REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
En el procedimiento por RECURSO DE NULIDAD, incoado por el ciudadano JUAN GOUVERNEUR BLANCO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.616, actuando en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano BLAS ANIBAL PEREZ MARRERO, en contra el acto administrativo del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, Punto de cuenta Nº 011, de fecha 17 de noviembre de 2009, Recibido por este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico en fecha 06 de agosto de 2010, dándole entrada y asignándole el Nº JSAG-221
I
NARRATIVA
En fecha 28 de Enero de 2010, el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recibió escrito de RECURSO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR Y SUBSIDIARIA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO , incoado por el ciudadano JUAN GOUVERNEUR BLANCO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº , 37.616 actuando en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano BLAS ANIBAL PEREZ MARRERO, en contra el acto administrativo del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, Punto de cuenta Nº 011, Sesión N° 282-09 de fecha 17 noviembre de 2009. En esta misma fecha se libro oficio N° JSPA-053-2.010 al Presidente del Instituto Nacional de Tierras notificando a las partes interesadas en este procedimiento administrativo.
En fecha 09 de Febrero de 2010, el ciudadano BLAS ANIBAL PEREZ MARRERO consigna poder Apud-Acta a los Abogados en ejercicio, JUAN BAUTISTA GOUVERNEUR BLANCO, SORAIDA GOUVERNEUR BANCO Y LUIS ENRIQUE RUIZ REYEZ, inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 37.616, 23.892, 32.937 al tribunal Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana.
En fecha 22 de julio del año 2010, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en acatamiento de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia remite el presente expediente, al territorio del Estado Guárico. En esta misma fecha se libro oficio N° JSPA 592-2.010 al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
En fecha 11 de Octubre del año 2010, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ADMITE el presente Recurso de Nulidad. En esta misma fecha se ordeno librar boletas de notificación a las parte así como a la Procuraduría General de la República.
En fecha 22 de Julio de 2010, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en acatamiento a la resolución N° 2008-0029, de fecha 06 de agosto 2008, ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior del Estado Guárico, en esta misma fecha se libraron los oficios.
En fecha 10 de Noviembre de 2010, comparece ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el ciudadano BLAS ANIBAL PEREZ MARRERO, consignando poder Apud Acta, como asociado, al abogado en ejercicio Dr. OCTAVIO JOSE BERMUDEZ DIAZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.199.
En fecha 29 de noviembre del año 2010, el abogado JUAN GOUVERNEUR BLANCO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.616, consigno al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, cartel de notificación a terceros interesados publicado en el Diario “La Antena”
En fecha 10 de Febrero del año 2011, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, recibió originales de resultas del exhorto conferidos por este Juzgado.
En fecha 15 de Julio de 2011, el Juez provisorio de este Juzgado Superior Agrario del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ARQUIMEDES JOSE CARDONA A. Se Aboco al conocimiento de la causa. en esta misma fecha se ordena anular el libro de causa.
III
MOTIVA
El Tribunal observa:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone al artículo 193 hoy artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:
Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión N° 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece. (Destacado por este juzgado agrario)
En el presente asunto, este tribunal agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve en materia agraria, la de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 193 hoy articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede ser el interprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala N° 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este tribunal agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa, en fecha 29 de Noviembre del 2010, se recibe diligencia de la parte actora abogado Juan Gouverneur Blanco, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 37.616, consignando ejemplar del diario “La Antena” contentivo de la notificación a terceros, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por la parte demandante para instar la causa hasta la presente; y por cuanto ha transcurrido más de un (1) año y cuatro meses aproximadamente sin que se hubiere realizado acto alguno de impulso del procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la perención de la instancia; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar la perención de la instancia y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el remitir el presente expediente a su Tribunal de origen. Así se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la:
PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA de la acción de RECURSO DE NULIDAD, incoado por el abogado JUAN GOUVERNEUR BLANCO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.616, actuando en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano BLAS ANIBAL PEREZ MARRERO, en contra el acto administrativo del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, Punto de cuenta Nº 011, de fecha 17 de noviembre de 2009.
SEGUNDO: Se ordena el archivo de la presente causa.
TERCERO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en San Juan de los Morros, a los 10 días del mes de Abril de (2012) de dos mil doce. Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez,
ARQUIMEDES JOSE CARDONA A.
La Secretaria,
KIMBERLY HERNANDEZ
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.)
La Secretaria,
KIMBERLY HERNANDEZ
EXP: JSAG-AC-221
AJCA/KH/sm
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