EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
202º y 153º
Expediente: Nº 001-2010
Parte Demandante: ERASMO ANTONIO BOLIVAR Y MIGUEL OMAR RON MORENO, Abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.397.754 y V-8.633.385, inscritos en los inpreabogados bajo los Nros. 25.471 y 55.368. Respectivamente.
Parte Demandada: JOSÉ ANICETO LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.395.016,
Representación Legal de la parte Demandada: ANDRES RAMON PANTOJA, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 11.200.
Motivo: INTIMACIÓN
Sentencia: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.
Previa revisión de la presente causa se constató que en fecha 13 de junio del año 1995, los Abogados ERASMO ANTONIO BOLIVAR y MIGUEL OMAR RON MORENO, Abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.397.754 y V-8.633.385, respectivamente, inscritos en los inpreabogados bajo los Nros. 25.471 y 55.368. Respectivamente, actuando en nombre y representación del ciudadano JOSÉ GILBERTO ACOSTA supra ya identificado, presentó demanda de INTIMACIÓN, contra el ciudadano JOSÉ ANICETO LOPEZ, todos debidamente identificados, constante de dos (02) folios útiles y un (01) recaudos anexos.
Por auto de fecha 13-06-1995, el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Trabajo y del Tránsito del Distrito Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, admitió la demanda y libró boleta de notificación a la parte demandada. (Folios 04 al 06).
Cursante al folio nueve (09), el ciudadano JOSÉ ANICETO LOPEZ HERNANDEZ, asistido por el Abg. ANDRES RAMON PANTOJA, solicitó al Tribunal la homologación de la presente causa.
Cursante a los (folios 22 al 24) cursa diligencia hecha por el alguacil del Tribunal, donde consignó boleta de notificación debidamente firmada por el ciudadano JOSÉ ANICETO LOPEZ HERNANDEZ.
Por auto de fecha 10-07-1995, cursante a los (folios 35 al 36) consta inhibición por parte WLADIMIR ORELLANA, Apoderado de la parte demandante ciudadano JOSÉ GILBERTO ACOSTA.
Por auto de fecha 18-10-1995, cursante al (folio 48) compareció el Abg. EDGARDO CEVALLOS SANZ, en su condición de segundo conjuez del mismo Tribunal, quien aceptó el cargo y prestado el juramento de ley, constituyó el Tribunal Accidental. Asimismo se avocó al conocimiento de la causa.
Cursante a los (folios 49 al 53), el Tribunal de conformidad con el artículo 84, en concordancia con el numeral 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, declaró con lugar la inhibición planteada por el Juez Titular del mismo Tribunal Abg. Hernán Cortez Villavicencio.
Cursante a los (folios 55 al 66) fue presentado escrito por el Abg. ANDRES RAMON PANTOJA, actuando con el carácter de representante legal de empresa Agropecuaria Palmarito S.A, solicitó al Tribunal decretara Medida de Embargo Preventivo sobre los bienes propiedad de la parte demandada.
Por auto de fecha 15-10-1999, cursante al (folio 92) el Tribunal acordó notificar al Abg. JOSÉ ELIAS CHANGIR MUGUERZA, en su carácter de segundo (2do) con-juez, del Tribunal para que una vez notificado aceptar o se excusara de conocer en la presente causa.
Mediante diligencia de fecha 24-11-1999, cursante al (folio 101), la abogada Felicia León Abreu, en su carácter de tercer conjuez del Tribunal expuso: que notificada como fue en la presente causa, aceptó el cargo y juró cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo.
Por auto de fecha 07-12-1999, cursante al (folio102), la Juez Abg. Felicia León Abreu, se avocó en la presente causa.
