TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de Octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AP11-R-2009-000227
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano JULIO CESAR ROJAS MORENO venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 11.820.215.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos RICHAR SANCHEZ, LUIS SANTIAGO MORALES MARIN, JOSE JESUS RIVERO BURGOS, ROSA MERCEDES MORALES MARIN y FRANCISCO JOSE MORALES MARIN, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 23.044, 91.457, 91.452, 63.245 y 91.458, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil CORP BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita ante el Registro de la entonces Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Caracas, en fecha 31 de Agosto de 1954, quedando anotada bajo el No. 384, Tomo 2-B, modificada su denominación social a “CORP BANCA, C.A.”, asiento de registro de comercio inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de Octubre de 1997, quedando anotado bajo el No. 5, Tomo 274-A-Pro, cuya fusión a Banco Universal, consta de asiento de registro de comercio inserto ante la misma Oficina de Registro Mercantil, anteriormente citada, en fecha 07 de septiembre de 1999, quedando anotada bajo el No. 59, Tomo 189-A-Pro, en fecha 15 de Septiembre de 1999, anotada bajo el No. 14, Tomo 196-A.Pro, siendo la última reforma de sus estatutos sociales inscrita ante la nombrada Oficina de Registro Mercantil en fecha 29 de noviembre de 2002, quedando anotada bajo el No. 68, Tomo 191-A-Pro; .-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanos RAFAEL ALVAREZ VILLANUEVA, ALONSO RODRIGUEZ PITTALUGA, IGOR ENRIQUE MEDINA, ANDRES RAMIREZ DIAZ, ANGEL GABRIEL VISO, ALEXANDER PREZIOSI, MARIA CAROLINA SOLORZANO, ALFREDO ABOU-HASSAN y ALVARO PRADA ALVIAREZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 11.246, 1.135, 9.846, 8.442, 22.671, 38.998, 52.054, 58.774 Y 65.692, respectivamente.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS e INDEMNIZACION DAÑO MORAL.-
DE LA RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS
Se inició el presente juicio por libelo de demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS e INDEMNIZACION DAÑO MORAL, presentado en fecha 17 de Octubre de 2006, por el ciudadano JULIO CESAR ROJAS MORENO, contra la Sociedad Mercantil CORP BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en Cagua, quien en fecha 06 de Noviembre de 2006, admitió la demanda por el procedimiento ordinario, ordenando el emplazamiento de la demandada, dentro de los veinte (20) días de Despacho siguientes a la constancia en autos de la citación, más un que se le concedió como termino de la distancia, en virtud de encontrarse domiciliado en esta ciudad de Caracas.-
En fecha 13 de Noviembre de 2006, la parte la actora, señaló la dirección en donde debía practicarse la citación de la demandada y solicitó se librara la comisión respectiva, en virtud de que la misma no era jurisdicción del Tribunal.-
En fecha 20 de Noviembre de 2006, el Juzgado antes aludido, acordó el pedimento de la accionante y libró oficio y despacho al Juez del Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitiendo la compulsa librada por este Despacho.-
En fecha 08 de Marzo de 2007, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, ordenó agregar las resultas de la comisión provenientes del Juzgado Décimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, previa su lectura por Secretaría.-
En fecha 11 de Febrero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, ordenó agregar las resultas de la comisión provenientes del Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, previa su lectura por Secretaría.-

