REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.- Valle de la Pascua, Diecisiete (17) de Febrero de dos mil Once.- 200° y 151° PARTE DEMANDANTE: JUAN NICOLAS FLAMES PARTE DEMANDADA: JUANA MARISOL FERNANDEZ FUENTES MOTIVO: DIVORCIO EXPEDIENTE N°: 18.593 I Se inicia este procedimiento mediante libelo presentado por ante este Tribunal en fecha 11 de Octubre de 2010, por el ciudadano JUAN NICOLAS FLAMES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.383.636 y domiciliado en Altagracia de Orituco, Estado Guárico, asistido de abogado, mediante la cual procede a demandar por DIVORCIO, a la ciudadana JUANA MARISOL FERNANDEZ FUENTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.402.984. La demanda se le dio entrada en fecha 14-10-2010 y la misma fue admitida por ante este Tribunal en fecha 21 de Octubre de 2010, cursante al folio 04, ordenándose, la citación de la demandada a los fines de dar contestación a la demanda y la notificación al Fiscal del Ministerio Público. Ahora bien, el Tribunal antes de pronunciarse hace las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1° señala textualmente: “…También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Conforme a la nueva doctrina referente a la perención breve, asentada en decisión del 6 de Julio de 2004 emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, “… la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad Constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” Las obligaciones que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial al demandante para lograr la citación del demandado son los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede del Tribunal. A tales obligaciones se añade doctrinariamente la que tiene el actor de señalar al Tribunal la dirección en la cual debe practicarse la citación del demandado. Ahora bien, conforme a la misma sentencia en comento, lo que se requiere para impedir que se produzca la perención breve es que el demandante cumpla con esas obligaciones dentro del lapso de treinta (30) días a que se refiere el ordinal primero del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que dentro de ese plazo se materialice o no la citación. En tal sentido, asentó la citada decisión: “Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. No, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días” (Pierre – Tapia. Tomo II Nov. 2004 pag.461). En el presente caso se puede observar que la demanda fue admitida el 21 de Octubre de 2.010, conforme al auto que riela al folio 04 de este expediente. Igualmente se puede observar claramente que la accionante no cumplió con la obligación que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la demandada, cuestión que era imprescindible hacer dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, como lo prevé el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuando la demandada reside a mas de 500 mts., de la sede del Tribunal, tal como es el caso de autos. Como ya se dijo, lo que se requiere es que el actor cumpla con sus obligaciones para lograr la citación de la demandada, dentro del lapso de treinta (30) días desde la admisión de la demanda y nó que tal citación se materialice dentro de él; hay que concluir en que ciertamente estamos en presencia del supuesto establecido en el numeral primero del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, y así se resuelve. III Por los motivos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de conformidad con los artículos 267, ordinal 1, y 269 del Código de Procedimiento Civil, la perención de la instancia y del presente procedimiento.- Notifíquese a las partes de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 269 en concordancia con el 233 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, Regístrese, y déjese copia certificada. El Juez. Dr. José A. Bermejo. La Secretaria Publicada y registrada en su fecha, siendo las 12:00 p.m., previa las formalidades legales. La Secretaria Exp. 18.593 JB/cm/lg