JUZGADO DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 11 de Enero de 2011 200º. y 151º. Vistas las presentes actuaciones el tribunal observa que mediante auto de fecha 02 de noviembre de 2010, este tribunal declaró el decaimiento de las citaciones practicadas en el presente juicio, en virtud de haber transcurrido en exceso el lapso consagrado en el articulo 228 del Código de Procedimiento Civil para la constancia en autos de las citaciones de los codemandados de autos. En tal sentido, al haber quedado sin efecto las citaciones practicadas en el juicio, debe entenderse que la parte actora como tercerista interviniente tenia la obligación de cumplir con las obligaciones consagradas en la ley para procurar la nueva citación de los codemandados, todo ello dentro del lapso a que alude el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone el cumplimiento de esas obligaciones dentro de los treinta días siguientes a la admisión a la demanda, circunstancia esta perfectamente aplicable en autos, en vista que, debido a los efectos del decaimiento de las citaciones practicadas, la causa se retrotrae al estado en que se encontraba luego de admitida la misma, por lo que el accionante en tercería debía cumplir nuevamente con las obligaciones tendientes a la práctica de las citaciones ordenadas, so pena de las sanciones procesales previstas en ese articulo. En efecto, el instituto jurídico de la perención comporta la existencia de una verdadera sanción de índole procesal, destinada a castigar la inercia u omisión del actor en acatar el cumplimiento de las específicas cargas orientadas a que se logre la citación del destinatario, o destinatarios de la pretensión, más aun en casos como el que nos ocupa, en que la tercería puede ser utilizada con el fin de evitar los efectos de decisiones recaídas en el juicio principal más que como medio para hacer valer un derecho. En ese sentido, y en lo que atañe al caso de autos, el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. Según la transcrita norma, la ley procesal se refiere a obligaciones que han de cumplir las partes, en su respectiva área de actividad, orientadas ellas a impulsar los trámites procesales tendientes a obtener la citación de la parte demandada, lo que en definitiva permitirá la conducción del proceso a su conclusión natural, como es la sentencia que debe proferir el Juez, absolviendo o condenando, en aras de dirimir, en forma definitiva, el conflicto de intereses sometido a su consideración. La doctrina sustentada por la extinta Corte Suprema de Justicia estableció, sin solución de continuidad, que las únicas obligaciones a cargo del actor para gestionar la citación del demandado se circunscribían a satisfacer el pago por concepto de derechos arancelarios causados por las diferentes actuaciones sujetas a ese régimen impositivo. Sin embargo, al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se consagró el principio de la gratuidad absoluta de los trámites procedimentales y, por ende, debe prescindirse de observar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley de Arancel Judicial. Ahora bien, mediante sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia en fecha seis (6) de Julio del año 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, se formula una nueva doctrina tendiente a activar el instituto de la perención breve indicándose que: “… que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarrea la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se decide. (Negrillas y subrayado de la Sala) Es obvio que conforme la sentencia citada, el accionante debe cumplir con la obligación de señalar al menos, la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como, procurar al alguacil los emolumentos necesarios para su transporte o traslado a esa dirección, y gastos de manutención y hospedaje cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, todo lo cual debe ser oportunamente satisfecho por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda y hacerlo constar en el expediente dentro del referido lapso. En el caso de autos, no consta que el accionante en tercería hubiera satisfecho dicha actividad durante el referido lapso de 30 días, habiendo transcurrido así el lapso de Ley para tener por perimida la causa. Tales hechos se circunscriben en dar por extinguida la instancia, no pudiendo proponerse nuevamente la demanda de tercería sino transcurridos como sean noventa (90) días de verificada la perención. Así se establece. DECISION Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: 1.- En conformidad a lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio. 2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y publíquese. Notifíquese a las partes. Déjese copia. LA JUEZ Dra. MARIA A. GUTIERREZ C. LA SECRETARIA Abg. DILCIA MONTENEGRO P. En esta misma fecha y siendo las 2 p.m.., se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia debidamente certificada de ella en el archivo del Tribunal a los fines indicados por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA Exp. No. 06-2021.