TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Guárico
San Juan de los Morros, trece de mayo de dos mil once
201º y 152º
ASUNTO : JP31-N-2011-000006

Admitido el presente recurso de nulidad, interpuesto por interpuesto por la abogada LIBIA BRICEÑO DE ZAMBRANO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 1.739, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de “ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.”, en contra la Providencia Administrativa Nº 31-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, bajo las motivaciones efectuadas en auto de fecha 06 de mayo de 2011 entre los cuales se acordó el pronunciamiento por auto separado sobre la medida cautelar de amparo solicitada, este Tribunal decide, previo a las siguientes consideraciones:
Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de amparo constitucional, conjuntamente con un recurso de inconstitucionalidad de leyes y demás actos estatales normativos o con un recurso contencioso administrativo de anulación o de abstención, la cual se encuentra el los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El primero de los mencionados dispone:
"La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia), si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad".
Por su parte el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, expresa:
"La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria y efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio".

La jurisprudencia ha conservado la naturaleza cautelar de este amparo, es por ello que mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa (Caso: Marvin Sierra Velasco), fijó criterio en relación a la naturaleza del amparo cautelar en los siguientes términos:

“…Así, invariablemente ha entendido la doctrina del Alto Tribunal que en el caso de la interposición de un recurso contencioso-administrativo o de una acción popular de inconstitucionalidad de leyes y demás actos normativos, ejercidos de manera conjunta con el amparo constitucional, éste último reviste un carácter accesorio de la acción principal, al punto de que la competencia para conocer de la medida de tutela viene determinada por la competencia de la acción principal. Dentro de ese contexto, luce adecuado destacar el carácter cautelar que distingue al amparo ejercido de manera conjunta y en virtud del cual se persigue otorgar a la parte afectada en su esfera de derechos constitucionales, una protección temporal, pero inmediata dada la naturaleza de la lesión, permitiendo así la restitución de la situación jurídica infringida al estado en que se encontraba antes de que ocurriera la violación, mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal. …omissis…”
Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado. En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación…”.
En igual forma, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 31 de marzo de 2005 dictó sentencia en la cual expone:

La traducción de estos dos requisitos en materia de amparo constitucional cautelar tiene unos bemoles y características interesantes, que esta Corte pasa a poner de relieve:

1. Existencia de un fumus boni iuris constitucional: En efecto, el amparo constitucional cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del querellante se concrete en un derecho o una garantía constitucional.

A diferencia del resto del elenco cautelar en nuestro ordenamiento, donde la posición jurídica tutelable (fumus boni iuris) puede estar referida a derechos de carácter legal, contractual o de cualquier otra índole, la tutela constitucional cautelar requiere y exige que los derechos e intereses jurídicos invocados como causa legitimadora de la cautela, tenga rango y fuente directa en la Constitución. En caso contrario, el querellante debe acudir a los medios ordinarios de tutela cautelar (suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cautelares innominadas previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil). La tutela constitucional cautelar es tan extraordinaria y especial como lo es la pretensión de amparo autónomo, y de allí que el fumus boni iuris tenga estas características que la cualifican.

2. La existencia de un periculum in damni constitucional: En efecto, la noción de periculum in mora es insuficiente pues la misma se contrae a la “eficacia” de la sentencia que se dicte, es decir, de su “ejecutabilidad”, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal, y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable.

Cuando un querellante invoca la tutela constitucional cautelar debe poner en evidencia una posición jurídica de rango constitucional (fumus boni iuris constitucional) pero, además, debe evidenciar no un “riesgo potencial” o “eventual” sino un peligro de daño inminente, de tal suerte que de no acordarse la cautela la efectividad de la sentencia que se dicte será “inefectiva”, es decir, no se podrán reparar los daños causados durante su tramitación, o el querellante habrá sufrido unos perjuicios de difícil reparación. Por lo que debe advertirse que mientras el periculum in mora se refiere a la “infructuosidad del fallo” (eficacia de la sentencia), el periculum in damni, se conecta con la “efectividad del proceso” que, en el caso de la tutela constitucional cautelar, debe referirse a las lesiones en sus derechos e intereses constitucionales.