En fecha 13-08-2002, cursante al (folio 109), el Tribunal remitió expediente constante de (109 folios) útiles, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, mercantil, Agrario, del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Por auto de fecha 03-02-2003, cursante al (folio 112), el Juez Abg. Miguel Antonio Ledon Domínguez, se avocó al conocimiento de la presente causa, en virtud de la designación en fecha 02-12-2002, por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Se abrió Cuaderno de Medida en la presente causa, por auto de fecha 13-06-1995, el Tribunal Decretó Medida Preventiva de Embargo, sobre bienes propiedad del demandado José Aniceto López. Asimismo comisionó al Juzgado del Municipio Cazorla la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. (Folios 01 al 03 del cuaderno de medidas).
Cursante a los (folios 06 al 08), consta Medida Preventiva de Embargo debidamente cumplida por el Juzgado del Municipio Cazorla del Estado Guárico.
Cursante a los folios (212 y 213 del cuaderno de medida), el Abog. Andrés Ramón Pantoja, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 11.200, en su carácter de representante legal de la Empresa Palmarito S.A., solicitó AL Tribunal confirmara el Embargo decretado por el Tribunal por cuanto el tercer oponente Alejandro Naranjo Delgado, no es propietario de las quinientas veinte rolas de madera embargadas.
Cursante a los (folios 224 al 232), en fecha 27-06-1995, el Abg. Erasmo Antonio Bolívar, en su condición de parte actora en la presente causa, presentó escrito mediante la cual solicitó que al tercer opositor ciudadano Alejandro Naranjo, plenamente identificado en autos, sea condenado en costa en la presente incidencia, la cual estimó en cuatro millones de bolívares ( Bs. 4.000.000,00).
Cursante al (folio 241 del cuaderno de medidas), en fecha 04-07-1995, fue presentado escrito por el ciudadano Francisco Briceño Salas, mediante la cual formuló oposición y pidió declara con lugar la oposición con los pronunciamientos de ley.
Cursante a los (folios 02 al 06 de la segunda pieza del cuaderno de medida), en fecha 04-07-95, fue presentado escrito por el ciudadano Hortensio Álvarez, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio Julio Cesar Tipa Martínez, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 26.330, pidió al Tribunal la articulación probatoria en la presente causa.
Cursante al (folio 07 de la segunda pieza del cuaderno de medida), consta traspaso que cedió el ciudadano Hortensio Álvarez, quien es español, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, los productos forestales primarios y secundarios adquiridos al ciudadano Alejandro Naranjo delgado, plenamente identificado en autos, ubicados en el fundo las Tres Lagunas.
Cursante a los (folios 08 al 09 de la segunda pieza del cuaderno de medidas), cursa venta pura, simple, perfecta e irrevocable, que le dió Alejandro Naranjo Delgado, al ciudadano Francisco Briceño Salas.
Cursante a los (folios 12 al 13, de la segunda pieza del cuaderno de medidas), los Abogados Carmen Alicia Sutil de Solórzano, y Wilfredo Martínez Domínguez, ambos inscritos en los inpreabogados bajo los Nros. 18.579 y 24.867 respectivamente.
Cursante al (folio 52, de la segunda pieza del cuaderno de medidas), el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el desistimiento efectuado por la parte demandante.
Cursante al (folio 53, de la segunda pieza del cuaderno de medidas), el ciudadano José Aniceto López Hernández, asistido por el Abg. Andrés Ramón Pantoja, Apeló de la decisión dictada por el Tribunal Accidental en fecha 03-11-1995, donde el ciudadano Juez Accidental se abstuvo de homologar el desistimiento de la demanda.
Cursante al folio 54, de la segunda pieza del cuaderno de medidas, el ciudadano José Aniceto López Hernández, asistido por el Abg. Andrés Ramón Pantoja, Confirió Poder Especial Andrés Ramón Pantoja.
Cursante a los (folios 61 al 63, de la segunda pieza del cuaderno de medidas), el Abg. Andrés Ramón Pantoja, actuando como representante legal del José Aniceto López Hernández, mediante la cual solicitó al Juzgado Superior, Revocar la decisión que riela al (folio 46 de la segunda pieza del cuaderno de medidas), asimismo solicitó la homologación del desistimiento de la demanda que hizo José Gilberto Acosta, y ordene la suspensión de la medida de embargo preventivo, que pesa sobre las 520 rolas de Samàn y coco e mono.
