TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de Calabozo
Calabozo, 25 de mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : JP11-P-2011-000055
ASUNTO : JP11-P-2011-000055

ACUSADO: JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA
DECISIÓN: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
DELITO: AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

Vista el acta de celebración de la audiencia preliminar, este juzgador pasa a fundamentar lo decidido en sala, en los términos siguientes:

CONSIDERACIONES PREVIAS

En fecha 13 de enero de 2011, se celebró audiencia de calificación de flagrancia, en la cual este Despacho, declaró con lugar la aprehensión flagrante del ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-18.908.339, natural de Calabozo, Estado Guárico; nacida en fecha 08/01/88, de 23 años de edad, hijo de Evelia Eloisa caldera (f) y Carlos Guayurpa (v), de profesión u oficio Obrero, de estado civil soltero, residenciado en Urbanización Simón Bolívar, calle 3 casa Nº 13, Calabozo estado Guárico, teléfono: 0426-8374560. El Tribunal oídas a las partes declaró con lugar la aprehensión en flagrancia; el procedimiento ordinario; las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad contenidas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Proceso Penal, es decir régimen de presentaciones de cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión y las Medidas de Protección y Seguridad previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a favor de la víctima ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES.

De la revisión de los autos se aprecia que no existe constancia alguna sobre la conducta pre-delictual del acusado de autos JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por lo que en base al principio in dubio pro reo, debe presumirse la buena conducta predelictual del referido imputado, salvo prueba en contrario. Al vuelto del folio 11, riela acta policial suscrita por el funcionario BOLÍVAR JOSÉ, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de esta ciudad, en la que señala que el referido imputado no tiene registros policiales ni solicitud alguna por ante algún organismo de seguridad del Estado.

En fecha 25 de febrero de 2011, la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Guárico, presentó escrito de acusación formal contra el ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL y ECONOMICA previstos y sancionados en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES.

En fecha 25 de mayo de 2011, se celebró la audiencia preliminar en la presente causa, con la asistencia del Abg. OCTAVIO DEYAN, Fiscal Quinto Auxiliar del Ministerio Público del Estado Guárico; del Abg. WILLIANS JOSÉ BRITO APONTE, quien fue asociado a la Defensa del imputado por el imputado de autos, habiendo aceptado el cargo y prestado el juramento de ley; de la víctima ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES y el imputado de autos JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA. Al serle concedido el Derecho de palabra a la Representación del Ministerio Público, ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de acusación presentado, ofreció los medios de pruebas que sustentan su acusación y solicitó el enjuiciamiento del imputado de autos por el delito señalado en su escrito acusatorio. Al serle concedido el derecho de palabra al imputado de autos, impuesto de las garantías constitucionales y legales así como de los medios alternativos a la prosecución del proceso y el procedimiento especial por admisión de los hechos, acogiéndose al precepto constitucional y manifestando su deseo de optar por uno de los medios alternativos a la prosecución del proceso. Acto seguido la Defensa manifestó que su defendido va hacer uso de la suspensión condicional del proceso. Se le concedió el derecho de palabra a la victima ciudadano JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES, quien manifestó que el imputado no se ha metido más con ella. Seguidamente el Tribunal oídas a las partes, hizo los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con los artículos 326 y 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Guárico, en contra del ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, previsto y sancionado en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el articulo 330 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, admitió todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico, por ser lícitos, necesarios y pertinentes para el descubrimiento de la verdad en el presente caso. TERCERO: Admitida la acusación del Ministerio Publico así como, las pruebas ofrecidas; este Tribunal impuso al acusado de las alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial por Admisión de los Hechos y otorgó nuevamente el derecho de palabra al acusado de autos, quien una vez impuesto del precepto constitucional, procedió a interrogar al acusado de autos, si hará uso de los mismos, a lo que respondiendo de manera individual y libre de coacción que si, y manifestó admitir los hechos objeto de la acusación fiscal en este acto, solicitando la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, pidió disculpas a la víctima por las molestias ocasionadas y se comprometió a cumplir con las obligaciones que a bien tenga imponerle este Tribunal. La víctima de autos aceptó las disculpas y expresó que no tiene nada que objetar al respecto. La representación del Ministerio Público no hizo oposición alguna a la medida solicitada. En consecuencia, vista la solicitud de Suspensión Condicional del Proceso conforme a lo previsto en los artículos 42 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y la admisión de los hechos en forma pura y simple realizada por el acusado de autos, por la comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES, en virtud de la formal acusación presentada por el Ministerio Publico; así como también se observó que el acusado de autos ha tenido buena conducta predelictual y no se encuentra sujeto a otra medida por otro hecho; este Tribunal la acuerda, por cuanto los hechos y el delito que se le imputa encuadra perfectamente para el otorgamiento de dicho beneficio, el cual se otorgara por el lapso de UN (01) AÑO con presentaciones periódica de cada sesenta (60) días por ante la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad. Advirtiéndosele que el incumplimiento de dicho beneficio en forma injustificada, ocasionara la revocatoria de la Suspensión Condicional del Proceso y en consecuencia, se procederá a dictar sentencia condenatoria, fundamentada en la admisión de los hechos, efectuada por el acusado a tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 en concordancia con el 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Suspensión Condicional del Proceso es una institución que tiene por finalidad la terminación del proceso de manera anticipada, por ello en nuestro ordenamiento jurídico vigente se haya encuadrada dentro de las fórmulas alternativas de prosecución del proceso, con la cual se procura resolver el fondo del proceso penal sin una declaración jurisdiccional expresa de responsabilidad penal, sustentada sobre la base del principio de economía procesal, inclusive, contribuye con el descongestionamiento de la administración de justicia.

