REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO CUARTO PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 2 de Julio de 2012 202º y 153º ASUNTO: AH14-X-2012-000024 Tal y como ha sido ordenado en el auto de admisión dictado por este juzgado en fecha 21 de Julio de 2012, que corre inserto al cuaderno principal del expediente signado con el Nº AP11-M-2012-000311, en el juicio que por EJECUCION DE HIPOTECA incoara la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra La Sociedad Mercantil CORPORACION AS SEEN ON TV, C.A., y los Ciudadanos SILVIA MARGARITA GORRONDONA DE IRAÑETA y DIEGO EDGARDO IRATEÑA, se abre el presente cuaderno de medidas a los fines de proveer el pedimento de la medida de prohibición de enajenar y gravar requerida por la parte actora en su escrito libelar, al respecto este Tribunal realiza las siguientes consideraciones: La tutela cautelar es una manifestación de la “tutela preventiva” por medio del cual los órganos del Poder Públic y los entes jurisdiccionales, previenen o precaven una situación lesiva o potencialmente dañosa al estado de derecho de los justiciables, a los fines de garantizar la eficacia de la sentencia y la efectividad del proceso. Cuando el Tribunal se enfrenta a su tarea de impartir el derecho a través de la jurisdicción, entre otras cosas, está ofreciendo una garantía genérica ante la sociedad, que se nutre de la idea de certeza que debe existir en el colectivo acerca de la eficacia de la actividad jurisdiccional, esta sensación de confianza, de fortaleza y de rectitud suele llamarse seguridad jurídica, la cual debe proporcionar en todo momento el Estado. Debemos señalar, sin embargo, que el objeto de las medidas cautelares, es garantizar a los justiciables la justicia en materia preventiva del caso concreto, a los fines de garantizar la ejecución de la sentencia dictada en un determinado proceso judicial. Por tanto, las mismas están revertidas de unas características para su existencia, esto es, la autonomía e independencia, instrumentalización, proporcionalidad, provisionalidad, homogeneidad y flexibilidad. En este mismo orden de ideas, se hace la observancia de los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. La disposición del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala: “…Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” En base a la citada norma, la propia jurisprudencia venezolana ha venido señalando que el análisis del Juez para calibrar estos requisitos de procedencia de las medidas cautelares no entraña un juicio definitivo ni de certeza o demostración plena, pues, al contrario, se limita a una apreciación de verosimilitud de tales extremos, así lo ha venido señalando nuestro máximo Tribunal de la Justicia, según sentencia N° 16.150, de fecha 21-03-00 la cual se transcribe a continuación: “Es criterio de este Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como el derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni i uris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama” Es importante destacar, la obligación del juez de valorar los requisitos de procedibilidad que debe existir por imperativo de ley, para así poder decretar la medida cautelar que corresponda al caso concreto. En virtud a todo lo antes expresado, y por cuanto se encuentran llenos los requisitos exigidos de Ley, y siendo que de una revisión de las actas que conforman el presente expediente se desprende que existe riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo; con esta presunción y por cuanto se acompañan el documento fundamental de sustanciación de la presente demanda que prueban la existencia del derecho aludido quedan de manifiesto los extremos de ley y el periculum in mora, en consecuencia este Juzgado, para garantizar las resultas del juicio y de conformidad con lo establecido en el Artículo 588 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil DECRETA: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente bien inmueble: “Una parcela de terreno y la casa-quinta sobre ella construida denominada anteriormente KARAMATA y actualmente PATAGONIA, de aproximadamente Cuatrocientos y Cinco Metros Cuadrados (455 mts2), identificada con el Código de Catastro No. 15 07 01 U01 004 011 010 001 000 000, todo ello ubicado en la esquina formada por la Avenida El Saman y la Cale El Rincón de la Urbanización Country Club, situada en Jurisdicción del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda. La referida parcela tiene superficie de Dos Mil Setenta y cuadro metros cuadrados (2.074 mts2), y se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: con el lote 30-B de la Urbanización, la cual pertenece o perteneció a la señora Celsa Elka Freeman de Dougherty; SUR: con la calle El Saman; ESTE: Calle El Rincón; OESTE: con el lote No. 30-D que es o fue propiedad del Doctor Oscar García Velutini.-” Dicho inmueble le pertenece a los demandados los ciudadanos SILVIA MARGARITA GORRONDONA de IRAÑETA y DIEGO EDGARDO IRAÑETA, titulares de las cedulas de identidad No. V.-5.299.447 y V.-11.227.907, según consta de documento protocolizado ante el Registro Publico del Municipio Chacao del Estado Miranda.- Particípese lo conducente mediante Oficio al Registrador correspondiente.- El Juez Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Accidental Abg. Jan Lenny Cabrera Prince Hora de Emisión: 11:53 AM Asistente que realizo la actuación: mv