REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO


En el procedimiento de Querella interdictal Restitutoria, incoada por el ciudadano LISANDRO ERNESTO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº-1.345.870, asistido en este acto por la abogada YNGRID JOSEFINA AQUINO INFANTE, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.31.312, con domicilio procesal en Calabozo del Estado Guárico, En contra de los ciudadanos CLEMENTE CAMACHO Y RICHARD CAMACHO, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 1.993.037 y desconocido el segundo..


SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

alega el querellante ciudadano LISANDRO ERNESTO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, productor Agropecuario, titular de la cedula de identidad numero 1.345.870, asistido en este acto por la abogada YNGRID JOSEFINA MAQUINO INFANTE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, inscrita en el impreabogado bajo el numero 31.312, que es agro productor autentico, calificado por el Ministerio de Agricultura y Tierra a través de la Dirección General de Circuitos Agro productivos y Agroalimentarios (UEMAT-GUARICO), asi como por el instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario y demás despachos oficiales ligados al quehacer del campo y lleva desarrollando esta actividad agro productiva desde la niñez, dedicando su vida al medio rural en los Estados Yaracuy y Guarico, específicamente en calabozo en el Sistema de Riego Rió Guarico, en la parcela distinguida con el numero 109 o “Fundo la Enea” donde ha vivido con el su familia por mas de cuarenta (40) años, poseyendo estos terrenos de forma pacifica, ininterrumpida, publica y pacifica comportándose como poseedor de los mismos y su dueño del conjunto de bienhechurias que edificó durante todos estos largos años, convirtiéndose en propietario de la unidad de explotación y producción Agrícola, a través de una dación en pago, que de esa parcela Nº 109 del Sistema de Riego Río Guárico, en el año 1964, el Instituto Agrario Nacional (I.A.N.),según consta en documento de propiedad consignado marcado con la letra “C”, Alega el querellante que posee documentos contentivos de constancia de ocupación expedida por la coordinación Regional del Ministerio de Agricultura y Tierras del Instituto Nacional de Tierras, a favor de su apoderado donde consta que es ocupante de un lote de terreno constante de una superficie de once (11) hectáreas, señalándose sus linderos y ubicación y que el mismo forma parte de una mayor extensión de terreno y Registro Agrario Nº061208010002309, de fecha 16-09-2003, cuyas consignaciones las realiza a los fines legales correspondientes. Alega el querellante que durante el tiempo que ejerce la posesión de esos terrenos desde hace mas de (40) años, el querellante realiza siembra de arroz, cría, levanta y ordeña ganado bovino, ganado caballar, caprino y porcino, aves de corral, mantiene las cercas perimetrales e internas en buen estado permanentemente y todo a la vista del publico en forma pacifica no ininterrumpida y con estricto animo de dueño, hasta que en el mes de Junio del año 2002, el potrero anexo a la parcela Nº 109 del sistema de riego Rió Guarico el cual es ocupado por el querellante denominado el “POTRERITO” fue objeto de destrucción de sus cercas SUR y OESTE lo cual queda desprovistos de 2 cercas lo cual trae como consecuencia que sea utilizada a medias y elevando el costo del pastoreo y exigiendo mayor numero de manos de otros corrales durante la noche esto es en consecuencia a la conducta de los ciudadanos CLEMENTE CAMACHO Y RICHARD CAMACHO, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 1.993.037 y desconocido el segundo.
II
NARRATIVA

Se inicia la presente querella por escrito libelado de demanda, presentado ante este Tribunal en fecha 24-05-2005, por la ciudadana, YNGRID JOSEFINA AQUINO INFANTE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, inscrita en el inpreabogado numero 31.312, procediendo de este domicilio, con carácter de apoderada judicial del ciudadano LISANDRO ERNESTO COLMENARES, venezolano, mayor de edad de este domicilio, productor agropecuario, titular de la cedula de identidad numero 1.345.870, por Querella Interdictal de Amparo.

Por auto de fecha 24 de mayo de 2005, el Tribunal admitió la querella y se ordeno la citación del querellado y la notificación del Procurador Primero Agrario del Estado Guarico. En la misma fecha se decreto el amparo a la posesión del querellante, la cual fue ejecutada en fecha 13 de julio de 2005, por el juzgado Especial Ejecutor de Medidas de los Municipios Francisco de Miranda Camaguán y San Jerónimo de Guayabal de la circunscripción judicial del estado Guarico.

Por diligencia de fecha 27 de junio del 2005, se recibió consignación del Alguacil de boleta de notificación en un folio útil firmada por el Procurador Primero Agrario del Estado Guarico.

Mediante diligencia de fecha 10 de octubre de 2005, comparece la apoderada judicial de la parte demandante Ingrid Aquino, solicitando se que libre la citación personal del codemandado Clemente Camacho ya que el codemandado Richard Camacho ya se encuentra a derecho en la presente causa, ya que en fecha 15 de Julio de 2005, cuando el Tribunal Ejecutor Especial de Medidas de los municipios traslado y constituyo en la parcela de riego Rió Guarico y dejo expresa constancia de que en dicho acto estaba el ciudadano Richard Fidel Camacho.

Mediante auto de fecha 18 de octubre de 2005, se acordó la citación del Querellado Clemente Camacho a fin de que exponga los alegatos que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.

