TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 9 de mayo de 2011
201º y 152º
Asunto: ah1b-v-2003-000062
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

PARTE DEMANDANTE: “Sociedad Mercantil CORPORACION 116656 C.A”., domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de Abril de 1991, bajo el Nº 73, Tomo 34-A Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: BERNARDO ANTONIO CUBILLAN MOLINA y ENEIDA TIBISAY ZAERPA GUZMAN, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2723 y 29.800, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil RESIDENCIAS HOTEL NOSTRUM S.R.L, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de Febrero de 1973, bajo el Nº 32, Tomo 17-A Sgdo, correspondiéndole el Nro de expediente 53704 de la nomenclatura interna del Registro Mercantil II, en las personas de cualesquiera de sus representantes legales ciudadanos VICENZO GULINO ALA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.574.160, en su carácter de Presidente; MANUEL BASILIO DE SOUSA, titular de la cedula de identidad Nº 6.108.608, en su carácter de Vice-Presidente o en la persona de MANUEL CALDAS FERNANDES, titular de la cedula de identidad Nº 6.293.177, en su carácter de Director; así como al co-Demandado JOSE RAMON REYES ROJAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.312.780.
APODERADO JUDICIAL DEL CO-DEMANDADO JOAQUIN REINALDO SIMONI BAENA: JESUS ENRIQUE MORENO ARAUJO, JUAN LUIS AGUANA FIGUERA, RAUL AGUANA SANTAMARIA y CIRO ALFONSO SANCHEZ DELGADO, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2.858, 1.608, 12.967 y 35.406 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LOS DEMANDADOS VICENZO GULINO ALA y MANUEL CALDAS FERNANDEZ: SALVADOR SANTORO LOMBARDO, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 77.345.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
I
Se inicia la presente demanda, introducida por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 01 de Agosto de 2003, al cual este despacho pertenece, ejercida por el profesional del derecho PEDRO RENGEL NUÑEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 20.443, procediendo en su carácter de apoderado judicial de VASOS VENEZOLANOS, S.A., Compañía Anónima de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Junio de 1967, bajo el Nº 24, Tomo 33-A.; siendo incoada dicha demanda contra La Sociedad Mercantil RESIDENCIAS HOTEL NOSTRUM S.R.L, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de Febrero de 1973, bajo el Nº 32, Tomo 17-A Sgdo, correspondiéndole el Nro de expediente 53704 de la nomenclatura interna del Registro Mercantil II, en las personas de cualesquiera de sus representantes legales ciudadanos VICENZO GULINO ALA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.574.160, en su carácter de Presidente; MANUEL BASILIO DE SOUSA, titular de la cedula de identidad Nº 6.108.608, en su carácter de Vice-Presidente o en la persona de MANUEL CALDAS FERNANDES, titular de la cedula de identidad Nº 6.293.177, en su carácter de Director; así como al co-Demandado JOSE RAMON REYES ROJAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.312.780.
Consignados como fueron los recaudos, este Juzgado mediante auto dictado en fecha de Agosto de 2003, procedió a admitir la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, y en fecha 10 de Septiembre de 2003 se libraron las compulsas respectivas.
En fecha 07 de Enero de 2004, el alguacil titular de este Juzgado para la fecha, devolvió compulsas de citación y copias certificadas, manifestando que fue imposible la citación personal.
Mediante diligencia de fecha 09 de Enero de 2004, los apoderados judiciales de la parte actora solicitaron cartel de citación a la parte demandada, lo cual fue acordado por este Juzgado por auto de fecha 09 de Enero de 2004, y en esa misma fecha se libro el cartel respectivo.
En fecha 27 de Enero de 2004, la apoderada actora consigno cartel de citación debidamente publicado en el diario ultimas noticias el martes 27 de Enero de 2004, asimismo mediante diligencia de fecha 10 de Febrero de 2004, solicito nuevo cartel el cual fue acordado nuevamente por este Juzgado en fecha 31 de Marzo de 2004, y consignado debidamente publicado mediante diligencia de fecha 12 de Abril de 2004.
En fecha 27 de Abril de 2004, el abogado SALVADOR SANTORO ZAMBRANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada consigno poder.
Mediante diligencia de fecha 10 de Junio de 2004, la apoderada actora solicito cartel al demandado JOSE RAMON REYES ROJAS, lo cual fue acordado por este Juzgado en fecha 14 de Junio de 2004.
En fecha 28 de Marzo de 2005, el abogado BERNARDO ANTONIO CUBILLAN MOLINA, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora consigno escrito de reforma de demanda, la cual fue admitida por este Juzgado mediante auto de fecha 30 de Marzo de 2005.
En fecha 04 de mayo de 2005, se libraron compulsas, seguidamente mediante diligencia de fecha 10 de Agosto de 2005, el alguacil de este Juzgado dejo constancia que fue imposible practicar las citaciones y consigno compulsas.
En fecha 14 de Noviembre de 2005, la apoderada actora solicito cartel, y este Tribunal en fecha 16 de noviembre de 2005, libro el respectivo cartel, asimismo en fecha 12 de Enero este Juzgado libro nuevo cartel, el cual fue retirado por la apoderada de la parte actora en fecha 16 de Enero de 2006.
Por auto de fecha 01 de Abril de 2011, el Dr. ANGEL VARGAS, se aboco al conocimiento de la presente causa.
-II-
Este Tribunal para decidir observa:
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, y por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes....”.-
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330,
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad , sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“… b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
… c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, ya que de autos se evidencia que la parte actora, no realizó acto procesal alguno que presumiera a este Juzgador que tenían el ánimo de continuar con la prosecución de la presente causa, ni mucho menos, con la interrupción de la perención que estaba transcurriendo en el presente juicio, es así, como se observa que ha operado la Perención de la Instancia, ya que desde la fecha 16 de Enero de 2006, hasta el día de hoy, es decir, hace mas de un (01) año, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo ut-supra indicado.
En base a lo analizado en la presente motiva, es que este Juzgador considera que debe declararse la Perención de la Instancia, en el presente juicio, y así debe ser declarado en la dispositiva de la presente decisión.- Y así se declara.-
-III-
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, , en consecuencia, extinguido el proceso conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil once (2.011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,

DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
En esta misma fecha, siendo las 3:20 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
ASUNTO: AH1B-V-2003-000062,
AVR/SC/Ana*.