Recibido por distribución, correspondiente al sorteo de fecha 08-03-2010, se le da entrada, se le asigna número y se anota en el libro respectivo. Es presentado solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, por la ciudadana CARMEN ISABEL AGUILAR DE RODRÍGUEZ, supra identificada, y debidamente asistida de abogado. Revisados los autos, este Tribunal observa: que en la solicitud intentada por la actora, pide al Tribunal sea declarada tanto ella como su menor hija ELENA MARGARITA RODRÍGUEZ AGUILAR, como UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, de quien en vida respondiera al nombre de RAFAEL MARIA RODRÍGUEZ, quien falleció ad-intestato en fecha 29 de Octubre de 2006. Así mismo anexa a la presente solicitud en copia fotostática simple, partida de nacimiento correspondiente a la menor Elena Rodríguez, ya identificada, acta de defunción del ciudadano Rafael Rodríguez y Acta de Matrimonio de los ciudadanos Rafael Rodríguez y Carmen Aguilar. Observa este Tribunal que en la Partida de Nacimiento que fue agregada al escrito presentado, se aprecia la existencia de una menor de edad, por cuanto se aprecia que la niña nació en fecha 12-10-1999, es decir, que cuenta con la edad aproximada de 10 años y 5 meses, este Tribunal para decidir señala: De conformidad con el Artículo 173 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el Artículo 177 Ejusdem, Parágrafo Segundo, Literal “d”, en razón de que el propósito de la Ley es garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el Territorio de la República, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben suministrarle desde el momento en que son concebidos, independientemente del carácter con que actúen, ya que debe protegerse todos aquellos asuntos de carácter patrimonial y sobre su estado en los que estén involucrados intereses de niños, niñas y adolescentes, es por ello que son los tribunales de protección del niño y del adolescente los que deben conocer de estos asuntos, en virtud de que son estos los que cuentan con especialistas en distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de los mismos. Asimismo es de destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo 49, Ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural. Este derecho constitucional implica o trae como consecuencia que cuando un juez actúa con manifiesta incompetencia y procede a dictar sentencia de mérito, incurre en una evidente trasgresión al artículo 49, numerales 3 y 4, en concordancia con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que dicha carencia de aptitud en el Juez conlleva a que el justiciable no sea juzgado por sus jueces naturales, siendo este un derecho fundamental que debe ser considerado en todo proceso. Es evidente que un juez incompetente, nunca podrá ser el Juez natural de la causa, pues la competencia es un factor que fija límites al ejercicio de la jurisdicción, la debida competencia, en nuestro ordenamiento procesal vigente es un presupuesto de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida sobre el mérito; por ello la sentencia dictada por un juez incompetente es absolutamente nula e ineficaz, además violatoria de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 49, numerales 3 y 4 y en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-