En fecha 26 de Julio de 2008, el apoderado actor, solicitó se librara comisión, a los fines de la práctica de la citación de la demandada y se le designara correo especial, siendo acordado el referido pedimento por auto de fecha 31 de Julio de 2007, librándose comisión al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y agregado a los autos las resultas de la comisión por auto de fecha 11 de febrero de 2008.-
En fecha 08 de Julio de 2008, se libró nueva comisión y en fecha 14 de Febrero de 2009, se ordenó agregar a los autos las resultas de la comisión provenientes del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
En fecha 18 de Febrero de 2009, se le designó defensor judicial a la parte demandada, recayendo dicho nombramiento en la persona del ciudadano MARCOS DUQUE, librándose igualmente en esa misma fecha la boleta de notificación respectiva.-
En fecha 19 de Febrero de 2009, el abogado RAFAEL ALVAREZ VILLANUEVA, consignó instrumento poder que acredita la representación judicial de la demandada.-
En fecha 17 de Marzo de 2009, la representación judicial de la parte demandada opuso cuestión previa contenida en el Ordinal 1° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue declarada con lugar en fecha 27 de Marzo de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y se declaró incompetente por el territorio para conocer de la acción.-
Llegadas las actas a este Circuito Judicial, y en virtud de sorteo respectivo de fecha 29 de Abril de 2009, le correspondió conocer a este Juzgado del mismo y en esa misma fecha la representación judicial de la parte accionante consignó escrito de contestación de la demanda.-
En fecha 06 de Mayo de 2006, este Juzgado dio por recibido el expediente y quien suscribe el presente fallo, se abocó al conocimiento de la presente causa.-
En fecha 13 de Mayo de 2009, el apoderado de la demandada, consignó escrito de contestación de la demanda.-
En fecha 26 de Mayo de 2009, el apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito de promoción de pruebas, el cual fue agregado a los autos en fecha 08 de junio de 2009, y admitido por este Despacho el día 15 de Junio de 2009, librándose los oficios respectivos el 18 de Junio de 2009.-
En fecha 24 de Septiembre de 2009, el apoderado judicial de la parte accionada consignó escrito de informes.-
En fecha 16 de Octubre de 2009, la abogada YENNIS MARIA MARIÑEZ ARAPE, consignó instrumento poder que acredita la representación judicial de la parte accionante y consignó escrito mediante el cual reproduce las pruebas promovidas y ratifica la demanda en todas y cada una de sus partes y de igual manera rechazó el escrito presentado por la demandada el 24 de septiembre de 2009 y se dicte un auto para mejor proveer a los fines de verificar el estado permanente de incapacidad de su representado ante la Medicatura Forense.-
En fecha 28 de Octubre de 2009, el apoderado de la parte demandada rechazó el escrito de fecha 16 de octubre de 2009, presentado por la parte demandante.-
En fecha 22 de Julio de 2010, la apoderada judicial de la accionante solicitó pronunciamiento en relación a las pruebas médicas.-
PUNTO PREVIO
Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional observa que en la presente causa, la demanda fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en Cagua, el 06 de Noviembre de 2006, previa la verificación de la legalidad de los instrumentos fundamentales de la pretensión, por el procedimiento ordinario, ordenándose consecuencialmente el emplazamiento de la parte demandada, asimismo se observó de las referidas actas, que la parte actora señaló la dirección de la demandada, librando el Juzgado antes mencionado la compulsa, oficio y despacho comisión el 20 de Noviembre de 2006; así las cosas éste juzgado estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
La citación es un acto procesal, mediante el cual se emplaza al demandado a fin de dar contestación a la demanda, siendo que es una formalidad esencial para la validez del juicio y es además la garantía del principio contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho, y por la otra es la forma de comunicar al demandando que se ha iniciado un juicio en su contra. La citación puede ser espontánea: Mediante diligencia suscrita ante el secretario, y también mediante escrito documentado entregado al secretario relacionado con las resultas de las actuaciones de la citación; tácita cuando el mismo demandado o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso o han estado presentes en un acto del mismo; y presunta cuando el demandado no se da por citado, sino que la ley tiene por citado al demandado en las circunstancias que prevé la norma.
En el caso que nos ocupa, el apoderado judicial de la parte demandante tal como se desprende, a los autos no demostró, que le haya dado impulso a la citación ordenada, al no consignar los emolumentos para dar el impulso respectivo a la comisión librada al Juzgado Décimo Cuarto Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ya que de las referidas resultas, específicamente al folio setenta, se lee lo siguiente: “En horas de Despacho del día de hoy, Doce (12) de Febrero del año 2007, comparece por ante este Tribunal ALCIDES ROVAINA, en su carácter de Alguacil Titular del mismo y expone: “Consigno en ese acto compulsa, a nombre de la Empresa CORB BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL, por cuanto hasta la presente fecha la parte interesada no ha dado el respectivo impulso procesal.- Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.- EL ALGUACIL (FDO.) LA SECRETARIA (FDO.)”.
De lo antes transcrito, se desprende que la referida comisión fue devuelta, por falta del impulso procesal de la parte demandante, para lograr la citación de la demandada, dentro de los treinta (30) días que le impone la ley, evidenciándose así la falta de interés de la accionante en perfeccionar la relación jurídica procesal.
Así las cosas corresponde a este Juzgado considerar oportuno el contenido del Numeral 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. (Subrayado del Tribunal).
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente...”.
Por su parte pauta el Artículo 270 ibídem, que:
“La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que, resulten de los autos; solamente extingue el proceso. Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en los cuales no habrá lugar a perención.
De igual forma, expresa el Artículo 271 del mencionado Código Adjetivo, lo que sigue:
“En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes de que transcurran noventa días continuos después de verificada la perención”.
En este orden de ideas, es necesario precisar por este sentenciador, que en fecha 6 de julio de 2004 el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, dictó sentencia con Ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en la cual se estableció lo siguiente:
“...que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONOMICO.
(...)
Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
(...)
...en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos (500) metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
(...)
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículos para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo – además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione – los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acta o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de quinientos metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
(...)
... los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el (SIC) Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante – según el caso – ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la Justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (...)