Cursante al (folio 70, de la segunda pieza del cuaderno de medidas), consta poder que le confirió el ciudadano Hortensio Álvarez, a los abogados Julio Cesar Tipa Martínez, y José Antonio Silva Agudelo, plenamente identificados en autos.
Mediante diligencia de fecha 22-01-1996, el ciudadano Alejandro Naranjo, asistido por el Abg. Wilfredo Martínez, solicitó al tribunal se devolvieran todos los recaudos que le sirvieron como fundamento de la oposición.
Por auto de fecha 31-01-1995, (cursante a los folios 90 al 92 e la segunda pieza del cuaderno de medidas), el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, confirmó la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Agrario, del Trabajo, del Tránsito del Distrito Miranda del Estado Guárico, asimismo se confirmó la decisión apelada, igualmente condenó en actas al apelante de conformidad con lo establecido de Procedimiento Civil.
Cursante a los (folios 98 al 109 de la segunda pieza del cuaderno de medidas) cursa sentencia dictada por el Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Trabajo y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el cual declaro Primero: sin lugar las oposiciones a la medida de Embargo practicada sobre las quinientas veinte (520) rolas de madera conocidas como Samàn y Coco e Mono, interpuesta por los terceros opositores ciudadanos Francisco Briceño Salas y Hortensio Álvarez, por ser la misma improcedente. Segundo: se confirmó el Embargo practicado por el Juzgado del Municipio Cazorla de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el día 14-06-1995, comisionado para tal efecto sobre las quinientas veinte (520) rolas de madera conocidas como Samàn y Coco e Mono, en el sitio conocido como las Tres Lagunas, Tercero: se condenó a costas a los opositores señalados en el numeral primero, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencidos en la presente incidencia.
Por cuanto hasta la fecha no ha habido más actuaciones que narrar y en fecha 11 de junio de 2012, se aboco al conocimiento de la causa la abogada XIOMARA MENDEZ RAMIREZ, en virtud del traslado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 23 de Mayo de 2012.
Siendo la oportunidad legal para decidir:
MOTIVA
El Tribunal observa:
El derecho de acceso a los Órganos de Administración de Justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción de la ley ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece
En el presente asunto, este Tribunal Agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve de seis (06) meses en materia agraria, tal como lo contempla el articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el interprete, es decir, se deben acatar por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este Tribunal en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).”
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa que cursa diligencia de fecha 21/09/2000, cursante al (folio 110, de la segunda pieza del cuaderno de medidas) mediante la cual la representación legal de la parte demandada, solicitó se le entregara plano, por cuanto se encontraba deteriorado paulatinamente, y en su lugar se dejara copia certificada, destacando que desde entonces que no se ha realizado actividad procesal alguna, evidenciándose en consecuencia, que la causa se ha mantenido paralizada desde hace mas de once (11) años y ocho (08) meses aproximadamente.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la perdida de interés; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar la perdida de interés y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la presente causa. Así se declara.
II
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERDIDA DE INTERES de la acción de INTIMACION, interpuesta por los Abogados ERASMO ANTONIO BOLIVAR y MIGUEL OMAR RON MORENO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.471 y 55.368 todos debidamente identificados.
SEGUNDO: Este Juzgado ordena el cese del procedimiento y el archivo del expediente.
TERCERO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en Calabozo, a los 13 días del mes de Julio del año Dos Mil Doce 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza,
Xiomara Méndez Ramírez La Secretaria,
Maribel Caro Rojas
En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal y se publicó el día de hoy 13 de Julio de 2.012, siendo las once y diez minutos de la mañana (11:10 a.m.). Conste.
La Secretaria
Exp.001-10
XMR/MCR/jmga.
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