Esta institución se encuentra regulada en los artículos 42 y siguientes del Código Orgánico Proceso Penal, y procede luego de admitida la acusación presentada por el Ministerio Público y hasta antes de acordarse la apertura a juicio oral y público, o, en caso de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de la apertura del debate; debiendo el imputado de autos que pretenda acogerse a esta medida cumplir con ciertos requisitos, en el ínterin de un determinado lapso de tiempo que no podrá ser inferior a un año ni superior a los dos años, pero en ningún caso el régimen de prueba debe exceder el término medio de la pena aplicable, estos requisitos son: 1) Que el delito o delitos imputados sean leves, con penas que no excedan de los cuatro años en su límite máximo. 2) Tener buena conducta predelictual; la cual debe presumirse siempre, salvo prueba en contrario, de conformidad con los principios de inocencia e in dubio pro reo. 3) Admisión de los hechos imputados, con reconocimiento expreso de responsabilidad. 4) No encontrarse a otra medida o beneficio similar, lo cual debe presumirse también a favor del imputado, salvo prueba en contrario de la parte acusadora. 5) Ofrecer una propuesta de reparación material o de conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado. 6) El compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le imponga el Tribunal conforme al artículo 44 del texto adjetivo penal que regula la materia.

Asimismo debe tomarse en cuenta, la opinión de la víctima y del Ministerio Público, pues en caso de existir oposición de ambos, el juez debe negar la petición, tal como lo establece el segundo aparte del artículo 43 del Código Orgánico Proceso Penal. Siendo inapelable la decisión, se ordenará la apertura a juicio oral y público.

Ahora bien, en el caso concreto se observa que admitida como fue la acusación fiscal, con observancia de los principios y garantías constitucionales y legales, teniendo en cuenta que los elementos que sustenta dicha acusación, contenían en su conjunto, una expectativa de condena contra el ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, asimismo procedió admitir también los medios de pruebas ofertados, por ser lícitos, necesarios y pertinentes, todo ello con fundamento en los artículos 326, 330 numerales 2 y 9 del Código Orgánico Proceso Penal, en el acto de la audiencia preliminar. El acusado de autos admitió los hechos objeto de la acusación para acogerse a la fórmula alternativa denominada Suspensión Condicional del Proceso y se comprometió a cumplir con las obligaciones inherentes una vez otorgada la medida, pidió disculpas a la víctima por los daños y molestias ocasionados. La víctima aceptó las disculpas y no hizo oposición alguna. El Ministerio público tampoco hizo oposición alguna a la medida en mención.

