REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico
San Juan de los Morros, dieciséis de mayo de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO : JP31-N-2011-000014

Admitido el presente recurso de nulidad, interpuesto por interpuesto por la abogada ANA MARIA CARREÑO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 120.331, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.”, en contra del Acto Administrativo de la Providencia Administrativa Nº 376-2009 de fecha 02 de diciembre de 2009, bajo las motivaciones efectuadas en auto de fecha 09 de mayo de 2011 entre los cuales se acordó el pronunciamiento por auto separado sobre la medida cautelar de amparo solicitada, este Tribunal decide, previo a las siguientes consideraciones:
Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de amparo constitucional, conjuntamente con un recurso de inconstitucionalidad de leyes y demás actos estatales normativos o con un recurso contencioso administrativo de anulación o de abstención, la cual se encuentra el los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El primero de los mencionados dispone:
"La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia), si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad".
Por su parte el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, expresa:
"La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria y efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio".

La jurisprudencia ha conservado la naturaleza cautelar de este amparo, es por ello que mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa (Caso: Marvin Sierra Velasco), fijó criterio en relación a la naturaleza del amparo cautelar en los siguientes términos:

“…Así, invariablemente ha entendido la doctrina del Alto Tribunal que en el caso de la interposición de un recurso contencioso-administrativo o de una acción popular de inconstitucionalidad de leyes y demás actos normativos, ejercidos de manera conjunta con el amparo constitucional, éste último reviste un carácter accesorio de la acción principal, al punto de que la competencia para conocer de la medida de tutela viene determinada por la competencia de la acción principal. Dentro de ese contexto, luce adecuado destacar el carácter cautelar que distingue al amparo ejercido de manera conjunta y en virtud del cual se persigue otorgar a la parte afectada en su esfera de derechos constitucionales, una protección temporal, pero inmediata dada la naturaleza de la lesión, permitiendo así la restitución de la situación jurídica infringida al estado en que se encontraba antes de que ocurriera la violación, mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal. …omissis…”
Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado. En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación…”.
En igual forma, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 31 de marzo de 2005 dictó sentencia en la cual expone:


La traducción de estos dos requisitos en materia de amparo constitucional cautelar tiene unos bemoles y características interesantes, que esta Corte pasa a poner de relieve:

1. Existencia de un fumus boni iuris constitucional: En efecto, el amparo constitucional cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del querellante se concrete en un derecho o una garantía constitucional.

A diferencia del resto del elenco cautelar en nuestro ordenamiento, donde la posición jurídica tutelable (fumus boni iuris) puede estar referida a derechos de carácter legal, contractual o de cualquier otra índole, la tutela constitucional cautelar requiere y exige que los derechos e intereses jurídicos invocados como causa legitimadora de la cautela, tenga rango y fuente directa en la Constitución. En caso contrario, el querellante debe acudir a los medios ordinarios de tutela cautelar (suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cautelares innominadas previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil). La tutela constitucional cautelar es tan extraordinaria y especial como lo es la pretensión de amparo autónomo, y de allí que el fumus boni iuris tenga estas características que la cualifican.

2. La existencia de un periculum in damni constitucional: En efecto, la noción de periculum in mora es insuficiente pues la misma se contrae a la “eficacia” de la sentencia que se dicte, es decir, de su “ejecutabilidad”, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal, y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable.

Cuando un querellante invoca la tutela constitucional cautelar debe poner en evidencia una posición jurídica de rango constitucional (fumus boni iuris constitucional) pero, además, debe evidenciar no un “riesgo potencial” o “eventual” sino un peligro de daño inminente, de tal suerte que de no acordarse la cautela la efectividad de la sentencia que se dicte será “inefectiva”, es decir, no se podrán reparar los daños causados durante su tramitación, o el querellante habrá sufrido unos perjuicios de difícil reparación. Por lo que debe advertirse que mientras el periculum in mora se refiere a la “infructuosidad del fallo” (eficacia de la sentencia), el periculum in damni, se conecta con la “efectividad del proceso” que, en el caso de la tutela constitucional cautelar, debe referirse a las lesiones en sus derechos e intereses constitucionales.

Mientras el fumus boni iuris constitucional es el fundamento de legitimación de la pretensión cautelar, el periculum in damni constitucional constituye la “causa” de la procedencia, esto es, que en el caso de no acordarse la suspensión de los efectos del acto (a tenor del artículo 5º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) o la adopción de otras medidas positivas (innovativas) o prohibitivas (de conservación), se producirá en la esfera jurídica del querellante situaciones irreparables o de difícil reparación…”
Ahora bien, en el caso de autos, se observa que el recurso de nulidad se contrae contra la Providencia administrativa Nº 376-2009 de fecha 02 de diciembre de 2009, emanada de la Inspectoria del Trabajo de San Juan de los Morros Estado Guárico, mediante la cual se ordena el reenganche y pago de salarios caidos a favor del ciudadano Jose Angel Salazar Torrealba fundamentando su medida de Amparo cautelar y en su defecto suspensión de los efectos, en los siguientes hechos:

“…En la ilegalidad de la providencia (…), por cuanto la autoridad administrativa se basa en supuestos de hechos que no son ciertos o son inexistentes para adoptar su decisión, (vicio de falso supuesto, Sent. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 28-02-85)…que la providencia impugnada incurre igualmente en el vicio de falso supuesto al resolver en su dispositiva que su representada se encuentra en la obligación de Reenganchar y Pagar Salarios Caídos al trabajador en cuestión, por considerar valida la existencia de un acto de despido contra los mismos, toda vez que tergiversa los hechos, dando por cierto un hecho que no es, y aun cuando declara que hace la valoración de las pruebas aportadas, no existe concatenación de las ideas entre tal supuesta valoración y la motivación para decidir, por lo cual, tanto la providencia recurrida domo dicha “VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD” (sic) carece por completo de sustento jurídico.
…cuando la Administración fundamente su decisión en hechos que no ocurrieron o que ocurrieron de manera distinta a como fueron apreciados y aunado a la situación del contrato a tiempo determinado, situación jurídica omitida por el Inspector del Trabajo, cabe resaltar el hecho de que la Providencia fue dictada en fecha 02 de Diciembre de 2009, sin tomar en consideración, que como se analizará supra, durante el mes de septiembre de 2009 fue llevado a cabo el escrutinio del proceso y el ciudadano JOSE ANGEL SALZAR nunca resultó electo.
… la providencia administrativa dictada en fecha 02 de diciembre de 2009, debe ser declarada nula por haber incurrido la Administración en el Vicio de falso supuesto de derecho, conforme al articulo 19,4 de la LOPA.
Que no hace ningún tipo de valoración de las pruebas aportadas y admitidas por mi representada, toda vez que las misma fueron simplemente mencionada y cuando pasa a la motiva de la decisión se limita a citarlas,
…que el Fomus bonis iuris de COCA COLA FENSA, S.A., queda debidamente demostrado de la simple lectura de la providencia administrativa impugnada, y en donde queda plenamente demostrado que mi representada siendo el sujeto que se encuentra obligado al cumplimiento de la misma, por ser éste el patrono del trabajador… que el ciudadano ya mencionado ha sostenido en su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, que fue despedido en fecha 27 de julio de 2009 aun cuando se encontraba amparado por la Inamovilidad Laboral Decretada por el Ejecutivo Nacional, cuando lo cierto del caso es que fue debidamente suscrito un contrato a tiempo determinado con vigencia entre el 27 de abril y 25 de julio de 2009, el cual estableció fecha cierta a la terminación de la relación de trabajo entre mi representada y el ciudadano JOSE ANGEL SALAZAR.
En este sentido, el falso supuesto de hecho se configura cuando la Inspectoria del Trabajo asume que la relación de trabajo se contrajo a tiempo indeterminado y en el hecho de que la terminación de dicho contrato se derivo en un despido y, no como debió concluir, en la culminación del contrato de trabajo subscrito entre las partes.
Que la providencia Administrativa recurrida contiene el Vicio de Usurpación de funciones e incompetencia manifiesta, siendo por ello nula de nulidad absoluta…
Solicitamos conforme a lo dispuesto en el artículo 19.4 de la LOPA, en concordancia con lo dispuesto en los articulo 136 y 137 de la CRBV, la nulidad absoluta de la providencia administrativa dictada en fecha 22 de julio de 2008 por la Inspectoria del Trabajo, por haber incurrido esta en usurpación de funciones, toda vez que al establecer el articulo 29.4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que son los Tribunales Laborales lo que pueden conocer de las estipulaciones del contrato de trabajo… al pretender la Inspectoria del Trabajo estimar que el contrato de trabajo suscrito no cumple con lo requisitos supuestamente establecidos en la LOT, por lo que el órgano administrativo estaría usurpando las funciones que legalmente se encuentran atribuidas al Poder Judicial, a tenor de lo previsto en las normas antes citadas(….) que el inspector del Trabajo al dictar la Providencia Administrativa incurrió en una flagrante y grosera violación al derecho tutela efectiva y el derecho a la defensa de mi representada, toda vez que dicho órgano administrativo al declarar CON LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado no considero la transgresión del procedimiento legalmente establecido y la prevalencia de un acuerdo privado entre las partes…que la providencia administrativa contiene una orden ilegalmente proferida dirigida a COCA COLA FENSA, S.A., a los fines que reenganche y pague los salarios caídos del ciudadano JOSE ANGEL SALAZAR TORREALBA(...)”

Pues bien; las presuntas violaciones de los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante, con respecto a la acción de Amparo Cautelar, y subsidiariamente medida cautelar innominada de Suspensión de Efectos, tiene identidad plena con la del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, que funge como acción principal lo que implicaría analizar cuestiones referidas al fondo del asunto, pues no hay manera de acordar el amparo cautelar y las medidas solicitadas con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, y revisar de esta forma, si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, en el acto administrativo impugnado, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo, siendo ello así, y por cuanto de los autos no se desprenden elementos demostrativos esenciales que debe reunir toda medida cautelar, ni se desprende de la solicitud el fumus boni iuris, además que constituiría conforme un evidente adelanto de opinión otorgar la medida en los términos planteados ya que lo solicitado por los accionantes en la solicitud de amparo cautelar y las medidas solicitadas, tratan lo mismo que pretende el recurso en sí, esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se niega el Amparo Cautelar, interpuesto con Medida de Suspensión de Efectos Y así se decide.
DISPOSITIVA:
Por las razones antes esbozadas; este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la circunscripción Judicial del estado Guárico, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia y por autoridad de la Ley: Niega la Medida de Amparo Constitucional Cautelar y de Suspensión de Efectos solicitada por la abogada ANA MARIA CARREÑO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 120.331, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.”.

LA JUEZ,

ZURIMA BOLIVAR CASTRO
EL SECRETARIO


FILIBERTO CONTRERAS