REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, ____de Septiembre de 2010 200º y 151º ASUNTO: AH1C-V-2004-000047 PARTE ACTORA: MARIA ZENAIDA RODRIGUEZ CALDERON, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-962.772. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GERARDO CARRILLO RIVAS, abogado debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.824. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil DISTRIBUIDOR PROADAT C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, El 05 de marzo del 2002, bajo el Nº 50 Tomo 31, Pro. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Sin Apoderado Judicial constituido en autos.- MOTIVO: RENDICION DE CUENTAS (PERENCIÓN) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. -I- ANTECEDENTES Se inició la presente causa el 08 de marzo de 2004, por distribución que hiciera el Juzgado de turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a este Tribunal de la demanda que por RENDICION DE CUENTAS, iniciara el apoderado judicial de la parte actora, ciudadano GERARDO CARRILLO RIVAS, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Transito de este Circuito Judicial, quien le dio entrada al expediente el 31 de mayo del 2004. El 30 de mayo del 2004 el apoderado judicial de la parte actora y consignó documentos fundamentales para la pretensión de la presente demanda Por auto de fecha 07 de septiembre del 2004, fue admitida la presente demanda y se intimó a la parte demanda en la persona del ciudadano MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-3.727.407, y se negó las medidas solicitadas en el libelo de la demanda por cuanto no se cumplieron con los extremos de ley, asimismo se instó a la parte actora consignar los fotostatos necesarios para librar la respectiva compulsa. Por auto de esta misma fecha quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa. II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Este Tribunal a los fines de decidir, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones: La perención es sanción a la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso para que éste alcance su fin natural, el cual es la sentencia.- Al respecto, el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “(...) También se extingue la instancia: 1º “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado." En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 06 de julio del 2004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato sigue el ciudadano José Ramón Barco Vásquez contra la sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, expuso lo siguiente: “… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación. En primero lugar, la que le correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de la boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la practica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la constitución de 1.999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su articulo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar, en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o, planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención…” “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la Ley de los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece” Con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho, y en apego al criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, supra transcrita, se observa, que la demanda se admitió el 07 de septiembre del 2004, evidenciándose de la revisión de las actas que conforman el presente expediente que la parte actora no ha cumplido con las cargas procesales de impulso para la citación de la parte, cuyo incumplimiento acarrea la perención de la instancia, en razón de lo cual este Juzgado considera, que necesariamente debe de producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia. Así se decide. -III- DECISIÓN Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda que por RENDICION DE CUENTAS intentara la ciudadana MARIA ZENAIDA RODRIGUEZ CALDERON, titular de la cedula de identidad Nº V-962.772 contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDOR PROADAT C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, El 05 de marzo del 2002, bajo el Nº 50 Tomo 31, Pro. Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, _____de septiembre de 2010. LA JUEZ, BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ. LA SECRETARIA, En esta misma fecha, siendo las , previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA JOSE-00 22.864