De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas estaban impuestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.
No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la Justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la Ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero al monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de Justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.
Siendo así esta Sala establece que la obligación Arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.”
Observa quien aquí decide que este proceso se inició por demanda admitida en fecha 06 de Noviembre de 2006, comenzando a correr el lapso de treinta (30) días establecido en la Ley, desde el día siguiente a dicho auto de admisión de la demanda, sin que la parte actora manifestará interés alguno tal y como lo establece la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, y que reza textualmente lo siguiente:
“Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el razonamiento efectuado por el juzgador ad quem para declarar la perención de la instancia en la presente causa, por lo que considera pertinente pronunciarse sobre las obligaciones de los demandantes en aquellos casos en los que para la práctica de algunas de las citaciones de los accionados sea necesario comisionar a otro juzgado, mediante el libramiento del despacho de comisión respectivo, como sucedió en el caso de marras, en el que los otros co-demandados están domiciliados en jurisdicciones distintas a la del tribunal de la causa; situación muy diferente a la referida en su sentencia de fecha 6 de abril de 2004, transcrita en el cuerpo de este fallo, en la que se trató de citaciones personales efectuadas en la misma jurisdicción del tribunal del mérito.
Lo primero que la Sala debe destacar es que, a diferencia de lo sostenido por el ad quem en su sentencia, no es posible equiparar el auto de admisión de la presente demanda por retracto legal arrendaticio, con el auto mediante el cual el tribunal comisionado deja constancia de haber recibido del tribunal comitente el despacho de la comisión para la citación del demandado o co-demandados que residan fuera de la jurisdicción del tribunal de la causa, porque el primero es un auto decisorio en el que el juzgador revisa que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley para que se tramite, como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y, el segundo, es un auto de mero trámite o sustanciación que, a diferencia del auto de admisión, puede ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado.
Por tanto, el lapso de 30 días previsto por el Legislador en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser contado a partir del auto de admisión de la demanda y no como erradamente se hace en la sentencia impugnada, vale decir, a partir del auto en el que el tribunal comisionado deja constancia de haber recibido el despacho de comisión para la citación, puesto que este último lapso no está previsto en la Ley. Así se declara.
De tal manera que, en los casos en los cuales existan alguno o algunos co-demandados que estén residenciados fuera de la jurisdicción del tribunal de la causa, el demandante, dentro de los 30 días siguientes contados a partir del auto de admisión de la demanda, deberá dejar constancia, mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y dicho Alguacil, mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.
Así, cuando el tribunal comisionado devuelva la comisión al tribunal comitente, el juez de la causa podrá verificar si el actor dio realmente cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, de no ser así, declarará la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, según lo dispone el artículo 269 eiusdem. (Resaltado de la Sala)
Siendo que en el caso de marras, observa este Tribunal que la parte actora no le dio el impulso procesal al presente asunto, dentro de los treinta (30) días siguientes al auto de admisión, y consta en autos, que se haya dejado constancia de haber entregado los emolumentos al alguacil para la citación, según sea el caso, debe este Tribunal precisar que de acuerdo al criterio expresado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, antes transcrito, este Juzgado no consiguió evidencia alguna de que la parte actora o el alguacil del Juzgado Comisionado hayan manifestado haber entregado y haber recibido, respectivamente, los emolumentos de los cuales habla el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial; hecho este que se subsume en el supuesto de hecho consagrado en la jurisprudencia transcrita supra y en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, Y Así se declara expresamente.
En tal sentido, este Tribunal acoge el criterio manifestado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia antes transcrita, en el sentido de que la única obligación que tiene la parte demandante para lograr la citación del demandado, la establece el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, la cual debe ser satisfecha por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que consigne los fotostatos para la compulsa y ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal. Así como el criterio establecido por la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo de fecha 13 de diciembre de 2007, mediante el cual se establece la forma en que dicho criterio debe aplicarse a los casos en que debe practicarse la citación mediante una comisión librada a otro Tribunal.
Evidenciándose que la parte actora no realizó los tramites pertinentes a fin de citar a la parte demandada, ya que, no suministro los emolumentos necesarios para el traslado del alguacil del Juzgado comisionado, dentro de los treinta (30) días, evidenciándose que no cumplió con dicha norma, tal como consta de autos, es por lo que se considera perimida la instancia. Y ASÍ SE DECLARA.
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Determinados suficientemente en todos los términos en que fuere planteada la controversia bajo estudio, se constata la plena verificación del cumplimiento de las distintas etapas previstas en este procedimiento, a cuyo efecto obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, y de acuerdo a las atribuciones que le impone la ley al Juez, pues, tiene por norte descubrir la verdad de los hechos y actos de las partes, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas de derecho, y al tener como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiese sido alegado y probado en autos, forzosamente este Juzgado debe declarar perimida la instancia, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 eiusdem; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el Ordinal 5° del Artículo 243 ibídem, y así lo deja establecido esta finalmente.
DISPOSITIVA
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo no se causaron costas en este asunto, conforme con lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.
Regístrese, publíquese, notifíquese de ella a las partes en aplicación a lo pautado en el Artículo 251 eiusdem, y, en su oportunidad, déjese la copia certificada a la cual hace referencia el Artículo 248 ibídem.
Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre del año Dos Mil Diez (2010). Años 200° y 151°.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,

JUAN CARLOS VARELA RAMOS
DIOCELIS PEREZ BARRETO

En la misma fecha anterior, siendo la 2:13 p.m., previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión, según Asiento del Libro Diario llevado por este Despacho para tales efectos.
LA SECRETARIA,

DIOCELIS PEREZ BARRETO

JVR*DPB*Sonia.-