REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

DECISIÓN N° 16 IMPUTADOS: IDENTIDAD RESERVADA VICTIMA: IDENTIDAD RESERVADA DELITOS: ROBO AGRAVADO MOTIVO: RECURSO DE APELACION PONENTE: KENA DE VASCONCELOS VENTURI Corresponde a esta Corte de Apelaciones pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Azucena Yurizham Álvarez López, en su condición de Defensora Pública Segunda de Responsabilidad Penal del Adolescente, en representación de los adolescentes, contra la decisión de fecha 24 de abril de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal del Adolescente de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual -entre otros- se decretó en contra de los adolescentes, medida de privación judicial preventiva de libertad, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de la ciudadana Yessenia Del Valle Cabeza, de conformidad con el artículo 581 eisudem. Cumplidos los trámites procesales en esta instancia, esta Corte de Apelaciones, habiéndose designado ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo, dicta sentencia en los términos siguientes: I FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Señala la recurrente, que ejerce el presente recurso apelación en contra de la decisión proferida por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal del Adolescente de este Circuito Judicial Penal, en fecha 24 de abril de 2010, con fundamento en los siguientes razonamientos: Que en fecha 24 de abril de 2010, se celebró audiencia de presentación de detenido, y se decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de sus asistidos, por la presunta comisión del delito de robo agravado, sin fundamentar la negativa de medida cautelar menos gravosa igualmente solicitada por la defensa. Que se decretó la aprehensión en flagrancia, en contravención a lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que los adolescentes permanecieron en la sede de la Comandancia de la Zona Policial más tiempo del que la Ley prevé para su presentación ante el Tribunal competente, vulnerando de esta forma lo preceptuado en el artículo 557 de la Ley Especial. Que debió acordarse una medida menos gravosa, atendiendo a la insuficiencia de elementos de convicción, ya que el procedimiento solo se respalda con el testimonio de la víctima y de los funcionarios policiales. En atención a lo anteriormente señalado, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión recurrida, sea revocada la medida privativa de libertad que pesa sobre sus defendidos y les sea acordada una medida cautelar menos gravosa. II LA SENTENCIA RECURRIDA La decisión contra la cual fue ejercido el recurso de apelación que nos ocupa, es dictada por el Tribunal Primero de Control de la Sección Penal del Adolescente de este Circuito Judicial Penal, en fecha 24 de abril de 2010 y fundamentada por el a quo en fecha 27 del mismo mes y año, siendo la misma del tenor siguiente: “(…) PRIMERO: Califica como flagrante la aprehensión de los adolescentes, por haber ocurrido bajo los parámetros contenidos en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Especial. SEGUNDO: Este Tribunal se acoge a la precalificación jurídica dada por el Ministerio Público y se precalifica la el (sic) hecho presuntamente cometido por los adolescentes como el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano, y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. TERCERO: Se declara Con lugar la solicitud del Ministerio Público y se impone a los adolescentes la medida de PRISIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, contenida en el artículo 581 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (…). TERCERO: Se declara sin lugar la solicitud de la defensa en consecuencia se ordena la aplicación del procedimiento ABREVIADO de conformidad con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (sic), en concordancia con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, (…)”. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte de Apelaciones pronunciarse sobre los alegatos planteados por la recurrente y en ese sentido se observa que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un catálogo de normas constitucionales y legales que establecen el principio de presunción de inocencia como postulado fundamental sobre el cual debe regirse un debido proceso; así pues, es de hacer notar que los artículos 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, estatuyen disposiciones y principios en garantía de dicho postulado; no obstante, ante la comisión de un hecho delictivo existen circunstancias que deben ser valoradas a los fines de determinar la presunción de autoría o participación en dicho hecho, situaciones éstas que de acuerdo a la forma de realización serán consideradas para la procedencia de una medida privativa o no de libertad, sin que ello implique violación alguna a las disposiciones contenidas en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución Nacional, toda vez que, conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se comenten, pudiera existir una situación de flagrancia, caso en el cual no se subvertiría dicha presunción de inocencia, por cuanto quedaría por comprobar en el desarrollo del proceso, tanto la existencia del delito como de su autoría. En ese sentido se observa que, el a quo fundamentó su decisión, en consonancia con el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, como lo son el riesgo razonable de que el adolescente evada el proceso, temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas y el peligro grave para la víctima, del denunciante o de un testigo, tomando en consideración lo siguiente: 1) Acta de Investigación Penal de fecha 23/04/2010, suscrita por funcionarios adscritos a la Zona Policial Nº 5 del Estado Guárico, donde se deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión de los adolescentes encausados y de las evidencias incautadas, cursante al folio 9 y su vuelto del cuaderno recursivo; 2) Registro de Cadena de Custodia de las evidencias físicas colectadas durante el procedimiento, cursante al folio 18; 3) Testimonio de la ciudadana Yesenia Del Valle Cabeza, en su condición de victima, quien narró la forma en que ocurrieron los hechos y el señalamiento efectuado sobre los adolescentes como aquellos quienes la despojaron de su teléfono celular, bajo amenaza mientras uno la tomaba por el cuello y el otro poseía en sus manos un cuchillo, así como, del Pedro Vicente Arzola Arzola, padrastro de la víctima, quien tiene conocimiento sobre los hechos por la información que le suministrara la víctima, cursantes a los folios 13 y 15; 4) Testimonio de los funcionarios Ivan Peña y Juan Tucupido, adscritos a la Zona Policial Nº 5 de la Policía del Estado Guárico, cursante a los folios 16 y 17, quienes en su condición de funcionarios actuantes en el procedimiento, relatan las circunstancias en que se produjo la aprehensión de los adolescentes procesados y los haberes colectados durante dicho procedimiento; 5) Inspecciones Técnico Policial, de fechas 23/04/2010, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, al sitio del suceso y al lugar donde se produjo la aprehensión de los imputados, folios 22 y 23; y 6) Experticia de Reconocimiento Médico Legal, practicada igualmente por funcionarios adscritos a mencionado Cuerpo detectivesco, a un teléfono celular y a un arma blanca, evidencias físicas éstas colectados al momento de la aprehensión, cursante al folio 25; elementos éstos que evidencian el cuerpo del delito precisado en la sentencia impugnada y que adminiculados entre sí consagran los supuestos exigidos para la procedencia de la medida impuesta. En atención a ello, es de hacer notar que los elementos existentes son suficientes para acreditar prima facie, el ilícito penal atribuido y la presunta participación de los adolescentes procesados en el mismo; razón por la cual, no existe la insuficiencia de elementos de convicción alegada por la defensa, destacándose igualmente que , en atención a lo expuesto por la Defensa y relacionado con que el procedimiento solo se respalda con el testimonio de la víctima y de los funcionarios policiales, nuestro sistema procesal penal no establece limitación alguna a los fines de la apreciación de dichos elementos y su consecuente conversión en verdaderos medios probatorios, toda vez que, con respecto al testimonio de la víctima de un hecho punible, éste no se encuentre supeditado a su condición de parte procesal, constituyendo a criterio del Dr. Miranda Estrampe en su obra “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”, “(...) un elemento probatorio adecuado o idóneo para formar la convicción del juzgador y apto, por tanto, para poder destruir la presunción iuris tantum de inocencia, incluso en aquellos supuestos en que sea la única prueba existente; atribuyéndole el valor o la condición de mínima actividad probatoria de cargo legítima. (…) La convicción judicial, como fin de la prueba, no depende de un mayor o menor número de pruebas, en este caso de testigos, sino de la adecuación y fuerza de convicción de la prueba practicada, con independencia de su número”. Por último, la Defensa alega que se decretó la aprehensión en flagrancia, en contravención a lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que los adolescentes permanecieron en la sede de la Comandancia de la Zona Policial más tiempo del que la Ley prevé para su presentación ante el Tribunal competente. A tal efecto, esta Corte acoge el criterio fijado al respecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al estimar que la presunta violación a los derechos constitucionales derivados de los actos realizados por los funcionarios policiales, no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinarla procedencia de la detención provisional, por tanto, aunque los funcionarios policiales no hayan presentado al imputado ante los órganos judiciales en el tiempo establecido constitucionalmente, ello no obsta para que un juez de control decrete su privación de libertad. (Vid. Sentencia Nº 521, de fecha 15/05/2009). En atención a las circunstancias anteriormente expuestas, esta Alzada estima desechar los argumentos expuestos por la parte recurrente como base de su impugnación, ya que los mismos han quedado desvirtuados, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirma la decisión recurrida. Así se decide.- IV DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Guárico, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Azucena Yurizham Álvarez López, en representación de los adolescentes, contra la decisión de fecha 24 de abril de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal del Adolescente de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual -entre otros- se decretó en contra de los adolescentes, medida de privación judicial preventiva de libertad, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y sancionado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en perjuicio de la ciudadana Yessenia Del Valle Cabeza, de conformidad con el artículo 581 eisudem; SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión impugnada. Así se decide. Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Bájese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Guarico, en San Juan de los Morros, a los 27 días del mes de Mayo de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 150º de la Federación. EL JUEZ PRESIDENTE, MIGUEL ANGEL CÁSSERES GONZALEZ LA JUEZ PONENTE, KENA DE VASCONCELOS VENTURI LA JUEZ, YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO LA SECRETARIA, MILAGROS SALAZAR En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede. LA SECRETARIA, MILAGROS SALAZAR