Los delitos que se le atribuye en la acusación fiscal, al acusado son AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que prevé una pena máxima de tres años de prisión (tomando en cuenta el de mayor entidad), el cual no supera los cuatro años que señala el artículo 42 de la texto penal adjetivo. Además dichos delitos no se encuentran incluidos dentro de las previsiones del último aparte de la citada norma adjetiva, en el cual se exceptúan las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, contra el sistema financiero o asociados a éstos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente no consta que el imputado tenga mala conducta predelictual, por lo que en base al principio in dubio pro reo, debe presumirse la buena conducta predelictual del referido imputado, salvo prueba en contrario, que no consta en autos. Al vuelto del folio 11, riela acta policial suscrita por el funcionario BOLÍVAR JOSÉ, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de esta ciudad, en la que señala que el referido imputado no tiene registros policiales ni solicitud alguna por ante algún organismo de seguridad del Estado, lo cual refuerza la presunción de que el imputado no tiene antecedentes penales ni está sometido a otro proceso o medida similar a la solicitada en la presente causa.

Las razones anteriormente expuestas, fueron los motivos por los cuales este Tribunal, una vez admitida la acusación fiscal contra el ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES, así como los medios de pruebas ofertados, luego de oída a las partes en la audiencia preliminar, y en especial al acusado de autos, que admitió los hechos objeto de la acusación, solicitó la Suspensión Condicional del Proceso, ofreció disculpas a la víctima por las molestias ocasionadas y se comprometió a cumplir con las obligaciones de ley; declaró con lugar la solicitud de Suspensión Condicional del Proceso al ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por el lapso de SEIS (06) MESES, bajo régimen de presentaciones periódica de cada SESENTA (60) DÍAS por ante la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad; todo de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 43 y 44 in fine ambos del Código Orgánico Proceso Penal. Se le hizo la advertencia al acusado de autos en cuestión que el incumplimiento de manera injustificada de algunas de las condiciones impuestas con motivo de la medida acordada, ocasionará la revocatoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del texto adjetivo penal.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuesto anteriormente, fue que este Tribunal de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hizo los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con los artículos 326 y 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Guárico, en contra del ciudadano JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, plenamente identificado en las consideraciones previas de la presente decisión, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 50 ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JUANA JOSEFINA TABLANTE QUIÑONES. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el articulo 330 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, admitió todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico, por ser lícitos, necesarios y pertinentes para el descubrimiento de la verdad en el presente caso. TERCERO: De conformidad con los artículos 42, 43 y 44 todos del Código Orgánico Proceso Penal, acordó la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO al acusado de autos JAVIER ALFONZO GUAYURPA CALDERA, por el lapso de UN (1) AÑO, bajo régimen de presentaciones de cada SESENTA (60) días por ante la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad. ADVERTENCIA: Se le hizo la advertencia al acusado de autos en cuestión que el incumplimiento de manera injustificada de algunas de las condiciones impuestas con motivo de la medida acordada, ocasionará la revocatoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del texto adjetivo penal.

Regístrese la presente decisión, déjese copia autorizada de la misma. Líbrese oficio a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad a los fines de aperturar el Régimen de Prueba al acusado de autos. Líbrese oficio al Alguacilazgo de esta Extensión para el cese del régimen de presentaciones que el acusado venía realizando por esa oficina.
EL JUEZ DE CONTROL N° 01

ABG. JORGE ANTONIO VÉLIZ PÉREZ
LA SECRETARIA,

ABG. MARÍA ALEJANDRA AZUAJE