REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE. JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO. ACTUANDO EN SEDE: CIVIL EXPEDIENTE N°: 7381-10 MOTIVO: DIVORCIO PARTE DEMANDANTE (S): OSCARINA MARIA PÉREZ FLORES PARTE DEMANDADA (S): LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES En fecha 10 de diciembre del año 2010, la ciudadana OSCARINA MARIA PÉREZ FLORES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V 16.803.504, de este domicilio, de profesión abogada, de estado civil casada, asistida por la abogada en ejercicio Desiree Barile, Inpreabogado Nº: 128.862, demandó por Divorcio al ciudadano LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES. Por auto de fecha 15-12-2.010, se admitió la demanda, el tribunal se abstuvo de proveer el emplazamiento del demandado, hasta tanto la parte actora indique su domicilio. Al folio 08, consta la notificación de la Fiscalia Décima del Ministerio Público. Al folio 09, riela escrito emanado de la Fiscalia Décima del Estado Guárico, de fecha 28-02-2011, donde emitió opinión favorable para que se tramitara la misma. Al folio 10, riela diligencia suscrita por la ciudadana Desiree Barile, en donde consigno la dirección del ciudadano LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES. Por auto de fecha 29-03-11, se acordó emplazar a la partes, y se libro la compulsa para practicar la citación del demandado. Por diligencia de fecha 03 de mayo de 2011, suscrita por el Alguacil de este juzgado, consigno compulsa librada al ciudadano LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES, por cuanto hasta la presente fecha la parte actora no ha facilitado lo necesario para la realización de la misma. Ahora bien el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezamiento dispone lo siguiente: Omisis… "Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haber ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes……………………………………………………………. 1° Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado…" En ese sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencia de fecha 06 de Julio de 2.004, lo siguiente: “Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos ordenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado. En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial (…)” “En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante - según el caso – ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todo los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso publico) que estaba prevista en la ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” “Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. (…) De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel judicial, ni al de renta ordinario previsto en el ordinal 4° del articulo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.” En consecuencia, por cuanto de autos se observa, que desde el día 29 de marzo del 2011, fecha del auto donde se acordó el emplazamiento de las partes, y se libro la compulsa para practicar la citación del demandado, hasta la presente fecha ha transcurrido más de treinta (30) días, sin que la parte actora le haya dado el debido impulso para practicar la citación del demandado LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES; este Tribunal, Primero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Bancario y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y la EXTINCION DEL PROCESO, en el juicio que por DIVORCIO sigue OSCARINA MARIA PÉREZ FLORES, contra LUIS RAFAEL CASTILLO OVALLES, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Regístrese, publíquese y déjese copia del presente fallo. Dada, firmada y sellada en éste Tribunal, en la ciudad de San Juan de los Morros, a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. La Jueza, Abg. Esthela Carolina Ortega Velásquez. La Secretaria, Abg. Marisel Peralta Ceballos. En la misma fecha siendo las 11:00 a.m., se publicó, se registró y se dejó copia de la anterior decisión. La Secretaria, ECOV/mcc Exp. N°: 7381-10