REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
En el procedimiento de de Recurso de Nulidad, incoado por la abogada ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 14.345.350, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.910, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano LUCIANO MOLIO COGNO, titular de la cedula de identidad Nº 3.642, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en sesión Nº188-08, en deliberación de cuenta Nº225, de fecha 18 de marzo de 2008. Recibido por este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico en fecha 06 de Agosto de 2010, dándole entrada y asignando le el Nº JSAG-122.
I
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
El ciudadano Luciano Molino Cogno antes identificado, es propietario del fundo denominado la hogaza, ubicado en el Municipio Infante del Estado Guarico, con una extensión de 536 has con 5.000 mts2, cuyos linderos son: NORTE: terrenos que fueron de Luís Camero y Fundo Quitapesares; SUR: Fundo Quitapesares, fundo de Enrique Borges; ESTE: Terrenos que fueron de Domingo Vargas y OESTE: Terrenos que fueron de Luís Camero y Hato la Unión, dicho fundo Fue Adquirido por mi representado, por compra-venta protocolizada ante la oficina de registro publico del Municipio Infante del Estado Guarico, anotada bajo el Nº 184, folio 119, Protocolo I, Segundo Trimestre, de fecha 27 de Junio de 1991, tal como consta en el Informe de registro llevado por el Instituto Nacional de Tierras, emitido por la oficina Sectorial de Tierras del Estado, ubicada en Valle de la Pascua , Estado Guarico, de fecha 25 de abril de 2008, De registro se desprende que el “Fundo la Hogaza” no ha sido nunca propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI)
En fecha 13 de Julio de 2007, la oficina Regional del Instituto Nacional de Tierras, emite auto de apertura de averiguación a que se refiere el articulo 35 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en atención al escrito de denuncia presentado por la cooperativa Banco Comunal Morichalito. Una vez analizado el contenido del expediente el Instituto Nacional de Tierras declara ocioso o inculto el fundo La Hogaza a través del acto administrativo contenido en punto de cuenta 225, aprobado en sesión Nº 168-08 de fecha 18 de Marzo de 2008.
II
NARRATIVA
En fecha 08 de enero de 2009, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recibe escrito de recurso de nulidad incoado por la abogada ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 14.345.350, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.910, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano LUCIANO MOLIO COGNO, titular de la cedula de identidad Nº 3.642, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en sesión Nº188-08, en deliberación de cuenta Nº225, de fecha 18 de marzo de 2008,
En fecha 13 de enero de 2008, el Tribunal de la causa Juzgado Superior Agrario con sede en Caracas, libro auto mediante el cual se le de entrada y se ordena formar el expediente. Asimismo se libra boleta de notificación al Instituto Nacional de Tierras, para la remisión de los antecedentes administrativos.
En fecha 27 de mayo de 2009, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admite el recurso de nulidad incoado por la abogada ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 14.345.350, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.910, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano LUCIANO MOLIO COGNO, titular de la cedula de identidad Nº 3.642, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en sesión Nº188-08, en deliberación de cuenta Nº225, de fecha 18 de marzo de 2008. en esta misma fecha el Juzgado ordena notificar al Presidente del Instituto Nacional de Tierras, al Procurador General de la Nación y a los terceros interesados en el presente procedimiento.
En fecha 29 de Julio de 2009, compareció por ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la abogada de la parte actora ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, antes identificada mediante diligencia expuso “Solicito muy respetuosamente que sean practicadas las notificaciones contenidas en los oficios Nº JSPA-306-2009 Y JSPA-307-2009, de fecha 27 de mayo de 2009.
En fecha 05 de agosto del año 2010, fue recibida en horas administrativas el expediente emanado del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sus antecedentes administrativos, por la secretaría, en acatamiento a la resolución Nº 2.008-0029, de fecha 06 de Agosto de 2008.
En fecha 30 de junio del año 2011, el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, mediante Auto a traves del Abogado ciudadano Juez Arquímedes Cardona, se aboca al conocimiento de la causa, así mismo se le asigna mediante auto de esa misma fecha el numeró de expediente 105, de la numeración particular de este despacho.
III
MOTIVA
El Tribunal observa:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone al artículo 193 hoy artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:
Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión N° 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece. (Destacado por este juzgado agrario)
En el presente asunto, este tribunal agrario acata y comparte el criterio antes transcrito al establecer que se debe aplicar la perención breve en materia agraria, la de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 193 hoy articulo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede ser el interprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este Tribunal Superior Agrario en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala N° 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa desde la fecha 29 de Julio de 2009, la abogada de la parte actora ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, mediante diligencia expuso “Solicito muy respetuosamente que sean practicadas las notificaciones contenidas en los oficios Nº JSPA-306-2009 Y JSPA-307-2009, de fecha 27 de mayo de 2009, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte de la demandante para instar la causa hasta la presente; y por cuanto ha transcurrido más de dos (02) año y siete (07) mes aproximadamente sin que se hubiere realizado acto alguno de impulso del procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la perención de la instancia; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar perención de la instancia y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la presente causa. Así se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de la acción de Recurso de Nulidad, incoado por la abogada ALEJANDRA MOLINO LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 14.345.350, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.910, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano LUCIANO MOLIO COGNO, titular de la cedula de identidad Nº 3.642, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en sesión Nº188-08, en deliberación de cuenta Nº225, de fecha 18 de marzo de 2008.
SEGUNDO: Se ordena el archivo de la presente causa.
TERCERO: No hay condenatoria en costa debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en San Juan de los Morros, a los 08 días del mes de Diciembre de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Juez,
ARQUIMEDES JOSÉ CARDONA A.
La Secretaria,
KIMBERLY HERNANDEZ
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.)
La Secretaria,
KIMBERLY HERNANDEZ
EXP: JSAG 144
AJCA/KH/bg
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