Mientras el fumus boni iuris constitucional es el fundamento de legitimación de la pretensión cautelar, el periculum in damni constitucional constituye la “causa” de la procedencia, esto es, que en el caso de no acordarse la suspensión de los efectos del acto (a tenor del artículo 5º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) o la adopción de otras medidas positivas (innovativas) o prohibitivas (de conservación), se producirá en la esfera jurídica del querellante situaciones irreparables o de difícil reparación…”
Ahora bien, en el caso de autos, se observa que el recurso de nulidad se contrae contra la Providencia administrativa Nº 31-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, emanada de la Inspectoria del Trabajo de San Juan de los Morros Estado Guárico, mediante la cual se ordena el reenganche y pago de salarios caidos a favor de los ciudadanos Freddy Nieves y Raúl Mendoza fundamentando su medida de Amparo cautelar en los siguientes hechos:
En que se ordenó la reincorporación y pago de salarios caídos de los ciudadanos FREDDY NIEVES Y RAUL MENDOZA, sin estar amparados por la inamovilidad laboral ya que fueron contratados a tiempo determinado, no hubo despido y la relación terminó por expiración del término para el cual fueron contratado, en que se tramitó la solicitud acumulando ilegalmente las dos causas, que se quebrantaron los artículos 26, 49 y 253, primer aparte, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas y derechos que por estar íntimamente conectadas con la función jurisdiccional son reguladoras de materias conformadoras de orden público; así como el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil al acumularse las causas de FREDDY NIEVES y RAUL MENDOZA, sin que existan en las mismas identidad de sujeto y titulo, ya que las relaciones de trabajos son absolutamente distintas y no podían ser acumuladas, por lo que la Inspectora del Trabajo debió negar la admisión de dichos recursos por ser contrarias al orden público y a disposiciones expresas de ley; que la decisión que se impugna está fundamentada en un falso supuesto de hecho; que se quebrantó el articulo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando la Inspectora del Trabajo ordena el reenganche y pago de salarios caídos; que se incurre en un falso supuesto de derecho al valorar la prueba documental marcada con la letra “F” promovida por el ciudadano Freddy Nieves, concerniente al denominado CONTROL COMEDOR, quien suscribió dicha hoja de control con posterioridad a la fecha en que había expirado su contrato de trabajo, por tratarse de una prueba emanada del accionante no puede serle opuesta a mi representada, carece de valor probatorio y quebranta el principio de alteridad de la prueba, ya que es un principio de derecho probatorio que a las partes no le está dado fabricarse sus propias pruebas; que la Inspectora del Trabajo del Estado Guárico también transgredió el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil cuando le da valor probatorio al documento promovida por el accionante FREDDY NIEVES, FOLIO 79, siendo que al tratarse de una copia fotostática, impugnada por mi representada dentro de la oportunidad procesal correspondiente, tal como consta al folio 89 del expediente, debía ser desechada, por no haberse consignado el original o la copia certificada del mismo, tal como lo dispone el último aparte del citado artículo 429.- Que en relación al requisito del “fumus boni iuris” o apariencia de buen derecho, ratifica y reproduce todas las denuncias anteriores; que en relación al “periculum in mora”, es criterio reiterado que este requisito es determinable por la sola verificación del requisito anterior, ya que la existencia de la presunción grave de un derecho de orden constitucional, que por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata ya que el Juez deberá revisar ipso facto la actualidad de ese derecho ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a nuestra representada.- Que para el supuesto de ser negado el amparo cautelar, solicitó la suspensión de los efectos de la Providencia impugnada.

Pues bien; las presuntas violaciones de los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante, con respecto a la acción de Amparo Cautelar, y subsidiariamente medida cautelar innominada de Suspensión de Efectos, tiene identidad plena con la del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, que funge como acción principal lo que implicaría analizar cuestiones referidas al fondo del asunto, pues no hay manera de acordar el amparo cautelar y las medidas solicitadas con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para de esta manera verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, en el acto administrativo impugnado, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo, siendo ello así, y por cuanto de los autos no se desprenden elementos demostrativos esenciales que debe reunir toda medida cautelar, ni se desprende de la solicitud el fumus boni iuris, además que constituiría conforme un evidente adelanto de opinión otorgar la medida en los términos planteados ya que lo solicitado por el accionante en la solicitud de amparo cautelar y las medidas solicitadas, tratan lo mismo que pretende el recurso en sí, esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se niega el Amparo Cautelar, interpuesto con Medida de Suspensión de Efectos Y así se decide.
DISPOSITIVA:
Por las razones antes esbozadas; este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la circunscripción Judicial del estado Guárico, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia y por autoridad de la Ley: Niega la Medida de Amparo Constitucional Cautelar y de Suspensión de Efectos solicitada por la abogada LIBIA BRICEÑO DE ZAMBRANO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 1.739, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de “ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.”, en contra la Providencia Administrativa Nº 31-2010 de fecha 01 de marzo de 2010.
LA JUEZ,

ZURIMA BOLIVAR CASTRO
EL SECRETARIO
FILIBERTO CONTRERAS