Por diligencia de fecha 15 de noviembre de 2005, compareció el Alguacil Juan Bautista Pérez y consigno en un folio útil la boleta de citación a nombre del ciudadano CLEMENTE CAMACHO, por cuanto se traslado en varias oportunidades y no se pudo entrevistar con nadie porque la ofician permanecía cerrada.


En fecha 25 de enero de 2006, este tribunal acordó la citación de los querellados en la morada y en fecha 23 de febrero de 2006, la secretaria de esta Tribunal dejo Constancia que fijo cartel de citación en la morada del ciudadano Clemente Camacho.

En fecha 05 de Mayo de 2006, comparece la apoderada Judicial de la parte querellante, por cuanto se venció el lapso para que la parte querellante compareciera a darse por citados y no lo hicieron, solicito al Tribunal que se le designe defensor al Litem, la cual fue acordado por el tribunal en fecha 24 de mayo de 2006, y se nombro defensor ad-Litem a la abogada NURYS SAAVEDRA.

Mediante diligencia de fecha 30 de mayo de 2006, comparecieron los ciudadanos CLEMENTE CAMACHO Y RICHARD FIDEL CAMACHO BLACO, confiriendo poder apud acta, amplio y bastante en cuanto a derecho a las abogadas NURY SAAVEDRA Y CELIA SERRADA, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del código de procedimiento civil.

Mediante escrito de fecha 05 de junio de 2006, compareció la abogada NURY SAAVEDRA, apoderada judicial de la parte querellada y solicitó se decretara la perención que ha operado en el siguiente proceso.

La parte querellada, debidamente asistida por la abogada NURY SAAVEDRA, dentro de la oportunidad legal para contestar la misma, presento escrito de contestación de la demanda constante de (8) folios útiles y (1) anexo.

Por auto de fecha 08 de junio de 2006, la secretaría del tribunal dejo constancia que en fecha 05 de junio de 2006, venció el lapso para ala contestación de la demanda.

En escrito de fecha 09 de junio de 2006, presentado por la apoderada judicial de la parte querellada promovió escrito de pruebas el cual fue admitido por el tribunal en auto de fecha 12 de junio de 2006.

En escrito de fecha 15 de junio de 2006, la apoderada judicial de la parte querellante promovió escrito de pruebas el cual fue admitido por el tribunal en fecha 16 de junio de 2006.
En fecha 19 de junio de 2006, la secretaría del tribunal dejo constancia de que fueron enviados oficios signados con los números 899, al Juzgado primero de los municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Jerónimo de Guayabal de la circunscripción Judicial del Estado Guarico, Nº 900 Al Instituto Nacional de Tierras y Nº 901 al Banco Mercantil.

Mediante diligencia de fecha 20 de junio de 2006, compareció la apoderada Judicial de la parte demandante y solicito al Tribunal fijar oportunidad para la práctica de la inspección judicial promovida en el presente proceso y admitida por auto de fecha 16 de junio de 2006.

En fecha 08 de junio de 2007, comparece el Alguacil y consigno boleta de notificación firmada por la abogada YNGRID JOSEFINA AQUINO INFANTE, en fecha 07 de junio de 2007.

En fecha 10 de julio del 2007, siendo la oportunidad señalada por el tribunal las partes presentaron informes.

Por auto de fecha 11 de 2007, el tribunal difiere la sentencia para el trigésimo día consecutivo para dictar sentencia.



III
El Tribunal observa:

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

Dispone al artículo 193 hoy artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).

Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.

En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:

Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:

…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.

Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece. (Destacado por este juzgado agrario)

En el presente asunto, este tribunal agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve en materia agraria, la de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 193 hoy articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el interprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este Juzgado Superior Agrario en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.

Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:

(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).

En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este tribunal agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa, desde el 21 de febrero de 2008, fecha de la ultima actuación por la abogada YNGRID JOSEFINA AQUINO INFANTE, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 31.312, en la cual consigna diligencia en la que expone: “estando en la oportunidad legal para hacerlo APELO en este acto formalmente de la sentencia de fecha 28/11/07…”. Ya, que no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte de la demandante para instar la causa hasta la presente; y por cuanto ha transcurrido más tres (3) años y ocho (8) meses aproximadamente sin que se hubiere realizado acto alguno de impulso del procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la pérdida de interés; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar la perención y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena la remisión de la presente causa al Tribunal de origen. Así se declara.

IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA de la presente acción de Querella interdictal Restitutoria, incoada por el ciudadano LISANDRO ERNESTO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº-1.345.870, asistido en este acto por la abogada YNGRID JOSEFINA AQUINO INFANTE, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.31.312, con domicilio procesal en Calabozo del Estado Guárico, En contra de los ciudadanos CLEMENTE CAMACHO Y RICHARD CAMACHO, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 1.993.037 y desconocido el segundo..
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SEGUNDO: Se ordena remitir mediante oficio el presente expediente al Tribunal de origen.

TERCERO: No hay condenatorias en costa debido a la naturaleza de la presente sentencia.

Publíquese y regístrese

Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en San Juan de los Morros, a los 24 días del mes Octubre de 2011. Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

EL JUEZ,
ABG. ARQUÍMEDES CARDONA.

LA SECRETARIA ACC,
KIMBERLY HERNANDEZ.


En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 A.M.).
LA SECRETARIA ACC,
KIMBERLY HERNANDEZ.


EXP.: JSAG-A-095.
AJCA/KH/bg.