JUZGADO DEL MUNICIPIO “JOSE FELIX RIBAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO. Tucupido, 10 DE MAYO DE 2.010. 200º y 150º En fecha Treinta (30) de Enero del año 2002, fue recibida ante este Juzgado la solicitud de Obligación de Manutención por parte de la ciudadana: CARMEN DINORA ARTEAGA de ALONZO, Venezolana, mayor de edad, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad Nº V-8.796.136, de éste Domicilio, en su condición de madre y representante legal de Dos niños (2), con edades comprendidas de 16 y 12 respectivamente, que llevan por nombres, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Y xxxxxxx, en representación legal de los Abogados; ERAIDA CAMPOS y AMILCAR INFANTE. Mediante auto de fecha 04 de Febrero de 2002, se admitió la presente demanda y se libro boleta de citación al ciudadano: ARGENIS RAFAEL ALONZO OJEDA, Venezolano, mayor de edad, de este Domicilio, a los fines de dar contestación a la demanda y de ser posible llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, de conformidad con el articulo 516, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, citado el demandado, tal y como consta al (f. 7, 8), de la presente causa; en fecha 14-02-02, tuvo lugar el acto de contestación de la demanda , acto al que no asistió la parte demandada ni por si, ni por medio de su apoderado. En fecha 27-03-02, fueron admitidas las pruebas en su totalidad así como también los testimoniales de los testigos;, Este Tribunal declara CON LUGAR el presente juicio Incoado por la ciudadana, CARMEN DINORA ARTEAGA de ALONZO en representación de sus hijos antes identificados, según sentencia que cursa en los (f. 20 y 31), ambos inclusive. Dado que el demandado no dio cumplimiento voluntario de la sentencia, se ordena la ejecución forzada solicitada por la parte actora, donde se decreta una medida de Embargo Ejecutivo sobre los bienes del demandado a los fines de dar cumplimiento a la obligación. El Tribunal ha intentado en varias oportunidades la comparecencia de la parte actora a fin de manifestar si va a proseguir con el juicio, no pudiendo establecer la misma; es por lo que se puede concluir que ha operado LA PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el ordinal Primero articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el articulo 269 ejusdem, motivo por el cual procede este juzgador a declarar de oficio la extinción del proceso conforme lo previsto en el articulo 269 antes señalado.Sobre este particular se pronunció la Sala Constitucional del Máximo Tribunal en fallo, de fecha, 01 de Julio del año 2001, en el cual hace un exhaustivo análisis de la figura de la Perención de la Instancia argumentando que si procede en materia de obligación de manutención así lo expuso: “(…) También quiere asentar la Sala que la perención es fatal y corre sin importar quienes son la partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que trascurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden publico, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil y que en consecuencia si la materia del orden publico, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de la perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menor, por ejemplo: puedan quedar menoscabados porque perimio el proceso donde ellos ventilaban, o que, los derechos alimentarios del menor-por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo durante de noventa días. Ahora bien, se evidencia del contenido del articulo 268 de la Ley Adjetiva Civil, el cual reza textualmente: “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes”. Se observa de la norma transcrita precedentemente, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos en los cuales estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad. En efecto, considerándose que la parte demandada incurrió en falta de diligencia, demostrando no tener interés ninguno en el presente procedimiento, el mismo configura el supuesto necesario para declarar abandonado el tramite y consecuentemente perimida la instancia con arreglo en lo dispuesto en articulo 267 del Código de Procedimiento Civil y así será decidido en el dispositivo del presente fallo. Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado del Municipio José Félix Ribas de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. Se acuerda la notificación de la parte demandante haciéndosele saber que el lapso para que interponga recurso de apelación contra la presente decisión, comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. A tal efecto líbrese la respectiva boleta y déjese copia de la misma en el expediente. Por la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Publíquese, Regístrese y Déjese Copia archivada de la anterior decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado del Municipio José Félix Ribas de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico. Tucupido, 10 de Mayo de Dos Mil Diez (2010). Años. 200º de la Independencia y 150º de la Federación. El Juez Provisorio; Abg. Vicente Ramón Vivas Briceño. La Secretaria Temporal; Dayris Arvelàez Ramos. En esta misma fecha, siendo las 09:20 de la mañana, se publicó, se registró y se dejo archivada copia certificada de la anterior sentencia. La Secretaria Temporal; Dayris Arvelàez Ramos. Exp. Nº 354-02. VRVB/Cayaima.