicionales, como lo son la forma escrita y exigiendo además como requisito que en el escrito se dé relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
Esto no ofrece mayores problemas cuando la negociación tiene por objeto poner término a un litigio pendiente, por cuanto en ese caso no hay duda alguna acerca del conocimiento que el trabajador tiene del monto y extensión de sus derechos que ya ha explanado en el libelo de la demanda, oportunidad preclusiva para alegarlos, y de la finalidad que lo induce a contratar, puesto que la auto composición procesal se justifica a sí misma.
La razón de la norma protectora se hace manifiesta cuando se trata de precaver un litigio eventual, en que es requisito esencial para la validez de la transacción que en el texto del documento que la contiene se expresen los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación, resultando de ese modo evidente la intención del trabajador en tal sentido.
Siendo entonces que la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta expresar de modo genérico, “que se satisface en forma definitiva cualquier obligación que pudiere existir pendiente entre las partes con motivo de la relación laboral que les uniera”, sino que es necesario como ha indicado la doctrina y la jurisprudencia, que la transacción sea circunstanciada, es decir, que especifique de manera inequívoca los derechos, prestaciones e indemnizaciones sobre los cuales recae, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ésta le produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación (sentencia de 6 de mayo de 2004, caso Pablo Emigdio Salas contra Panamco de Venezuela, S. A).

al respecto este Tribunal Garantista de los derechos Constitucionales y Legales debido a que los acuerdos contenidos en la transacción la cual corre inserta en los folios 207, 208, del expediente, son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes y por cuanto los mismos tienden a garantizar una armoniosa resolución de la presente controversia; y no son contrarios a derecho y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de la relación de trabajo que existió entre las partes; de conformidad con lo previsto en los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplidos los requisitos establecidos en el parágrafo único del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y Artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela de los Ciudadanos y Ciudadanas y por Autoridad de la Ley, imparte la debida HOMOLOGACION a dicha transacción.

Y como consecuencia de la presente homologación, que otorga a esta decisión carácter de cosa juzgada, se ordena remitir copia certificada al Registro Subalterno para que estampe nota marginal de suspensión del embargo ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. Igualmente se acuerda su correspondiente remisión a la Sede del Archivo Judicial, ello en la oportunidad que el mismo indique según el cronograma enviado, HOMOLOGUESE. ARCHIVESE. REMITASE AL ARCHIVO JUDICIAL.--------

EL JUEZ,

ABG. DANIEL ALEJANDRO CERERO

LA SECRETARIA

ABG. BEATRIZ CARRILLO

DAC