TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, catorce (14) de abril de dos mil once (2011)
Años 200º y 152º

PARTE DEMANDANTE: “BANCORO, C.A., BANCO UNIVERSAL REGIONAL”, domiciliada en Coro, estado Falcón e inscrita en el Registro de Comercio llevado en la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del estado Falcón, en fecha 24 de noviembre de 1950, bajo el N° 15, Tomo I, cuya última reforma integral estatutaria fue inserta en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 17 de enero de 2008, bajo el N° 46, Tomo 1-A. Domicilio procesal: Centro Comercial Ciudad Tamanaco, sector Yarey, PB, oficina 2-E, Chuao, Municipio Chacao del estado Miranda.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL
DE LA PARTE ACTORA: “LENDRY WADDY MEJIAS SALINAS, LENEN MEJIAS SALINAS y GABRIEL ROMÁN OCA ÁVILA”, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 37.299, 63.511 y 32.713, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: “PABLO ALFREDO ABREU SAN JUAN”, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-5.617.230. Sin domicilio procesal acreditado en autos.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDADA: SIN REPRESENTACIÓN JUDICIAL ACREDITADA EN AUTOS.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN).

ASUNTO: AP31-M-2009-000723.

I

El día 14 de agosto de 2009, Lendry Waddy Mejias Salinas, Lenen Mejias Salinas y Gabriel R. Oca Ávila, antes identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Bancoro, C.A., Banco Universal Regional, presentaron formal libelo de demanda contentivo del juicio de cobro de bolívares, contra el ciudadano Pablo Alfredo Abreu San Juan.
Por auto de fecha 24 de septiembre de 2009, se admitió la demanda ordenándose su trámite por el procedimiento oral previsto en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 7 de octubre de 2009, previa consignación de los fotostátos necesarios, se libró la compulsa.
Luego, mediante diligencia estampada el día 27 de octubre de 2009, el ciudadano Alguacil Mario Díaz manifestó que no logró citar al demandado.
En fecha 10 de diciembre de 2009, se acordó llevar a cabo la citación, por los trámites del artículo 223 eiusdem, ordenándose librar cartel de citación en esa misma fecha.
El 8 de abril de 2010, el abogado Gabriel Oca Ávila, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, retiró ante la Oficina de Atención al Público (O.A.P.) de esta sede Judicial, cartel de citación a los fines legales consiguientes.

II

Ahora bien, revisadas como han sido las actas las actas que conforman el expediente, este operador jurídico observa que desde el 8 de abril de 2010, fecha en que la representación judicial de la parte actora retiró ante la Oficina de Atención al Público (O.A.P.) de esta sede Judicial cartel de citación, ha transcurrido más de un (1) año, sin que la misma le haya dado el debido impulso procesal a la presente causa.
En tal sentido, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su encabezado, señala:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”.

Por otra parte, en sentencia N°.00685, dictada el 27 de julio de 2004, en Sala de Casación Civil, expediente N°. AA20-C-2003-000891, caso Bancor S.A.C.A contra Pro-Pak de venezuela, C.A y otros, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, se estableció:

“El formalizante alegó que no debió declararse la perención de la instancia en razón de que estaba pendiente el cumplimiento de la comisión librada a efectos de la citación de dos de los co-demandados. Sin embargo durante más de un año no realizó ningún acto de impulso del proceso, por lo que procede la perención. En este orden de ideas estima la Sala analizar el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; establece la disposición invocada que el transcurso del tiempo y la falta de impulso procesal conllevan a que ocurra la perención de la instancia. A saber se consagran cuatro supuestos, expresa así el texto de la norma citada:…La formalizante aduce que por el hecho de haberse librado comisión al Juzgado…con el fin de que se practicara la citación de dos de los co-demandados y que ella se estuviese cumpliendo, interrumpiría el período del año que el ad quem computó como transcurso de tiempo suficiente para que se consumara la perención. Al efecto y en análisis del encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra que la norma es palmaria, clara y de su contenido se concluye que el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es responsabilidad de ellos el mantener con vida jurídica el proceso, conducta que, por otra parte, denota interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; lo contrario, el abandono del juicio, lleva a concluir que los intervinientes al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra cualquiera de los lapsos en comentario, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio. Ahora bien, no cualquier actuación lleva consigo la interrupción de los lapsos aludidos, deben tratarse de actos de procedimiento que demuestren la voluntad de activar el proceso hacia su destino final, que se realizará con la sentencia. En el subjudice aprecia la Sala del análisis practicado sobre el texto de la recurrida, trascrito supra, que la demandante abandonó a su suerte el proceso ya que en el transcurso de más de un año no compareció ante el juzgado del mérito a efectos de darle el impulso necesario que impidiera el efecto sancionatorio de la perención…De lo expuesto concluye la Sala que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil norma aplicada al caso bajo decisión por parte del juez superior, resulta evidente, la correcta, ya que ella prevé los supuestos abstractos en los cuales tendrá que encuadrarse el caso concreto para que, evaluando los sucesos procesales, pueda declararse la perención; de otra parte al comprobar el ad quem del análisis de las actas procesales que había transcurrido el período de un año sin actividad de la demandante, aplicó la consecuencia jurídica sancionatoria de perención. Actuación que puede realizar oficiosamente al jurisdicente de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”

En cuanto al instituto de la perención, la doctrina ha sostenido que ella se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término previsto por la Ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella existe aún con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer.
En el presente caso, la situación procesal permite considerar que ha habido una inactividad durante más de un (1) año de la parte accionante, por consiguiente conforme a las normas jurídicas adjetiva y al criterio jurisprudencial referidos ut supra, forzosamente debe llegarse a la conclusión que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia.
III

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la perención de la instancia en la presente causa y, por ende, la extinción del proceso. Así se declara.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem, se declara que no hay especial condenatoria en costas.
Publíquese y regístrese la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el copiador de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Adjetiva Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es esta ciudad de Caracas, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil once (2011), a 200 años de la Independencia y 152 años de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. RICHARD RODRÍGUEZ BLAISE
LA SECRETARIA,

ABG. JOHANA MENDOZA RONDÓN

En esta misma fecha, siendo las 2:06 p.m. se registró y publicó la presente perención.
LA SECRETARIA,

ABG. JOHANA MENDOZA RONDÓN

ASUNTO: AP31-M-2009-000723.
RRB/JMR/